De un único audio a un universo de pruebas. Ese es el camino que viene recorriendo la causa ANDIS. Ahora empezó a levantar vuelo a partir de fragmentos dispersos: audios, chats, anotaciones manuscritas. Piezas sueltas que al ser reunidas revelan una trama mucho más profunda dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad. Lo que en un principio parecía una serie de irregularidades aisladas terminó configurando, según la fiscalía, un sistema coordinado donde decisiones públicas y beneficios privados avanzaban en paralelo.
Las primeras señales contundentes llegaron a través de grabaciones. Del primer 3% para Karina a las nuevas revelaciones. En uno de los audios incorporados esta semana a la causa, atribuido a Pablo Atchabahian, se escucha una indicación que para los investigadores no deja lugar a dudas: mantener cohesión entre los involucrados. El mensaje, dirigido al operador Miguel Ángel Calvete, es interpretado como una advertencia en un momento en que la estructura comenzaba a quedar expuesta. No se trata solo de lo que se dice, sino del contexto en que se dice: una red que, ante el riesgo, busca cerrarse sobre sí misma.
“Estamos todos alineados… hay que cerrar filas” se lo escucha decir a quien aparece como uno de los empresarios del entramado de proveedores que operaban con la ANDIS. La fiscalía lo ubica dentro del circuito privado que interactuaba con funcionarios y otros actores del sistema que funcionaba de manera coordinada.
La organización del robo
Otro audio profundiza la sospecha. Allí, un empresario describe sin rodeos la disponibilidad de dinero en efectivo y la posibilidad de transformarlo en dólares mediante circuitos informales. Ese intercambio es clave porque muestra el otro lado del sistema: el financiero. Lo que no aparece en expedientes ni en órdenes de compra, pero que, según la hipótesis judicial, sostenía toda la operatoria. Esos mensajes no hablan de supuestos; hablan de logística, de tiempos, de cómo y cuándo mover el dinero. “Lo tengo preparado todo en pesos, si lo vas a querer en verde voy a tener que ir a una cueva”, dice textual Claudio Alejandro Kahn, gerente de la Ortopedia Alemana.
Sin embargo, el elemento más revelador no fue digital. Fue analógico. En el domicilio de Calvete, los investigadores encontraron cuadernos que funcionaban como registros internos de la operatoria. No eran documentos formales, pero sí precisos: nombres de empresas, montos detallados, cálculos de diferencias. En esas páginas aparece un patrón repetido. Hay valores inflados y costos reales más bajos. La diferencia se distribuía. Ese margen —según la reconstrucción judicial— sería el corazón del esquema. En varias anotaciones, además, se identifican porcentajes que indicarían cómo se repartían esas ganancias.
“Menos el 20%» es una de las anotaciones más repetidas y significativas. Para los investigadores, ese 20% representaría el porcentaje que se retenía como coima dentro del esquema de distribución de la recaudación ilegal.
Falsos competidores para inflar el precio
Esos cuadernos también aportaron conexiones. Empresas que, en apariencia competían entre sí, aparecen vinculadas en las anotaciones. Firmas que participaban en las mismas licitaciones, pero que compartían intereses. Para los investigadores, eso refuerza la idea de una cartelización encubierta, donde la competencia era apenas una simulación. Todo estaba diseñado para que el resultado final no fuera una incógnita, sino una certeza previamente acordada.
En ese entramado, los nombres propios adquieren un peso central. El ex titular del organismo, Diego Spagnuolo, figura como uno de los ejes desde el sector público, con capacidad para habilitar y sostener el funcionamiento interno del sistema. Junto a él, Daniel Garbellini aparece mencionado como parte de ese circuito de decisiones. Del lado privado, la investigación ubica a Calvete y Atchabahian como actores clave en la articulación con empresas proveedoras. Para los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, la dinámica no deja dudas. Había roles definidos, responsabilidades distribuidas y un objetivo común.
Los chats y registros del sistema completan el cuadro. Allí se observa cómo circulaba información sensible. Aparecen fechas de licitaciones, detalles de pagos, movimientos dentro del sistema oficial. Datos que, en teoría, debían ser reservados, pero que terminaban en manos de quienes participaban del negocio. Esa filtración permitía anticipar cada paso y garantizar que nada quedara librado al azar. Así, el procedimiento administrativo se convertía en una formalidad que legitimaba decisiones ya tomadas.
El mecanismo se iniciaba con la necesidad de un paciente en discapacidad —una prótesis, un implante, un dispositivo médico— y continuaba con un proceso que, en apariencia, respetaba las normas. Pero en la práctica, según la fiscalía, cada instancia estaba arreglada. Las empresas que cotizaban no competían realmente, los precios ya estaban inflados y la adjudicación respondía a acuerdos previos. El sistema, lejos de controlar, terminaba validando.
Cabe destacar que los insumos involucrados eran dispositivos esenciales para personas con discapacidad, muchas de ellas en situación de extrema vulnerabilidad. Cada sobreprecio, cada desvío, implicaba no solo un perjuicio económico al Estado, sino también una afectación directa a quienes dependían de esas prestaciones para su vida cotidiana.
Con más de 19 personas ya procesadas y decenas bajo investigación, la causa avanza ahora en una etapa clave. La fiscalía pidió nuevas indagatorias y medidas patrimoniales para evitar el movimiento de fondos. Un sistema que operaba dentro de otro sistema. Y que, ahora, empieza a quedar expuesto en toda su dimensión.
AL/CM
