A 25 años del colapso de la deuda, el Gobierno de Javier Milei vuelve a abrir el frente judicial del default de 2001, pero esta vez con un objetivo concreto: cerrarlo. La Casa Rosada firmó un acuerdo con dos grupos de acreedores que nunca ingresaron a los canjes y ahora busca la aprobación del Congreso para avanzar con el pago y desactivar uno de los litigios más prolongados contra la Argentina.
Según informaron los abogados del país ante la Justicia de Estados Unidos, el entendimiento fue firmado el 1° de abril y comunicado a la jueza Loretta Preska, que concentra los juicios contra la Argentina en ese distrito. La información fue difundida por el consultor Sebastián Maril y confirmada por fuentes oficiales.
El acuerdo aún no fue enviado formalmente al Congreso, pero según consignó Clarín, en el Gobierno estiman que eso ocurrirá en los próximos días. Allí se conocerán los detalles del monto y la modalidad de pago, aunque en el mercado ya anticipan que será inferior a la deuda original.
Un litigio que sobrevivió a todos los canjes
Los acreedores involucrados son dos grupos que se mantuvieron fuera de todas las reestructuraciones posteriores al default. El principal está encabezado por el fondo Attestor, junto a otras firmas como Trinity, White Hawthorne, Bison Bee y Bybrook, con reclamos por unos 500 millones de dólares. El segundo grupo lo lidera Bainbridge, con una demanda cercana a los 95 millones.
Ambos contaban con sentencias firmes a su favor y habían logrado habilitaciones judiciales para avanzar sobre activos argentinos. En ese marco, el año pasado consiguieron embargar 310 millones de dólares que el país tenía depositados en la Reserva Federal de Nueva York como garantía de los antiguos bonos Brady.
De ese total, Attestor cobró 210 millones, mientras que otros 100 millones quedaron bloqueados por una disputa entre los propios acreedores. Ese antecedente es clave para entender por qué el acuerdo actual sería por una cifra menor a los 200 millones de dólares.
Tras ese revés, en marzo de este año las partes avanzaron en un entendimiento extrajudicial que permitió pedir la suspensión de la causa. En la práctica, eso implicó frenar medidas más agresivas, como los intentos de ejecutar acciones de empresas públicas como el Banco Nación, Aerolíneas Argentinas o YPF.
Congreso, DNU y estrategia oficial
El próximo paso será político. El acuerdo necesita ser validado por el Congreso, aunque en el oficialismo no descartan repetir el esquema utilizado en otros casos recientes y avanzar mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que luego sea refrendado por Diputados.
Ese mecanismo ya fue utilizado por la actual administración para convalidar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, evitando el paso por el Senado. La definición sobre el instrumento será central en un contexto de alta fragmentación parlamentaria.
El último remanente del default
El litigio que ahora busca cerrarse forma parte del grupo residual de holdouts que continuó con sus demandas incluso después de los acuerdos masivos de años anteriores. En 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri, la Argentina pagó unos 9.300 millones de dólares a la mayoría de los acreedores que no habían ingresado al canje, lo que permitió salir del default técnico.
Ese proceso se completó luego con la reestructuración de deuda de 2020, bajo la gestión de Alberto Fernández, que incluyó los bonos emitidos en los canjes de 2005 y 2010. Sin embargo, un pequeño grupo de fondos mantuvo sus reclamos en la Justicia estadounidense.
Con más del 95% de aceptación en las reestructuraciones, esos litigios quedaron como el último frente abierto de una crisis que atravesó distintos gobiernos. Ahora, el Ejecutivo intenta cerrarlo de manera definitiva, aunque a costa de un nuevo pago y de reabrir el debate político sobre la deuda en el Congreso.
JD/CM
