El pasado jueves se definió la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), en el marco de una licitación convocada por el Gobierno para la venta del 90% de las acciones de la compañía. La operación, que se cerró en US$ 340 millones, dio como ganador al consorcio encabezado por Rowling. De esa forma, un servicio esencial pasará a manos privadas hasta 2056, lo que plantea metas a largo plazo pero a la vez, varios interrogantes respecto del impacto en los usuarios.
La concesión admite una prórroga de diez años más, y abarca 3363 kilómetros cuadrados en la Ciudad y 26 partidos del conurbano, con unos 15 millones de habitantes y más de 44.000 kilómetros de cañerías. El contrato establece un programa de inversiones de alrededor de US$ 1.940 millones durante los primeros cinco años -Plan de Acción 2027-2031, con inversiones por $ 2,89 billones a valores de diciembre de 2025, sin IVA-, mientras que el desembolso acumulado podría llegar a unos US$ 15.000 millones durante los 30 años de concesión. Las obras previstas incluyen infraestructura de distribución, plantas, bombas y ampliaciones de las redes de agua y saneamiento.
El Gobierno argumenta su privatización en tres puntos. En primer lugar, la explicación oficial sostiene que entre 2006 y 2023 la empresa recibió transferencias del Tesoro por más de US$ 13.400 millones. Con esto, sugieren que la compañía representó durante años una carga para las cuentas públicas. Asimismo, en la presentación realizada por el Gobierno durante el proceso de privatización se dijo que un tercio del área concesionada todavía no cuenta con acceso a agua potable y cloacas, mientras que el nivel de agua no contabilizada alcanza el 42%. En consonancia con estos dos factores, el Estado dice no estar dispuesto a seguir financiando.
En ese marco, el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) convocó a una audiencia pública para tratar la propuesta de actualización de los coeficientes zonales y del régimen tarifario presentada por AySA. La misma se llevará a cabo el próximo 26 de octubre, para la cual la empresa prestadora del servicio de agua potable plantea una simplificación del esquema zonal y una modificación del precio del metro cúbico. En consecuencia, un 60% de los usuarios registrará aumentos -una suba media del 22,6%-, un 20% registrará reducciones en la facturación mensual sin impuestos -disminución del 14,7%-, mientras que el otro 20% no sufrirá cambios en su factura, según estimaciones de AySA a valores tarifarios de septiembre.
Esto último resulta beneficioso para los futuros dueños. Y es que a partir de ahora, lo que es considerado un servicio esencial cambiará la lógica de necesidad por una empresarial.
Quiénes se quedan con AySA
El consorcio encabezado por Rowing, la empresa de ingeniería y construcción de Walter Román, se quedó con el control de AySA tras imponerse en la licitación que cerró en US$ 340 millones, un monto muy inferior a los aproximadamente US$ 500 millones que esperaba recaudar el Ejecutivo.
El grupo ganador está integrado, además, por Transclor, propiedad del empresario Mauricio Filiberti; Arcos Saneamento e Participações, vinculada al grupo brasileño Equipav y operadora de servicios de agua y saneamiento en Río de Janeiro; y PHX Aqua AR B.V., un vehículo de inversión radicado en los Países Bajos y vinculado al fondo neerlandés Phoenix Global Investment Fund.
De acuerdo con la información difundida durante el proceso, la estructura accionaria del consorcio quedó conformada de la siguiente manera: PHX Aqua tendría el 55%, Rowing el 20%, Arcos el 15% y Transclor el 10%. De esta manera, el fondo neerlandés aparece como el principal accionista del nuevo esquema de control de AySA, mientras que los socios argentinos aportan experiencia en infraestructura, servicios y provisión de insumos para el sector.
Uno de los nombres que concentra especial atención dentro del consorcio es el de Mauricio Filiberti. El empresario, dueño de Transclor, es además socio de Daniel Vila y José Luis Manzano en Edenor y mantiene intereses en distintos negocios vinculados al sector energético. Su participación en AySA adquiere una particular relevancia porque Transclor es desde hace años proveedor de policloruro de aluminio de la empresa, un insumo utilizado en el proceso de potabilización del agua.
Viaje al pasado: la privatización de 1993
En 1993, con Carlos Saúl Menem a la cabeza, la empresa Aguas Argentinas S.A., que hasta entonces había sido controlada por la empresa pública Obras Sanitarias de la Nación (OSN), pasó a manos de la francesa Suez Lyonnaise des Eaux-Dumez, la catalana Aguas de Barcelona (Agbar) y Vivendi como socios. La privatización ocurrió ya que el Gobierno quería un equilibrio macroeconómico para sostener la convertibilidad.
“Según lo establecía el marco regulatorio original, salvo razones excepcionales, las tarifas no podrían aumentar durante los primeros diez años de la concesión”, explica una investigación de los economistas Daniel Azpiazu y Karina Forcinito sobre este proceso. Sin embargo, acumuló un incremento del 88,2% entre mayo de 1993 y enero de 2002, una variación que dista del 7,3% que arrojaron los precios al consumidor en ese período.
Asimismo, la investigación resalta que el grupo Suez había ganado la licitación con una rebaja del 26,9% de las tarifas, pero que la suba posterior de tarifas neutralizó por completo el descuento inicial con el que se ganó la licitación.
Estos márgenes de ganancia, que fueron derivados a Aguas Argentinas S.A., también impactaron en las obras comprometidas para expandir las redes de agua y cloacas. Como consecuencia, los economistas explican que la desinversión afectó «al 63% de la población comprometida en la oferta original (1.078.000 habitantes) para el servicio de agua potable, y al 88% de la correspondiente al servicio de cloacas (812.000 habitantes)”.
La privatización fue revertida durante la presidencia de Néstor Kirchner, en marzo de 2006, cuando a través del decreto 304/2006 se estatizó, luego de que la concesionaria rescindiera el contrato. Esto tuvo su costo. Suez, Agbar y Vivendi reclamaron US$ 1.700 millones al CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), el tribunal arbitral del Banco Mundial. En 2015, el tribunal condenó a la Argentina a pagar US$405 millones más intereses, y dos años después rechazó el pedido de nulidad. De esa forma, US$223,8 millones fueron para Suez, US$123,7 millones para Agbar y US$37,4 millones para Vivendi.
¿Qué puede pasar ahora?
La privatización de AySA se ampara en la Ley N° 27.742 (Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos), sancionada el 27 de junio de 2024, la cual declaró a la empresa sujeta a privatización.
Dentro de este proyecto se aprobó el DNU 805/2025, que permitía a la empresa estatal “proceder al corte del servicio público” a los usuarios residenciales que tengan un atraso en el pago de las facturas de 60 días, a partir del segundo vencimiento. Según los registros de la propia AySA, actualmente existen 393.000 usuarios en esa situación.
Con la privatización, el proyecto de la empresa y su visión a futuro se pierden, y hace que se piense a AySA como una empresa que debe recaudar lo que se invirtió en la licitación. En ese sentido, será relevante conocer qué sanciones se aplicarán ante eventuales incumplimientos y qué herramientas tendrá el organismo regulador para exigir las inversiones comprometidas.
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