El Gobierno está a punto de adjudicar el 90% de AySA, la empresa estatal que presta agua y cloacas a unas 14 millones de personas entre la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano, y los legisladores que deben controlar la venta denunciaron que el valor de la compañía es secreto y no pueden acceder. Existe una tasación, la valuación oficial de cuánto vale, pero se la declaró «reservada» incluso para el Congreso.
Los denunciantes son las diputadas Ana María Ianni y Florencia Carignano y los senadores Adán Bahl y Jorge Capitanich, de Unión por la Patria. Integran la Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones, la comisión del Congreso que tiene a su cargo controlar la venta de empresas públicas. Presentaron la denuncia ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), el organismo que investiga irregularidades de funcionarios, donde tramita como expediente 835/2026. En paralelo, hay un amparo con pedido de cautelar ante el juez Santiago Carrillo, del fuero contencioso administrativo federal, para frenar la adjudicación.
La denuncia apunta a Diego Chaher, el funcionario que conduce el proceso como titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), que depende del Ministerio de Economía. Alcanza también a Julio Villamonte, presidente del Tribunal de Tasaciones, el organismo estatal que valúa bienes, y a las autoridades del BICE, el banco público de inversión. Piden que se investigue abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública.
Reclaman además medidas urgentes: que la PIA exija en 24 horas la resolución que declaró secretas las tasaciones y todos los estudios de la ATEP y del BICE, y que Economía no adjudique hasta entregarle esa información al Congreso. Eligieron la PIA, explicaron, porque temen que una denuncia penal en los tribunales federales quede «cajoneada».
La oferta ganadora, del consorcio que encabeza la empresa Rowing junto a Arcos, Transclor y PHX Aqua, fue de US$340,2 millones y superó a los US$285 millones del grupo Roggio. Está por debajo de lo que el propio Chaher había anticipado, «como mínimo» US$500 millones, pero los denunciantes sostienen que el problema es previo: esa cuenta no se puede verificar, porque la licitación se hizo sin precio base y la tasación no se conoce.
Nada está cerrado. Antes de firmar el contrato faltan el dictamen de una comisión evaluadora, la revisión de la Sigen, el órgano de control interno del Estado, y la de la Procuración del Tesoro, que es el abogado del Estado. Esa es la ventana en la que los legisladores buscan que alguien frene el trámite.
Cómo se volvió secreto el precio de AySA
La Ley 23.696, la de reforma del Estado, establece que la tasación tiene carácter de presupuesto oficial y exige «máxima transparencia y publicidad» en las privatizaciones. Los denunciantes afirman que el Ejecutivo armó después un circuito que vació esa regla: la Ley Bases, los decretos 780/2024 y 450/2025 y tres resoluciones sacaron la valuación de las empresas públicas del Tribunal de Tasaciones, que tenía esa competencia, y la pasaron a una unidad creada en el BICE.
El Tribunal informó que no podía valuar con el criterio que pedía el Gobierno, basado en los ingresos esperados, la inversión comprometida y los costos de operación, porque solo puede tasar activos físicos. Los denunciantes sostienen que esa notificación se omitió cuando el tema se trató en el Congreso. Además, el Tribunal no tasó AySA ni Intercargo, Belgrano Cargas, Nucleoeléctrica o las hidroeléctricas del Comahue, y esa decisión la habría tomado su presidente por su sola firma, algo que el artículo cuestiona a la luz del reglamento del organismo.
El nuevo método es el flujo neto de fondos descontados, que estima el valor de una empresa a partir de lo que se espera que gane en el futuro. Para los legisladores, depende de supuestos, como la tasa de descuento y las proyecciones de ingresos, que pueden llevar a subvaluar activos del Estado, y por eso piden conocerlos. En la denuncia agregan que la unidad del BICE tiene muy poco personal y que se eliminó el control de calidad externo.
El secreto se formalizó con la Resolución 1/2026 de la ATEP, dictada el 1 de abril, que declaró «reservados todos los informes» de tasación hasta que concluyan los procedimientos de selección. No se publicó en el Boletín Oficial y, según la denuncia, tampoco se les entregó a los legisladores. Chaher la sostiene con el artículo 8 de la Ley 27.275, de acceso a la información pública, que prevé excepciones. Los denunciantes responden que ninguna norma con rango de ley autoriza a guardar en secreto la tasación de una empresa pública en venta y que una resolución administrativa no puede oponerse al Congreso.
La secuencia de pedidos, según el escrito al que accedió La Pluma, es larga:
- El 12 de agosto la Bicameral solicitó información sobre procedimientos y criterios de valuación y convocó a Chaher. Recibió unas 10.000 fojas 48 horas antes de la audiencia, un volumen imposible de revisar en ese plazo.
- El 23 de septiembre Chaher expuso y, según la denuncia, admitió que la tasación de AySA existe, pero no la entregó.
- El 28 de septiembre Ianni y Carignano le exigieron por nota que la presentara en 72 horas hábiles, sin testar, junto con los antecedentes técnicos y el presupuesto oficial.
- El 1 de octubre llegó la respuesta, sin documentos. Cuestionó la legitimación de los legisladores porque la nota no expresaba una decisión de la mayoría de la comisión, aunque el artículo 14 de la Ley 23.696 obliga a informar a la Bicameral de manera permanente y a su requerimiento. No negó que la tasación existiera ni invocó una ley que habilitara el secreto.
«Cuando se vende un activo, nosotros queremos saber perfectamente cuál es su método de valuación», señaló Capitanich, y planteó que el objetivo de la denuncia es «investigar el proceso de licitación y paralizar el trámite de privatización». En el amparo sostienen además que la tasación no puede ser un secreto comercial, porque las ofertas económicas ya se abrieron.
El defensor del Pueblo adjunto bonaerense, Walter Martello, sumó otro dato: la sala virtual donde los oferentes consultaron los documentos de la empresa, el Data Room, estuvo restringida a los privados. Eso hizo imposible, dijo, conocer el valor real del paquete accionario y el estado de los pasivos ambientales.
Los denunciantes sostienen que AySA no es un caso aislado sino parte de un patrón. En Citelec, la sociedad vinculada a Transener, la base de licitación fue de US$206 millones frente a una adjudicación previa de US$356 millones. En Intercargo, una primera licitación por US$45 millones quedó desierta y Chaher anunció que volvería a ofrecerla a un precio menor.
La Resolución 1 también está cuestionada en otros expedientes. La Fundación Soberanía la objetó ante el juzgado federal de General Roca por las hidroeléctricas del Comahue, y la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) denunció que la tasación de Intercargo era inferior a la real. El Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 3 aceptó a la APA como querellante y pidió información a Economía y al BICE.
A eso se suma un reclamo de la Auditoría General de la Nación (AGN), el organismo que audita las cuentas del Estado, según La Política Online. Detectó inversiones no registradas en AySA por $42.935 millones, unos US$30 millones, que corresponden a obras del proyecto financiado por el Banco Mundial para la cuenca Matanza-Riachuelo. El Tesoro adelantó los fondos y, al cierre del ejercicio, el reembolso seguía pendiente y no figuraba en los estados contables. Equivale a casi el 10% de la oferta ganadora.
El grupo ganador tiene aportes a LLA
Fue Martello quien advirtió que Rowing, la empresa de ingeniería y servicios públicos de Walter Román que lidera el consorcio, forma parte del grupo Equo Capital. Dentro de ese grupo figuran también Direct Group y Lógico, que aportaron $20 millones cada una a la campaña de La Libertad Avanza (LLA) en la Ciudad, el 28 y el 29 de julio de 2025, según registros de la Cámara Nacional Electoral.
Las donaciones de empresas son legales y deben declararse, y no hay evidencia que las vincule con la adjudicación. Sin embargo, las vinculaciones también sugestionaron en el ámbito político: que una de las firmas que financió al partido de gobierno en plena campaña integra el grupo que ahora se queda con una compañía que vende ese mismo Gobierno. Rowing, además, ya presta servicios a AySA. Perfil recordó que otra empresa de Román, Urbano Express, estuvo en el centro de una polémica por una licitación del PAMI para distribuir pañales, aunque no hubo denuncia formal.
La pata financiera también genera preguntas. PHX Aqua, que concentra el 55% del consorcio, es un vehículo de inversión creado en agosto, poco antes de presentar las ofertas, y controlado por el fondo Phoenix Global Investment Fund, constituido en 2016 en Curaçao, según Perfil. No se conocen sus inversores finales ni el origen de los fondos. La composición del consorcio, además, sigue pendiente de confirmación con documentación societaria.
Rowing tiene el 20%, la brasileña Arcos Saneamento, del Grupo Equipav, el 15% y es la operadora técnica, y Transclor el 10%. Esta última es de Mauricio Filiberti, conocido como el «Rey del Cloro«. Transclor es el único proveedor de policloruro de aluminio, el químico con el que AySA potabiliza el agua, desde 2009. Pasaría de proveedor a integrar el grupo que controla a su cliente.
Filiberti llegó a Edenor, la distribuidora de electricidad del norte y oeste del AMBA, en 2021, junto a José Luis Manzano y Daniel Vila. Edenor acaba de comprarle a YPF el 70% de Metrogas, la distribuidora de gas, por US$780 millones. En las últimas semanas consiguió el primer paso para extender hasta 2047 la concesión de Metrogas, y el Congreso aprobó un perdón de deudas cruzadas entre Edenor y el Estado que limpia pasivos por US$450 millones, a cambio de renunciar a juicios.
Si se concreta la venta de AySA, un mismo empresario estará en la cadena de la luz, el gas y el agua del AMBA.Algo así no ocurría con esa magnitud desde 1992, cuando todos esos servicios estaban en manos del Estado nacional.
La oposición ya le puso nombre político al reclamo. El jefe del bloque de diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, habló de «un oscurantismo absoluto» y dijo que «mañana nos vamos a enterar cuál de los amigos de Santiago Caputo se queda con AySA». El Ministerio de Economía, por su parte, respondió que «AySA era un modelo de disfunción administrativa» y recordó que entre 2006 y 2023 recibió más de US$13.400 millones del Tesoro. Chaher no respondió sobre los aportes ni sobre la tasación.
La ventana para frenar la privatización
Según el cronograma que circula, la firma del contrato sería a fin de mes y el pago en noviembre, aunque los controles previos demandarían alrededor de un mes. El pliego prevé que el consorcio tome el control entre enero y febrero de 2027, y la denuncia apunta a esa ventana: si la PIA objeta el proceso antes, la adjudicación podría trabarse.
El Gobierno necesita esos dólares. La plata de AySA está contemplada en el programa financiero para 2026 y 2027, que prevé US$800 millones por privatizaciones, según relevó TN.
Para el usuario, el esquema no congela las facturas pero tampoco prevé un aumento de fondo en el primer período. El contrato fija dos mecanismos de ajuste entre 2027 y 2031: un coeficiente K, vinculado a los costos, y un Factor C de corrección atado a metas de calidad del servicio. La tasa de retorno del primer período es de 8,90% anual y la revisión tarifaria integral llegará en el cuarto año. El operador debe invertir al menos US$2.000 millones en los primeros cinco años y unos US$15.040 millones durante los 30 de concesión, con una concesión prorrogable por 10 más.
El pliego tampoco garantiza que se mantenga la dotación actual. AySA pasó de 7.700 a 5.890 empleados durante la gestión que condujo la privatización, y el futuro operador podrá reorganizar su estructura.
Desde el conurbano, el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, dijo a Perfil que «el Gobierno está literalmente rifando, está regalando AySA«, que advirtió por tarifazos y por obras que los privados no harían en las zonas más vulnerables.
JD/CM
