El Gobierno de Javier Milei avanza en el Senado con un sensible proyecto en materia de seguridad: la regularización de armas de fuego que hoy permanecen fuera del sistema oficial. Con respaldo de bloques aliados y parte de la oposición dialoguista, el oficialismo consiguió dictamen y dejó listo para el recinto el proyecto que busca blanquear armamento no registrado y extender el programa de entrega voluntaria hasta 2027.
La iniciativa es impulsada políticamente por la ex ministra de Seguridad y actual jefa del bloque libertario en la Cámara alta, Patricia Bullrich, quien salió a defender el proyecto con un argumento central: “El arma registrada es el arma trazable”.
Según estimaciones oficiales, en la Argentina hay cerca de 800 mil armas en situación irregular. Para el Gobierno, el objetivo es incorporar ese universo al radar estatal antes que mantenerlo en la clandestinidad administrativa.
Blanqueo, registro y amnistía
El proyecto establece un plazo de 360 días para que personas físicas o jurídicas que posean armas no registradas puedan presentarse ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) para regularizar su situación.
Quienes adhieran al régimen quedarán exentos de sanciones penales por la tenencia irregular, siempre que no exista una imputación judicial previa en su contra.
La norma también prorroga hasta el 31 de diciembre de 2027 el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, que permite entregar armamento de forma anónima y a cambio de un incentivo económico.
Desde el Ejecutivo sostienen que ambas medidas forman parte de una misma lógica: sacar armas de la informalidad, ya sea para registrarlas o retirarlas de circulación.
El argumento oficial: “más armas registradas, más control”
Durante el debate en comisión, Bullrich defendió que el proyecto no apunta a flexibilizar el acceso a las armas sino a ampliar la capacidad de control estatal.
“Cuando un arma está completamente fuera del sistema, se convierte en un riesgo para la sociedad. Si está registrada, el Estado tiene herramientas concretas para controlarla”, afirmó.
En el mismo sentido se expresó el director del Registro Nacional de Armas, Juan Pablo Allan, quien sostuvo que el sistema actual expulsó a muchos usuarios legítimos hacia la irregularidad por “barreras burocráticas innecesarias”.
Allan informó que hoy existen más de 595 mil armas en manos de usuarios con registros vencidos y otras 355 mil en manos de usuarios vigentes. “El Estado pide que esa arma que estaba en la oscuridad pase a tener luz”, resumió.
Presión para aprobar el proyecto rápido
El dictamen fue acompañado por La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y varios bloques provinciales, una mayoría que deja al oficialismo bien posicionado para convertir el proyecto en ley si logra llevarlo al recinto en las próximas semanas.
En Casa Rosada buscan tratarlo en la primera semana de mayo junto a otros expedientes de la agenda penal y judicial del oficialismo.
La premura no es casual: si el Senado no lo aprueba en el corto plazo, el expediente corre riesgo de perder estado parlamentario y el Gobierno debería reiniciar todo el proceso legislativo.
JD/CM
