La Cámara de Diputados bonaerense salió al cruce de la denuncia presentada por el juez de Garantías Guillermo Atencio y negó haber ocultado pruebas o buscado obstaculizar la investigación vinculada al caso “Chocolate” Rigau. En un comunicado firmado por las autoridades del cuerpo y los presidentes de la mayoría de los bloques, la Legislatura defendió la legalidad de la decisión de archivar las actuaciones y planteó un fuerte contrapunto institucional con la Justicia.
El eje de la respuesta está puesto en las fechas. Diputados sostuvo que el archivo de los expedientes fue aprobado por más de dos tercios del cuerpo el 28 de mayo de 2026, mientras que el requerimiento judicial que cuestionó Atencio ingresó a la Cámara el 19 de agosto.
“La resolución de archivo de expedientes, contemplada previamente desde el año 2002 en el reglamento de esta HCD, fue aprobada por más de dos tercios de este cuerpo el 28 de mayo de 2026, casi tres meses antes del requerimiento judicial”, señalaron desde la Cámara.
Con ese argumento, indicaron que “de ningún modo se incurrió en un ocultamiento de pruebas porque dicho requerimiento todavía no existía”.
La Legislatura agregó que la decisión “fue pública, votada en sesión, transmitida en vivo y cuyo registro permanece en la HCD a disposición de quien quiera verlo”.
Diputados dice que no se trataba de la causa Rigau
Otro de los puntos centrales del descargo apunta a diferenciar los expedientes involucrados en la controversia.
Según la documentación analizada por la Cámara, las actuaciones administrativas mencionadas en el requerimiento judicial no correspondían a la causa principal contra Julio “Chocolate” Rigau, sino a otro expediente identificado como “Rodríguez”, relacionado con una investigación por hurto.
“Los requerimientos y las decisiones administrativas a las que se hace referencia no correspondían, según la documentación considerada por la HCD, a la causa Julio Rigau, sino a la causa Rodríguez”, explicaron las autoridades legislativas.
En ese sentido, Diputados sostuvo que ambas actuaciones deben ser analizadas de manera diferenciada y recordó que, en la causa que involucra directamente a Rigau, sí aportó información requerida por la Justicia. Para la Cámara, esos antecedentes deben ser considerados antes de atribuirle una intención de obstaculizar la investigación.
La denuncia de Atencio fue presentada el 25 de septiembre y abrió un nuevo frente judicial en torno al caso “Chocolate”, luego del conflicto generado por el archivo de documentación que, según el magistrado, había sido requerida en el marco de las actuaciones.
El argumento de los fueros
La respuesta legislativa también avanzó sobre un punto especialmente sensible: la posibilidad de que los diputados sean investigados penalmente por una decisión adoptada mediante una votación.
Para la Cámara, «resulta inadmisible» que se pretenda responsabilizar penalmente a legisladores por los votos emitidos en ejercicio de sus funciones. En ese marco, invocó el artículo 96 de la Constitución bonaerense, referido a la protección de las opiniones y votos de los integrantes de ambas Cámaras.
Diputados remarcó además que no se trató únicamente de una decisión administrativa: las actuaciones habían sido archivadas y posteriormente esa decisión fue convalidada por el cuerpo mediante una votación legislativa.
El comunicado fue más allá de la discusión puntual sobre los expedientes y planteó una cuestión institucional de fondo: los límites del control entre los poderes del Estado.
La Cámara sostuvo que la división de poderes supone mecanismos de control recíproco, pero que esas facultades deben ejercerse dentro de los límites establecidos por la Constitución.
“Cada uno cuenta con herramientas constitucionales para ejercer ese contralor sobre los demás, pero esas atribuciones no pueden ser utilizadas de manera abusiva para condicionar, limitar o inhibir el funcionamiento de otro poder”, advirtió la Legislatura.
Al mismo tiempo, el cuerpo planteó que el equilibrio institucional requiere preservar tanto la independencia de la Justicia como la autonomía parlamentaria. “El equilibrio institucional exige que cada poder ejerza sus atribuciones dentro de los límites establecidos por la Constitución, preservando tanto la independencia judicial como la autonomía y el normal funcionamiento del Poder Legislativo”, sostuvo.
El documento fue firmado por el presidente de la Cámara, Alejandro Dichiara, el vicepresidente primero Alexis Guerrera, los vicepresidentes de los distintos espacios y los presidentes de los bloques de Unión por la Patria, La Libertad Avanza, PRO, Unión y Libertad, UCR-Cambio Federal, UCR, Nuevos Aires, Coalición Cívica y Derecha Popular. No adhirieron los bloques Hechos y el Frente de Izquierda.
MES/CM
