La ciudadanía argentina por inversión, un régimen que el Gobierno de Javier Milei creó por decreto y que empezaría a funcionar en el último trimestre de 2026, se convirtió en un nuevo frente de pelea en el Congreso. En pocos días, Unión por la Patria presentó dos proyectos para derogarlo, denunció en pleno debate por la Ley Malvinas que un estudio británico está detrás de su promoción y lo conectó con la discusión por la Ley de Tierras que atraviesa la agenda parlamentaria.
El régimen lo creó el DNU 366/2025, del 28 de mayo de ese año, que incorporó a la Ley de Ciudadanía 346 una vía de naturalización por «inversión relevante» sin importar el tiempo de residencia en el país. Lo reglamentó el Decreto 524/2025, del 30 de julio, y lo administra la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, que depende del Ministerio de Economía.
Las opciones son dos: un aporte directo y no reembolsable de US$350.000 al Tesoro Nacional o la suscripción de un título público por US$800.000. A eso se suman US$100.000 por cónyuge e hijos solteros de 18 a 25 años, y US$25.000 por cada menor de edad. Las solicitudes se recibirán desde el cuarto trimestre de 2026.
El Gobierno lo anunció el viernes pasado, a través de Luis Caputo y Diego Santilli, desde la Embajada argentina en París, en el marco de la Argentina Week. Las autoridades verificarán identidad, licitud y trazabilidad del dinero, situación patrimonial, antecedentes penales y reputacionales, riesgo de la jurisdicción de origen e historial migratorio, y la decisión final corresponderá a la Dirección Nacional de Migraciones.
La ofensiva opositora: dos proyectos y una denuncia
El primero en reaccionar fue Agustín Rossi. El diputado de Unión por la Patria presentó un proyecto al que accedió La Pluma para prohibir que la ciudadanía se obtenga mediante pagos, inversiones, donaciones o compra de títulos, y para derogar las modificaciones introducidas por el DNU. «La ciudadanía argentina no está en venta y le corresponde a este Congreso decirlo con fuerza de ley», sostuvo.
En diálogo con Radio Provincia, Rossi calificó al Gobierno como «el más vende patria de la historia«. Marcó además un «rasgo clasista» en la medida, pensada para quien tenga al menos US$350.000, y la vinculó con el Súper RIGI y con la lógica de beneficiar a empresarios «tecno-feudales» que buscan comprar grandes extensiones de tierra. Cuestionó, además, la justificación de Caputo, que había dicho que el pedido surgió de tecnomillonarios. «Con este proyecto que quieren aprobar, además de que Peter Thiel no tendrá que pagar impuestos por su centro de datos, va a poder tener como defensa las propias Fuerzas Armadas su centro de datos, ni va a pagar seguridad privada«, afirmó el legislador en su discurso sobre el plenario de comisiones por la ley Malvinas en el Congreso.
El segundo proyecto al que también accedió este medio lo presentaron las diputadas Florencia Carignano, exdirectora de Migraciones, y Paula Penacca. Propone derogar el régimen incorporado a la Ley 346 y dejar sin efecto el Decreto 524/2025 y toda la normativa complementaria. Entre sus fundamentos sostiene que «la ciudadanía no puede convertirse en una contraprestación económica ni quedar condicionada». Las autoras reconocen que atraer inversiones es un fin legítimo, pero plantean que hay instrumentos económicos y productivos suficientes para lograrlo sin tocar las reglas de acceso a la nacionalidad. El texto pasaría por las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Población y Desarrollo Humano.
Carignano llevó el tema este miércoles al plenario donde se debate la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. Frente a la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, denunció que «un estudio británico con turbios antecedentes está detrás de la venta de ciudadanía por 350 mil dólares» y lanzó: «¿De qué defensa de la soberanía se rasgan las vestiduras hablando cuando están entregándole nuestra ciudadanía a un estudio británico?«.
La oposición conecta el régimen con la Ley de Tierras, con el argumento de que con la ciudadanía en la mano, un extranjero podría saltearse los límites que la ley derogada por el artículo 154 del DNU 70/23 ponía a la compra de tierras rurales. Rossi advirtió que una ciudadanía comprada podría convertirse en un atajo para eludir esas restricciones, en particular en zonas de frontera.
El estudio británico y las visitas a Casa Rosada
La firma a la que se refiere Carignano es Henley & Partners. Según una investigación de El Diario AR, se trata de un estudio británico que se presenta como el más grande del mundo en ciudadanía por inversión y que creó el negocio de los «pasaportes dorados». Publicó los detalles del programa argentino el mismo día del anuncio y ofreció «procesar» a los interesados.
El Diario AR repasó los antecedentes de la empresa. En 2025, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea anuló el programa de ciudadanía de Malta, un negocio en el que la firma habría obtenido unos US$55 millones en comisiones. Un informe del Parlamento británico, citado por el Financial Times, la acusó de financiar campañas políticas en San Cristóbal y Nieves. Y en 2022, el consorcio OCCRP y la Fundación Daphne Caruana Galizia revelaron que gestionó pasaportes caribeños para empresarios luego acusados o condenados por fraude. Henley niega haber sido investigada por esos motivos y calificó como «falsas y con motivaciones políticas» las acusaciones sobre su presidente, Christian Kälin.
La nota también reveló que el CEO de la firma, Juerg Steffen, visitó la Casa Rosada en dos oportunidades, según el registro de ingresos: el 11 de junio de 2025 se reunió con el entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el 14 de julio con Lisandro Catalán. Las visitas ocurrieron dos semanas después del DNU y dos semanas antes del decreto reglamentario.
El Gobierno lo niega. Economía rechazó cualquier contacto con Henley & Partners, aunque un comunicado oficial admitió que el Gobierno «es asesorado por un grupo de firmas internacionales líderes» en migración por inversión. Fuentes del Ejecutivo atribuyeron el programa a Caputo y a Juan Pazo, que asesora a la Agencia. Henley, por su parte, aseguró al medio que realizó la investigación que «no está detrás» del plan y que solo «compartió experiencias» con el Gobierno.
Las dudas de los especialistas y el antecedente de Malta
El impacto internacional del régimen es la otra pata de la discusión. Carignano y Penacca recuerdan que pocos países aplican este esquema y que el Tribunal de Justicia de la UE cuestionó el de Malta, en abril de 2025, por considerar que implicaba una forma de comercialización de la nacionalidad.
Infobae consultó a especialistas sobre las dudas que abre el plan. Marcelo Elizondo, analista de comercio internacional, aclaró que «el bono es una inversión financiera» y que los US$350.000 son «un aporte». Sostuvo que el sistema no es automático: «No es solamente que vengo, pongo plata y me lo llevo». Consideró que no habrá un «aluvión de extranjeros poniendo plata», aunque advirtió que la ciudadanía podría facilitar el acceso a actividades restringidas para extranjeros, como la compra de tierras.
El abogado y exembajador en China Diego Guelar dijo que la iniciativa sería válida con resguardos suficientes, para no terminar siendo «un pasaporte dado por la venta de ciudadanía a cualquiera», y alertó que el valor del pasaporte no debe deteriorarse por bajar los controles. También cuestionó un posible conflicto de interés con Henley & Partners.
El diputado Guillermo Michel (Unión por la Patria) cuestionó además una modificación de la reforma laboral que, según él, podría excluir de la renta mundial a quienes obtengan la ciudadanía por inversiones relevantes, lo que crearía «dos tipos de contribuyentes».
Quedan varias cuestiones sin resolver: la reglamentación de qué es una «inversión relevante», las condiciones del bono a tasa cero, el encuadre fiscal y el papel de las consultoras privadas. Mientras el Gobierno define esos detalles, los dos proyectos opositores esperan su giro a comisión y el tema ya quedó instalado en la discusión sobre tierras y soberanía.
En su cuenta de instagram, el 5 de octubre Henley & Partners comunicó que «se complace al ver que el programa de Ciudadanía por Inversión de Argentina está tomando forma. Felicitamos al Gobierno por el anuncio. Durante los últimos 18 meses, Henley & Partners ha celebrado numerosas reuniones y trabajado con el Gobierno en Buenos Aires. Nos complace ver que nuestras consultas están dando frutos», sostuvo el estudio, encabezado por su CEO Juerg Steffen.
JD/CM
