Hoy comenzó un nuevo paro universitario que se extenderá hasta el 30 de abril, el jueves. Es la previa a la cuarta marcha federal, que se hará el 12 de mayo en reclamo al Gobierno para que cumpla con la Ley de Financiamiento, que fue ratificada por el Congreso tras el veto y ya tiene dos fallos judiciales para que la apliquen. “Se están llevando puesto al Poder Legislativo y al Judicial, están en desacato”, dicen desde los gremios.
Desde el Frente Universitario -integrado por los rectores, los gremios docentes y no docentes y los estudiantes-, resaltan que el Gobierno lleva 190 días incumpliendo la ley y violando la Constitución Nacional. Por eso activaron un plan de lucha para conseguir las partidas presupuestarias que les permitan seguir con las clases y pagar los sueldos. En ese marco hoy arrancó un paro que se extenderá hasta el jueves. Lo impulsan las dos grandes federaciones, la CONADU y CONADU Histórica.
Pablo Perazzi, secretario general de FEDUBA (CONADU), explicó que los motivos del paro tienen que ver con el incumplimiento por parte del Gobierno de la aplicación de la ley. “Ya están corriendo los días para que la Justicia les embargue el sueldo a los funcionarios públicos, sobre todo a Manuel Adorni, que es sobre quien recae el cumplimiento de esa ley”, señaló en diálogo con La Pluma.
Perazzi también denunció que no hay diálogo: “Hace casi dos años que el gobierno no atiende el teléfono en el Palacio Pizzurno”. Los números que maneja el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) dan cuenta de la gravedad del problema: los trabajadores universitarios –docentes y no docentes– acumulan 17 meses de caída salarial consecutiva, lo que representa una pérdida real del 33,7%. Según los sindicatos, se necesita un incremento inmediato superior al 50% solo para recuperar el poder adquisitivo de noviembre de 2023.
Desde la Federación Universitaria Argentina (FUA) también advirtieron sobre la situación. “Estamos frente a un escenario límite. El Gobierno tiene la obligación de garantizar los recursos para que las universidades sigan abiertas, funcionando y siendo una herramienta de igualdad”, le dijo a este medio su presidente, Joaquín Carvalho.
Pettovello no quiere pagar las becas estudiantiles
Los estudiantes no solo ven el deterioro en el salario de los docentes y en el funcionamiento habitual de las casas de altos estudios sino también en las becas, que están congeladas desde que La Libertad Avanza llegó al poder. Hasta el momento, hay dos tipos de incentivos nacionales: las Progresar, que dependen de Anses y están en 35.000 pesos, y las Manuel Belgrano, que apenas superan los 80.000.
Justamente, los salarios y las becas son los dos motivos por los que la Casa Rosada recibió un revés judicial en primera y segunda instancia. Ante un amparo presentado por el CIN por el incumplimiento de los artículo 5 y el 6, la Justicia obligó al Gobierno a que pague esos dos ítems. Sin embargo, el Ministerio de Capital Humano, del que depende Educación, se niega a hacerlo y presentó un recurso extraordinario ante la Cámara de Apelaciones que puede derivar en la Corte Suprema.
El argumento del Gobierno para no cumplir es que la ley no incluye de dónde se sacarán los fondos para pagar a las universidades. Un razonamiento que hasta la propia Justicia echó por tierra. En su fallo, el juez Enrique Cormick, y luego el tribunal de segunda instancia, citaron un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso que muestra que el impacto fiscal de la ley es de apenas el 0,23% del PBI, una cifra que el magistrado calificó como “un ahorro poco significativo” frente al presupuesto global.
Con las transferencias a las universidades públicas cayendo un 45,6% en términos reales desde el inicio de la gestión libertaria, la comunidad educativa apuesta a una nueva demostración de fuerza en las calles. El 12 de mayo, con epicentro en el Congreso, la cuarta marcha federal buscará poner fin a una actitud que está “llevándose puesto el orden constitucional y la República”.
CDB/VDM
