Hay una constante en la trayectoria de Luis «Toto» Caputo al frente de la política económica argentina: cada vez que tuvo capacidad de decisión impulsó un régimen para exteriorizar activos o regularizar patrimonios no declarados. Lo hizo en 2016 con el Régimen de Sinceramiento Fiscal del gobierno de Mauricio Macri; volvió a hacerlo en 2024 con el Régimen de Regularización de Activos incluido en la Ley Bases; y ahora presentó una reforma de la Ley de Inocencia Fiscal que, aunque el Gobierno rechaza definir como un nuevo blanqueo, persigue el mismo objetivo de incorporar al circuito formal los dólares fuera del sistema. Otra vez, el esquema también habilita la adhesión de funcionarios, exfuncionarios y dirigentes políticos.
El proyecto fue anunciado esta semana por el propio ministro de Economía y será enviado al Congreso luego de que el propio Gobierno reconociera que la Ley de Inocencia Fiscal aprobada a fines de 2025 no alcanzó el nivel de adhesión esperado. El Ejecutivo atribuye ese resultado a las dudas planteadas por tributaristas sobre el alcance de las garantías previstas en la norma y decidió impulsar una reforma apenas siete meses después de su sanción.
Durante la conferencia de prensa, el ministro insistió en que la iniciativa no modifica la esencia del régimen. «El espíritu de la ley no cambia en absolutamente nada. El objetivo sigue siendo que esos ahorros puedan ser formalizados en el sistema bancario sin ninguna penalidad de ningún tipo», afirmó. También aseguró que las modificaciones buscan garantizar que los contribuyentes queden protegidos «independientemente de quién sea el gobierno de turno».
La denominada Ley de Inocencia Fiscal modificó el Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias. Eliminó los límites patrimoniales y de ingresos para adherir, redefinió el concepto de «discrepancia significativa» que habilita las fiscalizaciones de ARCA, permitió conservar los beneficios mediante declaraciones rectificativas y fortaleció el denominado «tapón fiscal», un mecanismo que restringe las posibilidades de revisar ejercicios fiscales anteriores.
Caputo volvió a defender la iniciativa con el mismo argumento que utilizó para promover los regímenes anteriores. Según afirmó, el Banco Central estima que existen alrededor de US$ 170.000 millones fuera del sistema financiero. «No nos sirve que la gente tenga los dólares debajo del colchón», dijo al justificar la necesidad de atraer esos recursos hacia la economía formal.
El Gobierno sostiene que no se trata de un blanqueo sino de una reforma permanente del impuesto a las Ganancias. Sin embargo, especialistas consultados tras el anuncio señalaron que el objetivo económico vuelve a ser similar al de los programas anteriores: incentivar la regularización de activos mediante una combinación de beneficios fiscales y menores riesgos de fiscalización.
Las diferencias con los antecedentes impulsados por Caputo aparecen, sobre todo, en el plano político. Durante la presentación oficial, los tributaristas que participaron del anuncio confirmaron que el proyecto no excluye a funcionarios ni exfuncionarios. «No hay exclusiones que tenga la ley en este caso», respondió Sonia Becherman. Ricardo Paolina añadió: «Esto no es un régimen de blanqueo, es un régimen simplificado de Ganancias; el acceso lo puede tener cualquier funcionario del Poder Ejecutivo, Judicial; pueden adherir, pero la facultad de investigarlos va a seguir».
Ese criterio rompe con el esquema diseñado por el propio Caputo en 2016. La Ley 27.260, que creó el Régimen de Sinceramiento Fiscal durante la presidencia de Mauricio Macri, establecía en su artículo 82 una prohibición expresa para que funcionarios públicos de los tres poderes del Estado ingresaran al blanqueo. La exclusión alcanzaba además a determinados familiares directos y fue presentada entonces como una garantía de transparencia.
La restricción, sin embargo, fue flexibilizada pocos meses después por el propio Mauricio Macri mediante el Decreto 1206/2016. La modificación permitió que familiares de funcionarios pudieran adherir al blanqueo siempre que acreditaran que los bienes habían sido incorporados a su patrimonio antes del inicio de la función pública del pariente. Gracias a ese cambio pudo ingresar al régimen Gianfranco Macri, hermano del entonces presidente.
Otro caso dentro del entorno familiar de Caputo es el de su primo, el empresario Nicolás Caputo, quien ingresó al blanqueo de capitales en 2016. Según una investigación publicada por La Nación, Nicolás Caputo declaró fondos que mantenía ocultos en una cuenta bancaria en Suiza, administrada a través de una sociedad offshore y un fideicomiso constituidos en las Islas Caimán. De acuerdo con esa reconstrucción periodística, el empresario regularizó esos activos ante la entonces AFIP.
Por lo pronto, el blanqueo de 2016, implementado durante el gobierno de Mauricio Macri cuando Caputo era secretario y luego ministro de Finanzas, permitió declarar más de US$ 116.000 millones en activos, de los cuales U$S 9.522 millones fueron para el Estado. Asimismo, del Régimen de Regularización de Activos incorporado en la Ley Bases, el Gobierno informó que los contribuyentes habían exteriorizado alrededor de US$ 35.620 millones de los cuales U$S 1.570 millones fueron recaudados por el estado.
La discusión reaviva otro caso reciente de alto perfil. El ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa, Bettina Angeletti, solicitaron su adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias previsto por la Ley de Inocencia Fiscal mientras el funcionario era investigado en una causa por presunto enriquecimiento ilícito. Desde su entorno señalaron que la adhesión buscó únicamente simplificar la presentación de las declaraciones juradas, mientras que sectores opositores advirtieron que el régimen limitaba las posibilidades de fiscalización tributaria sobre los períodos alcanzados.
Organizaciones opositoras y especialistas críticos del proyecto sostienen que el fortalecimiento del «tapón fiscal» reduce significativamente las herramientas de fiscalización del Estado y podría dificultar futuras investigaciones tributarias sobre el origen de determinados fondos. También cuestionan que, al no excluir a funcionarios y dirigentes políticos, el régimen extiende esos beneficios a quienes ejercen responsabilidades públicas.
Mientras tanto, de Caputo se conoce el detalle de su patrimonio declarado como funcionario. En su última declaración jurada, correspondiente al ejercicio 2024 y presentada en 2025, informó bienes por $ 11.851 millones, un extraordinario incremento interanual del 137%. De ese total, el 65,8% —unos $ 7.807 millones— corresponde a activos radicados en el exterior, entre depósitos bancarios y participaciones societarias. Es decir, mientras que impulsa a los argentinos a poner a circular sus dólares en la formalidad, él considera más conveniente mantenerlos fuera del sistema.
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