El crecimiento del endeudamiento de los hogares se convirtió en un debate que atraviesa todos los niveles de la agenda política. Los proyectos que se acumulan en el Congreso y las iniciativas presentadas en la Legislatura bonaerense tienen ahora una expresión territorial: distintos Concejos Deliberantes comenzaron a discutir qué puede hacer el Estado municipal ante familias que recurren al crédito para afrontar gastos cotidianos.
El escenario nacional muestra la dimensión que adquirió el problema. Este miércoles, adentro y afuera del Congreso, nuevamente habrá movimiento para intentar avanzar sobre esta agenda. La discusión también llegó a la Legislatura bonaerense, donde son varias las iniciativas presentadas para dar respuesta y protección frente al endeudamiento y las cobranzas abusivas por parte de las entidades crediticias.
Un mapa reciente elaborado por el Centro de Estudios para la Ciudad (CEC) junto con la Fundación Friedrich Ebert, a partir de datos de la Central de Deudores del Banco Central, muestra que el fenómeno tiene una distribución desigual en la provincia de Buenos Aires. Los datos correspondientes a junio de 2026 ubican la mora bonaerense por encima del promedio nacional y exhiben fuertes diferencias entre municipios: mientras algunos distritos superan ampliamente la media provincial, otros presentan niveles considerablemente menores.
La fotografía territorial permite dimensionar que el sobreendeudamiento no es un problema exclusivo del Conurbano ni de las grandes ciudades, sino una situación que atraviesa municipios con estructuras económicas y realidades sociales diferentes.
🏛️ ¡TENEMOS QUÓRUM! ✅
Ya comenzó la sesión impulsada por los distintos bloques de la oposición.
Hoy vamos a empezar a tratar proyectos sobre dos temas urgentes para las familias argentinas: la prórroga de la emergencia en discapacidad y el endeudamiento de los hogares.
— Agustín Rossi (@RossiAgustinOk) September 9, 2026
Sobre ese escenario, los Concejos Deliberantes comenzaron a discutir qué herramientas puede generar el Estado local frente a familias que recurren cada vez más al crédito para afrontar sus gastos cotidianos.
Los municipios empiezan a intervenir
Uno de los casos más concretos es Lincoln. En el distrito conducido por el radical Salvador Serenal, el Concejo Deliberante aprobó el “Procedimiento Municipal de Asistencia, Saneamiento y Reestructuración de Deudas para Consumidores y Usuarios Sobreendeudados”, impulsado por el concejal de Fuerza Patria Bernardo Baccello. La norma establece que la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) queda como ámbito de orientación, mediación y conciliación con los acreedores, con el objetivo de buscar quitas de intereses, frenar prácticas de hostigamiento y establecer planes de pago que tengan en cuenta la capacidad económica de las familias.
En Junín, municipio gobernado por el macrista Juan Fiorini, se avanzó en una dirección similar, aunque con un mecanismo más amplio. El Concejo aprobó una ordenanza, propuesta por la concejala Maia Leiva (Fuerza Patria), que crea un procedimiento de protección, asistencia, saneamiento y reestructuración de deudas. La OMIC podrá evaluar la situación crediticia de cada vecino, convocar a las entidades financieras y promover acuerdos de refinanciación. La norma también establece límites a las comunicaciones de los acreedores: no podrán realizarse llamadas fuera de determinados horarios, durante días no laborables, ni incluir amenazas en los lugares de trabajo o contactos con familiares y allegados.
Sacar un crédito para comprar comida, pagar tarifas o remedios es una situación que hoy asfixia a miles de familias bonaerenses.
Junto al diputado @mojatignanelli impulsamos un proyecto de ley para que la @defensoriaPBA acompañe de forma concreta a las personas sobreendeudadas. pic.twitter.com/4cDyNGXnnf
— Guido Lorenzino (@GLorenzino) September 3, 2026
En La Plata, conducida por Julio Alak, las concejalas peronistas Josefina Bolis y Ona Parrilli presentaron un programa de protección, asesoramiento y conciliación para hogares sobreendeudados. La propuesta contempla asistencia legal, económica y financiera, mediación con acreedores, protección frente a cobranzas abusivas y la elaboración de indicadores sobre endeudamiento familiar y juvenil. También propone articular con la Universidad Nacional de La Plata.
La preocupación por el acceso al crédito y las nuevas modalidades de endeudamiento también aparece en el municipio gobernado por Lucas Ghi. En Morón se creó un Programa Municipal de Abordaje del Sobreendeudamiento de Usuarios y Consumidores, que contempla mediación, educación financiera y articulación con organismos de defensa de los consumidores. En Hurlingham, conducido por el camporista Damián Selci, la OMIC comenzó a brindar asesoramiento gratuito a vecinos endeudados y a orientar sobre sus derechos frente a cobranzas y prácticas de hostigamiento.
En Bragado, la respuesta también se canalizó a través de la OMIC. En el municipio dirigido por el peronista Sergio Barenghi, el organismo comenzó a intervenir frente a situaciones vinculadas con financieras, cobranzas y tasas consideradas abusivas. En el territorio del también peronista Rodrigo Aristimuño, Coronel Rosales, se presentó una iniciativa para crear un espacio específico de asesoramiento financiero dentro de la OMIC, con orientación para refinanciar deudas y herramientas de educación financiera.
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Reclamar más arriba
No todos los municipios optaron por crear programas propios. En algunos casos, los Concejos utilizan sus herramientas legislativas para reclamar respuestas a la Nación o la Provincia.
En Azul, el Concejo aprobó una resolución impulsada por el radical Agustín Puyou para reclamar al Congreso el tratamiento de un régimen de protección de usuarios financieros y prevención del sobreendeudamiento. La discusión en el municipio dirigido por el peronista Nelson Sombra se apoyó en datos locales de morosidad y en el crecimiento de las consultas por deudas en la OMIC.
En Marcos Paz, donde conduce el pejotista Ricardo Curutchet, el Concejo aprobó una resolución de adhesión al proyecto nacional denominado Régimen Esencial para el Desendeudamiento de las Familias Argentinas (RED). La iniciativa vinculó el crecimiento de las deudas con la pérdida de poder adquisitivo.
En el territorio radical de Tandil, la discusión llegó al recinto a través de la Banca 21, donde se presentó una propuesta para declarar la emergencia por endeudamiento familiar y generar medidas de alivio. El planteo en el municipio dirigido por Miguel Lunghi incorporó así una vía de participación ciudadana a un debate que habitualmente queda limitado a los bloques políticos.
El caso de Lomas de Zamora incorpora otra dimensión. En las tierras gobernadas por Federico Otermín, el Concejo aprobó pedidos de informes al Banco Central y a la Agencia de Acceso a la Información Pública para conocer la evolución del endeudamiento y la mora y para investigar presuntas prácticas de cobranza extrajudicial de billeteras virtuales. El debate mostró además posiciones contrapuestas: desde el oficialismo se cuestionaron prácticas consideradas abusivas, mientras que desde La Libertad Avanza se defendió el acceso al crédito y se atribuyó parte del problema al endeudamiento provincial.
Un problema, dos lecturas
El relevamiento muestra que el crecimiento del endeudamiento familiar ya forma parte de las discusiones políticas locales, pero no existe un diagnóstico compartido sobre sus causas ni sobre la responsabilidad que debe asumir el Estado. Mientras la oposición al Gobierno de Javier Milei plantea que las familias se endeudan porque sus ingresos ya no alcanzan para cubrir gastos básicos y reclaman herramientas de asistencia, prevención y regulación, desde sectores vinculados al oficialismo nacional y a La Libertad Avanza aparece otra lectura: la deuda es, ante todo, una decisión individual y quienes toman créditos deben asumir la responsabilidad por sus compromisos.
La diferencia no es menor. Buena parte de las iniciativas relevadas parte de una premisa: el crédito dejó de estar asociado únicamente a la compra de bienes o al consumo excepcional y comenzó a utilizarse para pagar alimentos, servicios, medicamentos, alquileres o incluso cancelar deudas anteriores. Desde esta perspectiva, el sobreendeudamiento no puede analizarse solamente como un problema de conducta financiera individual, sino también como una consecuencia de la pérdida de ingresos y del deterioro de la capacidad de las familias para sostener sus gastos cotidianos.
Esa discusión también atravesó los Concejos Deliberantes. En Lomas de Zamora, por ejemplo, mientras desde el oficialismo se cuestionaron prácticas de cobranza consideradas abusivas y se reclamó información sobre el crecimiento de la mora, desde La Libertad Avanza se defendió el acceso al crédito como una herramienta disponible para las familias y se atribuyó parte del endeudamiento a la situación financiera de la Provincia. Las dos posiciones terminaron acompañando los pedidos institucionales, pero con lecturas diferentes sobre el origen del problema y el rol del Estado.
La «estabilidad» y el superávit que festeja el gobierno de Milei son una ficción que se sostiene ahogando y endeudando el bolsillo de las familias trabajadoras.
Este proyecto ofrece un alivio real frente a la trampa de la usura, reactivando los Créditos ANSES con tasas justas y… https://t.co/psq9STmP03
— Sofi Vannelli (@SofiaVannelli) August 11, 2026
En Magdalena, un proyecto para crear un Programa Municipal de Educación Financiera y Desendeudamiento Familiar fue rechazado por seis votos contra seis y el doble voto de la Presidencia. El oficialismo radical, representado por concejales que responden al intendente Lisandro Hourcade, y LLA cuestionaron la implementación, los recursos necesarios y la falta de participación del Ejecutivo, mientras que el peronismo y el vecinalismo defendieron la capacidad del Concejo para establecer políticas frente a una problemática que consideran de carácter colectivo.
En Balcarce, una propuesta para crear un programa municipal de protección, asesoramiento y conciliación para hogares sobreendeudados tampoco fue aprobada. El proyecto había sido impulsado desde el peronismo y planteaba que el municipio, liderado por el también radical Esteban Reino, debía intervenir frente a una situación que, según sus promotores, excede las decisiones individuales porque muchas familias recurren al crédito para afrontar necesidades básicas.
Los casos relevados muestran así que la discusión municipal no se limita a determinar qué herramienta utilizar, sino que pone en juego dos concepciones diferentes sobre el endeudamiento. Una lo aborda como un problema individual vinculado con las decisiones de cada consumidor; la otra lo interpreta como un fenómeno económico y social que se profundiza cuando los ingresos no alcanzan para sostener la vida cotidiana y que, por lo tanto, requiere algún nivel de intervención estatal.
En ese cruce, los Concejos Deliberantes se convirtieron en un nuevo escenario de una discusión que ya atraviesa al Congreso, la Legislatura bonaerense y las organizaciones sociales: si el endeudamiento es principalmente una responsabilidad individual o si también expresa un problema colectivo que obliga al Estado a intervenir para evitar que el crédito se convierta en la única vía para llegar a fin de mes.
MES/CM
