La decisión del Gobierno de prohibir el ingreso de periodistas acreditados a la Casa Rosada escaló en el plano judicial. La diputada nacional Marcela Pagano denunció penalmente a Javier Milei y a parte de su gabinete por lo que definió como un hecho “inédito desde el retorno de la democracia” y acusó a la administración libertaria de avanzar en un esquema de restricciones contra la prensa.
La presentación alcanza también al jefe de Gabinete, Manuel Adorni; al secretario de Comunicación, Javier Lanari; y al jefe de la Casa Militar, Sebastián Ibáñez. Según el escrito, la medida del 23 de abril —que incluyó la inhabilitación de huellas digitales para impedir el acceso— vulnera garantías constitucionales y configura delitos penales.
En paralelo, el propio Presidente celebró públicamente la denuncia previa contra periodistas de TN y los calificó como “basuras repugnantes” y “delincuentes”, un elemento que en la presentación judicial es señalado como parte de un clima de “intimidación pública”.
NOL$ALP.
Ser corruptos, ensobrados y violar las leyes de seguridad no es gratis. Algún día las basuras inmundas periodistas (95%) tendrán que entender que no están por encima de la ley. Abusaron de la jurisprudencia. No es gratis.
CIAO! https://t.co/huXibNRSgD— Javier Milei (@JMilei) April 23, 2026
Una denuncia que apunta a delitos y pide frenar la medida
En su escrito, Pagano sostuvo que la prohibición de ingreso a la Casa Rosada constituye una violación directa a la libertad de prensa y al principio de publicidad de los actos de gobierno. La denuncia encuadra los hechos en una serie de delitos: abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, impedimento del ejercicio de un derecho y actos discriminatorios, entre otros.
Además, cuestionó los argumentos del Ejecutivo, que justificó la medida en una supuesta investigación por “infiltración rusa” en medios y en una causa penal contra los periodistas Luciana Geuna e Ignacio Salerno por la difusión de imágenes tomadas dentro de la Casa de Gobierno.
Para la diputada, esos fundamentos son “jurídicamente inconsistentes” y no habilitan la restricción generalizada al acceso de la prensa. En esa línea, la presentación advierte que utilizar una investigación en curso como argumento para bloquear el ingreso de todos los periodistas implica un mecanismo de “responsabilidad colectiva” incompatible con la Constitución.
El texto también remarca que la medida se aplicó sin acto administrativo formal, sin notificación previa y sin posibilidad de defensa, lo que —según sostiene— agrava su ilegalidad.
Entre los pedidos a la Justicia, Pagano solicitó el cese inmediato de la prohibición, la restitución de las acreditaciones, informes oficiales sobre cómo se tomó la decisión y la preservación de registros internos vinculados a las inhabilitaciones del 6 y el 23 de abril.
De la denuncia a TN al cierre total
La presentación judicial reconstruye una cadena de hechos que desembocó en la restricción total del ingreso a la prensa. El punto de partida es la denuncia de la Casa Militar del 22 de abril contra periodistas de TN por supuesta revelación de secretos, tras la difusión de un informe grabado con anteojos inteligentes dentro de la Casa Rosada.
Al día siguiente, el Gobierno decidió impedir el acceso a todos los periodistas acreditados y deshabilitar sus huellas digitales. Según trascendió de fuentes oficiales, la medida fue adoptada “de manera preventiva” por la investigación en curso.
Sin embargo, el escrito sostiene que la Sala de Periodistas funcionó de manera ininterrumpida desde 1983, incluso durante gobiernos de facto, y que la decisión marca una ruptura sin precedentes en la relación entre el Estado y la prensa.
Además, vincula esta medida con un antecedente reciente: la restricción selectiva aplicada el 6 de abril contra periodistas de Ámbito Financiero, Tiempo Argentino, La Patriada, A24 y El Destape, en el marco de otra investigación por presunto financiamiento extranjero.
“Un patrón sistemático”: el eje político de la denuncia
Más allá del episodio puntual, la denuncia plantea un diagnóstico más amplio. Según el escrito, los hechos no son aislados sino que forman parte de un “patrón sistemático de hostigamiento institucional contra la prensa independiente”.
En ese marco, enumera una serie de medidas adoptadas desde diciembre de 2023: el cierre de Télam, la eliminación de la pauta oficial con esquemas alternativos de financiamiento, el endurecimiento del sistema de acreditaciones en Casa Rosada y lo que define como un discurso presidencial estigmatizante hacia periodistas.
También menciona campañas de descrédito en redes sociales y advierte sobre el impacto en indicadores internacionales de libertad de prensa.
En su publicación en X, Pagano reforzó ese planteo: “La Casa Rosada no es propiedad privada y mucho menos un mandatario ni sus funcionarios esbirros pueden decidir si a dicho edificio puede acceder la prensa”. Y agregó: “No nos van a callar”.
Denuncie penalmente al presidente @JMilei por impedir el ingreso a periodistas acreditados en Casa Rosada, en un hecho inédito desde el retorno de la democracia. La Casa Rosada no es propiedad privada y muchos menos un mandatario ni sus funcionarios esbirros pueden decidir si a… pic.twitter.com/ecSMtM6lnY
— Marcela Pagano (@Marcelampagano) April 23, 2026
El caso quedó ahora en manos de la Justicia federal, que deberá resolver sobre la validez de la medida y los pedidos urgentes planteados en la denuncia. Mientras tanto, el conflicto entre el Gobierno y el sistema de medios sumó un nuevo capítulo con impacto institucional.
JD/CM
