El Gobierno de Javier Milei fue denunciado penalmente por el accionar de las fuerzas de seguridad durante la represión del jueves 15 de octubre frente al Congreso, en el marco de la Marcha Federal Universitaria y de la movilización contra el DNU 70. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó la demanda contra el Comando Unificado de seguridad nacional y porteño, al considerar que los efectivos intervinientes “excedieron los límites de la normativa vigente en el uso de la fuerza”.
En la misma semana se el organismo pidió determinar las responsabilidades de los funcionarios políticos, los mandos jerárquicos y los integrantes de las fuerzas que participaron del operativo. La CPM solicitó que se investiguen posibles delitos de estrago, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, además de requerir medidas para preservar pruebas y reconstruir cómo se organizó y ejecutó el despliegue represivo.
La denuncia comprende el accionar de la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. El organismo sostuvo que las conductas denunciadas deben ser investigadas para establecer si las fuerzas actuaron por fuera de las disposiciones legales que regulan el uso de la fuerza pública.
La CPM encuadró los hechos en tres figuras penales. Por un lado, planteó la posible comisión del delito de estrago, en relación con el despliegue de gases lacrimógenos, postas de goma y camiones hidrantes durante el operativo. Por otro, señaló posibles responsabilidades por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en función de las órdenes que habrían recibido los efectivos y de la actuación de sus superiores.
La denuncia sostiene que la intervención de las distintas fuerzas presentó un nivel de coordinación que, a criterio del organismo, requiere investigar la cadena de mando. En ese sentido, advirtió que las acciones habrían sido ordenadas y ejecutadas por superiores jerárquicos con conocimiento de que el ejercicio de la coerción podía desarrollarse por fuera del marco normativo.
“Tales conductas ostentan una coordinación que permite establecer que sus acciones fueron ordenadas y ejecutadas por superiores jerárquicos con conocimiento y voluntad del ejercicio de la coerción por fuera del marco normativo e incumpliendo con los compromisos internacionales suscriptos por la República Argentina”, señaló la presentación.
El planteo no se limita, por lo tanto, a la conducta individual de los efectivos que estuvieron en la calle. También apunta a determinar qué instrucciones recibieron, qué autoridades intervinieron en su elaboración y si existieron decisiones que vulneraron las normas nacionales y los compromisos internacionales vinculados con el uso de la fuerza durante manifestaciones públicas.
La intervención policial se desplegó mientras se desarrollaba la movilización frente al Congreso. De acuerdo con la reconstrucción incluida en la denuncia, cerca de las 15 del jueves comenzaron a avanzar cientos de efectivos de la Policía Federal y de Gendarmería sobre sectores de los manifestantes.
El operativo provocó que los dirigentes universitarios interrumpieran los discursos que pronunciaban desde un escenario instalado frente al Palacio Legislativo. Posteriormente, se produjo la desconcentración de la movilización, en un contexto marcado por el uso de elementos antidisturbios y la dispersión de los presentes.
La Comisión Provincial por la Memoria informó que 550 personas resultaron heridas o afectadas por gases lacrimógenos, gas pimienta y postas de goma, y que debieron recibir atención en el lugar. Además, denunció que al menos seis personas fueron detenidas arbitrariamente por efectivos de la Policía de la Ciudad durante la desconcentración.
Esos datos forman parte de los elementos que el organismo busca incorporar a la investigación judicial. La determinación de las circunstancias en las que se produjeron las lesiones, el alcance de la intervención de cada fuerza y las condiciones en las que se concretaron las detenciones serán algunos de los aspectos centrales para establecer eventuales responsabilidades.
Entre las principales medidas solicitadas, la CPM pidió a los ministerios de Seguridad de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires que entreguen la nómina del personal que participó del operativo, con el detalle de la cantidad de efectivos por fuerza y de los recursos utilizados. El requerimiento incluye armamento, vehículos y otros instrumentos empleados durante la intervención.
También reclamó copias de las instrucciones impartidas por los mandos superiores a través de las comunicaciones de radio policial. El objetivo es reconstruir la secuencia de decisiones, identificar a los responsables de las órdenes y establecer si las directivas impartidas se ajustaron a los protocolos vigentes.
Otro de los puntos de la presentación está vinculado con los registros fotográficos y audiovisuales obtenidos durante la protesta. La comisión pidió información sobre los policías que filmaron o fotografiaron a los manifestantes y sobre la existencia de órdenes judiciales que pudieran haber autorizado esos procedimientos.
Además, solicitó que la recopilación de pruebas, testimonios y videos de los comercios de la zona quede en manos de agentes del juzgado o de la fiscalía interviniente, y no de las mismas fuerzas de seguridad denunciadas. El planteo busca garantizar que la obtención y preservación del material probatorio se realice bajo supervisión judicial.
La denuncia también requiere al Gobierno porteño copias de todas las grabaciones de los domos y las cámaras de seguridad ubicados en el perímetro comprendido por las avenidas Rivadavia, Callao, Entre Ríos, Hipólito Yrigoyen y Avenida de Mayo, hasta Plaza de Mayo. El pedido establece una franja horaria que va desde las 12 hasta las 21 del jueves 15 de octubre. La intención es contar con imágenes que permitan reconstruir el desarrollo de la movilización, los movimientos de las fuerzas de seguridad, los episodios de violencia denunciados y las circunstancias en las que se produjeron las detenciones.
Por último, la CPM solicitó informes a la Defensoría General de la Nación y al Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) sobre las posibles denuncias recibidas y los registros de personas heridas durante la jornada. También pidió un listado de todas las atenciones médicas realizadas.
La documentación requerida podría aportar información para contrastar los testimonios de los manifestantes con los registros oficiales y las imágenes del operativo.
La denuncia abre una nueva instancia de cuestionamiento judicial sobre el accionar de las fuerzas de seguridad durante las protestas contra las políticas del Gobierno nacional. Ahora, la investigación deberá establecer si existieron conductas penalmente relevantes, cuáles fueron las responsabilidades individuales y jerárquicas y si las órdenes impartidas durante el operativo se ajustaron a la legislación vigente.
AL/CM
