La Plaza Congreso se convirtió este jueves en escenario de una jornada de tensión que combinó el reclamo por la educación pública con un operativo policial que terminó con gases lacrimógenos, balas de goma, camiones hidrantes y manifestantes heridos. Pasadas las 15.30, cuando la Marcha Federal Universitaria todavía reunía a organizaciones estudiantiles, sindicatos y agrupaciones políticas, las fuerzas de seguridad avanzaron sobre un sector de la concentración y desplegaron un operativo de dispersión que se extendió por las inmediaciones del Parlamento hasta las 19.
El procedimiento involucró a la Policía Federal Argentina (PFA), la Gendarmería Nacional y la Policía de la Ciudad. Los efectivos utilizaron gases lacrimógenos y gas pimienta, mientras los camiones hidrantes avanzaban hacia los manifestantes que permanecían cerca de las vallas. También hubo disparos de balas de goma y enfrentamientos en distintos puntos de la zona, en particular sobre las avenidas Rivadavia y Entre Ríos y en el cruce de Rivadavia y Callao.
La secuencia comenzó cuando un grupo de manifestantes, algunos de ellos encapuchados, arrojó piedras y otros proyectiles contra el perímetro custodiado por las fuerzas de seguridad sin que intentaran reducirlos. También se registraron destrozos de volquetes, baldosas y bancos de cemento de la plaza. La respuesta policial incluyó la aplicación del protocolo antipiquetes y el avance sobre quien se encontrase en las inmediaciones.
En medio de los incidentes, testigos y participantes de la movilización advirtieron que las personas que iniciaron los disturbios no pertenecían a las columnas universitarias. “No son de los nuestros”, señalaron algunos estudiantes. La presencia de hombres encapuchados y las imágenes registradas por los canales de televisión alimentaron las denuncias cruzadas sobre posibles infiltrados.
Uno de los episodios más graves ocurrió durante la cobertura periodística. El fotógrafo Guido Piotrkowski, de Página/12, registró el momento en que un efectivo de la Policía Federal salió detrás de una valla, le apuntó y disparó mientras documentaba el operativo. El reportero gráfico recibió un impacto de bala de goma en el pecho, mientras que otro trabajador de prensa resultó herido en una pierna.
“Salieron de atrás de las vallas y empezaron a disparar, yo estaba sacando fotos y nos tiraron. Me pegaron en el pecho, a otro compañero en la pierna, pero nos apuntaron directo. Eran balines de goma”, relató Piotrkowski. Después de los disparos, los periodistas también quedaron expuestos a los gases lacrimógenos y debieron retroceder para alejarse de la zona.
Otra trabajadora de un medio comunitario recibió múltiples impactos de balas de goma. Tenía al menos siete heridas en distintas partes del cuerpo y debió ser atendida en un hospital. También se reportaron agresiones contra otros integrantes de equipos periodísticos que cubrían los enfrentamientos.
Las consecuencias del operativo alcanzaron incluso el interior del Congreso. El diputado Esteban Paulón presentó un pedido de informes después de denunciar que los cartuchos de gas lacrimógeno llegaron al Palacio Legislativo y al Anexo, donde afectaron a empleados y legisladores. Diputados de Unión por la Patria que intentaron acercarse a la plaza para intervenir ante la represión también reportaron dificultades para desplazarse por los pasillos de salida del edificio, debido a la cortina de humo provocada por los gases.
La cantidad de detenidos y heridos varió según las fuentes consultadas durante la jornada. La Policía de la Ciudad informó que había detenido a seis personas: dos adolescentes de 14 y 17 años y cuatro adultos —tres hombres y una mujer—, imputados por atentado y resistencia a la autoridad. Otros reportes difundieron cifras diferentes, de entre seis y más de 30 personas detenidas, mientras que organizaciones y referentes sociales denunciaron arrestos arbitrarios. Entre los detenidos había menores de edad que, de acuerdo con algunas de esas versiones, fueron liberados posteriormente.
Los datos sanitarios también reflejaron las consecuencias del operativo. Según un parte del SAME un hombre fue asistido en el lugar sin necesidad de traslado. Además, dos mujeres adultas requirieron atención: una de 57 años, con sospecha de accidente cerebrovascular, fue derivada al Hospital Ramos Mejía; la otra presentó dificultades respiratorias y se solicitó una ambulancia para su evaluación.
Una de las manifestantes describió los efectos de los gases y los proyectiles durante el avance policial. “Me cayó la cosa del gas en la cabeza, no sé cómo estoy, tengo que ir al hospital”, contó Andrea ante los móviles que cubrían la movilización.
Por su parte, fuentes policiales informaron que dos efectivos de la Policía Federal habían resultado heridos. El Gobierno también denunció daños materiales y sostuvo que ocho agentes sufrieron lesiones por piedrazos, una cifra difundida en el marco de las declaraciones oficiales sobre los incidentes.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, defendió el accionar de las fuerzas y sostuvo que “los mismos violentos de siempre quieren imponer el caos”. En la misma línea, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, calificó a los involucrados en los disturbios como “delincuentes y zurdos infiltrados que no les interesa la educación” y afirmó que los daños al mobiliario público alcanzaron los 90 millones de pesos.
El Gobierno, además, impulsó denuncias penales contra los detenidos por presuntos delitos de atentado al orden constitucional, atentado a la autoridad y daño agravado. Desde las organizaciones convocantes, en cambio, señalaron que la violencia de un grupo reducido no representaba el carácter de la protesta y cuestionaron el alcance del operativo policial sobre el conjunto de los manifestantes.
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