Este miércoles a las 12, las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda de Diputados deben firmar dictamen, tal como quedó establecido en el emplazamiento que votó la oposición hace dos semanas. Del lado opositor, la iniciativa para prorrogar un año más la Emergencia en Discapacidad vigente hasta el 31 de diciembre ya cuenta con las firmas de Unión por la Patria, Provincias Unidas, Defendamos Córdoba, Argentina Federal, el Frente de Izquierda, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y Primero San Luis: un frente amplio que, si el oficialismo no logra torcerlo, puede imponer su propio dictamen de mayoría.
El oficialismo llega a esa cita bajo presión por partida doble. Por un lado, negocia contrarreloj con sus aliados para presentar una alternativa propia que aún no deja filtrar su contenido. Por otro, todavía no logra cerrar la herida que abrió el Presupuesto 2027, cuyo Capítulo VI incluyó -sin que lo supieran ni los diputados libertarios ni la jefa del bloque en el Senado, Patricia Bullrich– la eliminación del nomenclador universal de prestaciones, la vuelta al esquema de pensión por invalidez laboral y la derogación de varios artículos de la Ley 27.793.
En medio de ese cuadro, este lunes renunció el secretario nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches. La nota, dirigida al Ministerio de Salud, Mario Lugones, invocó «cuestiones personales», pero la salida llega apenas dos semanas después de que el funcionario asegurara ante la Comisión de Discapacidad que «el Gobierno estaba cumpliendo» con el pago en tiempo y forma de las pensiones, una afirmación que el propio Presupuesto contradijo pocos días después.
El dictamen «superador» de LLA
Para evitar una derrota en comisión, la bullrichista Laura Rodríguez Machado trabaja codo a codo con Martín Menem en un texto alternativo, negociado con el PRO de Cristian Ritondo y la UCR de Pamela Verasay. Según pudo reconstruir La Pluma, ese proyecto mantendría la universalidad del nomenclador, algo que el Presupuesto había eliminado, aunque con una actualización por IPC cada dos meses en lugar de la mensual vigente hoy. También contemplaría cambios en los requisitos para acceder a una pensión, de modo que ya no alcance solamente con el Certificado Único de Discapacidad, pero modificaría el punto más resistido del texto original: la incompatibilidad absoluta entre la pensión y el empleo formal, que finalmente sería compatibilizada.
Pase lo que pase el próximo miércoles, desde LLA sí dejaron en claro a este medio que de lo que estaban seguros es que no acompañarían una prórroga de la emergencia vigente hasta la fecha, como propone la oposición.
Desde el bloque de Ritondo confirmaron a La Pluma que mantienen el diálogo con el oficialismo «para obtener respuestas sobre algunos aspectos vinculados con la implementación de la ley vigente» y remarcaron dos condiciones que consideran innegociables: sostener la actualización automática del nomenclador y cumplir con el pago de las compensaciones adeudadas a los prestadores, un reclamo que el PRO y la UCR vienen sosteniendo desde la sesión del 9 de septiembre. El capítulo polémico del Presupuesto sería directamente retirado cuando llegue su turno de debate, y el Poder Ejecutivo -puntualmente el Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo– tiene hasta este martes para darle el visto bueno final al texto que se llevará a comisión.
Vilches, el funcionario del trabajo sucio, se bajó a horas de la firma
En medio de esa negociación, este lunes renunció el secretario nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches, apenas un día antes de cumplir 13 meses al frente del área. Adujo «cuestiones personales», pero su salida cierra un capítulo bien específico dentro de la gestión libertaria.
Vilches había llegado el 22 de agosto de 2025, por el decreto 601/2025, como interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en medio del escándalo por la renuncia de Diego Spagnuolo, señalado por presunta corrupción a partir de la filtración de audios en los que se lo escucha hablar de un 3% de retorno en compras y contrataciones que, según esas grabaciones, alimentaba una recaudación paralela vinculada a Karina Milei. La causa todavía se investiga en la Justicia Federal. La misión de Vilches fue, en ese contexto, hacer el trabajo que nadie más quería hacer: primero normalizar un organismo bajo sospecha y después directamente disolverlo, quitándole autonomía para crear en su lugar la Secretaría Nacional de Discapacidad dentro del Ministerio de Salud, cargo que asumió el 4 de febrero de este año y que ejerció seis meses y dos semanas.
El funcionario se fue apenas 19 días después de haber ido a exponer a la Comisión de Discapacidad, el 2 de septiembre, donde presentó a todo su equipo y defendió la gestión con una batería de datos: una revalorización de entre el 24% y el 34% a los prestadores, la puesta en marcha en 2026 de un aumento automático y retroactivo por IPC, un convenio con el RENAPER que detectó 178.254 Certificados Únicos de Discapacidad de personas fallecidas -sin que eso implicara, aclaró, que estuvieran cobrando pensiones-, y más de 14 mil auditorías para depurar el padrón. En esa misma reunión fue la directora Nacional de Gestión y Asignación de Apoyos, María Florencia Moreira Cinat, quien quedó a cargo de responder por la polémica de fondo que nunca terminó de resolverse: la deuda acumulada con los prestadores, sobre la que informó una «depuración histórica» de 650 mil expedientes pero sin una respuesta concreta sobre cuándo se regularizarían los pagos atrasados.
Ese mismo funcionario que había asegurado ante los diputados que «el Gobierno estaba cumpliendo» quedó desautorizado días después por el propio Presupuesto 2027, que proponía exactamente lo contrario a lo que él había ido a defender. Renunció 48 horas antes de que esa misma comisión llegue a la firma del dictamen, sin que en el oficialismo hayan aclarado si llegó a conocer los cambios que Rodríguez Machado y Menem negocian para bajarle el tono a la crisis, o si ya los conocía y decidió no quedarse a bancarlos. Los próximos días avecinan que la interna podría seguir agrandándose.
Bullrich profundiza el cruce con Santilli
Una interna que, mientras tanto, no da tregua. Patricia Bullrich volvió a cuestionar en LN+ al jefe de Gabinete, Diego Santilli, a quien acusó de faltar a la verdad al sostener que los cambios en discapacidad sí se habían discutido en la Mesa Política del Gobierno. «No es correcta» esa versión, sostuvo la senadora, y repitió el reclamo que ya había hecho la semana pasada: «Que no me tomen por tonta«. Según contó, ella se enteró del contenido del Capítulo VI recién cuando revisaron el texto ya enviado al Congreso, y calificó lo ocurrido como «una provocación más» del sector económico del Gobierno.
Puertas adentro de su entorno leen esas diferenciaciones en clave electoral: apuntan a recuperar al votante del PRO que en el balotaje de 2023 se había inclinado por Milei y que, según encuestas que circulan en el bullrichismo, empieza a mostrar desencanto con el Gobierno, con el tema discapacidad entre los principales motivos. El dato llega, además, en un momento especialmente favorable para la senadora: una encuesta reciente ya la mostraba con mejor imagen que Milei y con mayor potencial de crecimiento que el resto de la dirigencia libertaria, un dato que no es ajeno al video musicalizado con un tema de Lali Espósito con el que había buscado diferenciarse días atrás.
JD/CM
