El Gobierno frenó por el momento su proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, conocido como Ley Malvinas, al postergar una semana el plenario de comisiones donde planeaban dictaminarlo. El motivo no está confirmado oficialmente y circulan tres explicaciones que se superponen: la más impactante surge de un reclamo de Estados Unidos para que las sanciones no alcancen a sus empresas; Sin embargo, en el oficialismo señalan la falta de acuerdo con los aliados dialoguistas sobre otros capítulos del texto y una agenda legislativa saturada.
El plenario de las comisiones de Defensa, Relaciones Exteriores y Legislación Penal, que presiden los libertarios Carlos Zapata, Juliana Santillán y Laura Rodríguez Machado, estaba previsto para este martes 20 y se reprogramó para el martes 27. El proyecto, de esta manera, tampoco entra en la sesión de este miércoles, como auguraba Martín Menem. Es la segunda semana consecutiva sin acuerdo con los aliados.
El Gobierno había enviado el texto en septiembre, después de que Milei anunciara en Cadena Nacional sanciones más duras y procedimientos contra 45 personas y empresas, en el marco de su ofensiva contra el proyecto petrolero Sea Lion, que operan la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration al norte del archipiélago. Argentina también pidió ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar que lo frene de manera provisoria.
Lo que cambió en las últimas dos semanas, es que el mismo proyecto empezó a tener costos con el principal aliado internacional del Gobierno, el mismo Donald Trump que con una sola frase sobre la posibilidad de revisar su posición sobre la causa Malvinas había disparado una euforia oficialista que derivó en la cadena nacional, tuits con un giro «nacionalista» de Santiago Caputo, y este proyecto en cuestión en el Parlamento.
El reclamo de Washington y la falta de respuestas en Casa Rosada
Un artículo del diario Clarín de este fin de semana advirtió que la principal inquietud que llegó desde la Casa Blanca no es el reclamo argentino por la soberanía sino el contenido de la ley. Las penas del proyecto alcanzan no solo a las firmas que operan en Malvinas sino también a filiales, intermediarios financieros, accionistas y proveedores. El diario pone un ejemplo: un fondo como BlackRock, con inversiones en una empresa que opere en el Atlántico Sur, podría ser multado.
«Vemos que la ley va a afectar a empresas de Estados Unidos, estamos en contacto con ellas y han recibido notificaciones. Nuestro interés es que no sean afectadas», señalaron funcionarios de Washington citados por dicho medio.
La Casa Blanca habría planteado dos caminos para desandar lo que llaman «el malentendido»: congelar el proyecto, que sería su opción óptima, o modificarlo para limitar las sanciones y dejar exentas a las empresas norteamericanas. Esto implicaría un costo político para la Casa Rosada y, aún así, nadie lo confirma oficialmente en el Ejecutivo.
Asimismo, la suspensión del plenario llegó después de que empresas norteamericanas y cámaras empresarias de ese país expresaran preocupación por el impacto sobre sus inversiones.
La versión ya tiene desmentidos. Santiago Caputo, mentor del proyecto, negó que haya habido un pedido de Washington. Y el canciller, Pablo Quirno, rechazó en X el informe de Clarín sobre la presión empresarial.
En el oficialismo ofrecen otra explicación. Desde el entorno libertario atribuyeron a La Pluma la postergación a una agenda legislativa saturada y evalúan una sesión la semana próxima con tres temas: biocombustibles, la reforma de la Carta Orgánica del BCRA y la Ley de Defensa de la Soberanía. También reconocen que el proyecto podría sufrir modificaciones, especialmente en el artículo 111, el que sancionaba con duras penas un delito poco detallado de «campañas de desinformación», que generó la sugestión de todos los bloques, incluso los aliados.
Un legislador opositor lo planteó sin vueltas. «Mandó al Congreso un proyecto de ley para endurecer las sanciones a las empresas que roben nuestro petróleo, pero desde Washington ya le mandaron a decir que no quieren que las sanciones alcancen a las suyas», dijo el radical Pablo Juliano, de Provincias Unidas.
La traba con los aliados: Consejo de Seguridad y el pedido de partir el proyecto
Mientras tanto, las diferencias con los dialoguistas existen, y no pasan por el capítulo de sanciones. La negociadora del Gobierno, la secretaria legal y técnica María Ibarzábal Murphy, rechazó reducir el proyecto a su primer capítulo, de 40 artículos, que es el que endurece las penas a las empresas y, en esa lectura, el único consenso posible.
Los aliados cuestionan, en cambio, la reforma de seguridad e inteligencia. El Consejo de Seguridad Nacional, que integrarían el Presidente, el jefe de Gabinete, los ministros de Defensa y Economía, la Secretaría Legal y Técnica y la SIDE, podría actuar ante ataques a «infraestructuras críticas», un concepto que está definido con mucha amplitud.
El MID reclama que la intervención de las Fuerzas Armadas en operaciones marítimas y aéreas tenga autorización del Congreso. «Insistiremos para que eventuales acciones bélicas adoptadas por el Consejo de Seguridad Nacional deben tener autorización del Congreso, tal como prevé la Constitución Nacional», dijo el desarrollista Eduardo Falcone, en alusión a la dictadura de Leopoldo Galtieri y la guerra de 1982.
El artículo 111 es otro punto abierto. Prevé hasta 12 años de prisión por supuesta injerencia informativa extranjera en campañas electorales, y la libertaria Silvana Giudici prometió cambios en diálogo con La Pluma. También falta definir la autoridad de aplicación, que el libertario Damián Arabia se comprometió a revisar, la participación de provincias y municipios y el régimen de sanciones penales.
El Ejecutivo aceptó parte de los reclamos: propuso una comisión bicameral de seguimiento del Consejo de Seguridad Nacional y aceptó introducir cambios en el capítulo que modifica la Ley de Seguridad Interior. Los dialoguistas recibieron a comienzos de esta semana un nuevo borrador, pero el contexto internacional y el rechazo total de opositores alejan la posibilidad del dictamen.
Unión por la Patria y Provincias Unidas pidieron que el proyecto se divida entre la cuestión Malvinas y la reforma de inteligencia, seguridad, infraestructura crítica y desinformación. La Casa Rosada lo descartó.
El Comité de Descolonización
A esa trama se le sumó una novedad en la ONU. Estados Unidos pidió poner fin al mandato del Comité Especial de Descolonización, el foro donde Argentina reclama cada año por Malvinas, en un documento publicado el 15 de octubre en la Cuarta Comisión de la Asamblea General. El texto no menciona las islas y la disolución no es automática: la decide la Asamblea General.
Ese mismo día, la Casa Rosada ordenó a su delegación abstenerse en un proyecto ruso sobre las formas contemporáneas de colonialismo, que se aprobó con 85 votos a favor, 49 en contra y 23 abstenciones. Estados Unidos votó en contra.
El Gobierno no fijó una postura clara. No hay un comunicado oficial que explique la postergación o defina qué hará con el pedido de Washington en la ONU: las únicas respuestas fueron desmentidos de versiones, como los de Caputo y Quirno. Por su parte, el vocero Adrián Ravier dijo el lunes que cerrar el Comité «está en análisis«.
La oposición lo transformó en un argumento. «El principal aliado político de Javier Milei, Donald Trump, solicitó a través de su representante que se disuelva el Comité Especial de Descolonización», advirtió el diputado y excanciller Jorge Taiana. Los peronistas Agustina Propato y Germán Martínez presentaron un proyecto para exigirle al Gobierno que se pronuncie en contra.
JD/CM
