Distintos bloques de la oposición presentaron en Diputados un proyecto para prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2027 la Ley de Emergencia en Discapacidad, la misma norma que Javier Milei vetó en 2025, que el Congreso terminó ratificando y que la Justicia debió ordenar poner en marcha. La iniciativa, impulsada por el bonaerense Juan Marino (Unión por la Patria) junto a la cordobesa Natalia de la Sota, reúne las firmas de ocho espacios: Unión por la Patria, Provincias Unidas, Defendamos Córdoba, Innovación Federal, Frente de Izquierda, Encuentro Federal, Coalición Cívica y Primero San Luis.
La sumatoria de esos bloques está muy cerca de los 129 votos necesarios para abrir una sesión y, eventualmente, emplazar a la comisión de Discapacidad —hoy presidida por el oficialismo— a que dictamine, algo que ya ocurrió en más de una oportunidad durante los primeros dos años de la gestión libertaria. Sin embargo, el Gobierno de Milei tiene una alternativa: si el proyecto avanzara en ambas cámaras y se convirtiera en ley, cuenta con un bloque de diputados que supera el tercio necesario para blindar un veto presidencial, la misma herramienta que ya utilizó contra la ley original.
El proyecto, al que accedió La Pluma, tiene apenas tres artículos: extiende la emergencia declarada por la ley 27.793 en todo el país y aclara que sus efectos rigen desde el 1° de enero de 2027, aunque la promulgación llegara después, para evitar cualquier vacío entre el vencimiento de la norma actual y la entrada en vigencia de la prórroga. «La brevedad del texto es una definición política: la ley 27.793 está plenamente vigente, su ejecución no está sujeta a condición ni a requisito alguno, y este proyecto no viene a subsanar nada sino a extender el plazo de una emergencia que el desgobierno de Milei se ocupó de neutralizar durante la mayor parte de su vigencia», planteó Marino en el comunicado.
El texto que acompaña al proyecto detalla un cuadro de situación crítico. Según los legisladores, los pagos del programa Incluir Salud acumulan meses de atraso, al punto de que transportistas, escuelas especiales, centros terapéuticos, centros de día y hogares «denuncian que les resulta imposible subsistir y están al borde del cierre«. En los hogares donde viven personas con discapacidad sin apoyo familiar, que dependen exclusivamente del Estado, «falta la entrega de pañales y de medicación«, con «peligro inminente» de que esas instituciones cierren y sus residentes queden en la calle.
El comunicado también apunta contra la gestión de pensiones: sostiene que más de 200.000 personas con discapacidad esperan una, y que el propio Poder Ejecutivo reconoció ante la Cámara de Diputados haber otorgado apenas 2.995 en toda su gestión. A eso suman las críticas por la disolución por decreto de la Agencia Nacional de Discapacidad, que según los firmantes «complejizó y retrasó» el acceso a trámites y derechos, y por auditorías que derivan en «quitas indiscriminadas» de prestaciones.
Los impulsores del proyecto remarcaron que la ley 27.793 «existe porque las personas con discapacidad, sus familias, terapistas, prestadores, docentes y transportistas se movilizaron en todo el país», en referencia al proceso de 2025 en el que el Congreso terminó volteando el veto original de Milei. Prorrogarla, sostienen, es «la continuidad de esa conquista». El cronograma, de todos modos, es ajustado: la emergencia actual vence el 31 de diciembre de 2026, pero las sesiones ordinarias del Congreso terminan el 30 de noviembre, lo que deja apenas un puñado de semanas para que la iniciativa avance antes de que el beneficio caduque por el mero paso del calendario.
JD/CM
