La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) mantuvo este lunes una reunión con funcionarios del Ministerio de Salud para abordar la situación de las personas con discapacidad, sus familias y las instituciones que trabajan en el sector. El encuentro, que se extendió durante aproximadamente una hora, abrió una instancia de diálogo que tendrá continuidad en una próxima reunión, aunque desde la Iglesia aclararon que no hubo respuestas definitivas a los reclamos planteados. Tampoco foto del encuentro.
La reunión se produjo en un contexto de fuertes tensiones alrededor de las políticas de discapacidad y mientras el Gobierno busca avanzar con un nuevo esquema legal para reemplazar la emergencia vigente en el sector. Además, ocurre a poco más de un mes de la visita del papa León XIV a la Argentina, que incluirá una recorrida por el Cottolengo Don Orione, una institución dedicada a la atención de personas con discapacidad.
Al término del encuentro, María Baya Casal, coordinadora de la Mesa de Discapacidad constituida recientemente por la Conferencia Episcopal, destacó la posibilidad de haber establecido un canal institucional con las autoridades, aunque marcó que el diálogo recién comienza. “Se abre un espacio de diálogo entre la Conferencia Episcopal, el área de discapacidad, las familias, las personas, las organizaciones y el Ministerio de Salud. Eso es lo más importante. Quedamos en una próxima reunión”, explicó.
La representante de la Iglesia señaló que durante la reunión llevaron un documento con las principales inquietudes del sector. “Llevamos un escrito con nuestras inquietudes, se habló sobre el escrito, se plantearon posibles soluciones, caminos de rectificar o ratificar algunos actos”, detalló.
Sin embargo, Baya Casal remarcó que la delegación no se retiró con respuestas concretas sobre todos los reclamos. “No nos llevamos respuestas, nos llevamos tareas”, sintetizó. Según explicó, uno de los próximos pasos será ordenar y actualizar información para poder volver a presentarla ante las autoridades. “Tenemos que pasar en limpio algunos datos para poder entregar”, indicó.
Para la Iglesia, el valor principal de la reunión estuvo en haber conseguido abrir una mesa de conversación que permita incorporar a distintos actores vinculados con la discapacidad. En ese sentido, Baya Casal planteó la necesidad de ampliar la participación: “Nos gustaría que hubiera más referentes. Es un planteo que se hizo. Es un camino que recién empieza y tenemos que sostenerlo porque es por acá”.
El reclamo adquiere particular relevancia frente a las dificultades que atraviesan prestadores, instituciones, familias y personas con discapacidad. Uno de los puntos centrales planteados durante el encuentro fue el cumplimiento de la legislación vigente y la actualización de los valores correspondientes a las prestaciones.
“Hay incumplimientos de la ley vigente, de emergencia, que son reales. El Gobierno los acepta porque no se cumple en su totalidad esa ley”, sostuvo Baya Casal. La dirigente aclaró que, desde su perspectiva, el problema no se limita a una discusión política sobre el futuro del sistema, sino que también involucra obligaciones pendientes vinculadas con períodos anteriores.
En particular, señaló que el Estado debería comprometerse a afrontar las compensaciones correspondientes a las actualizaciones de los años 2023, 2024 y 2025. “Lo que se debe comprometer a pagar son las compensaciones, las actualizaciones del 23, 24 y 25, que es la deuda actual”, afirmó.
La cuestión económica se encuentra en el centro del conflicto que atraviesa al sistema de discapacidad. Las organizaciones del sector vienen reclamando que los aranceles contemplen el incremento de los costos y que se regularicen las diferencias acumuladas durante los últimos años. El Gobierno, en tanto, impulsa una reforma que busca modificar de manera permanente el funcionamiento del sistema una vez que finalice la emergencia vigente.
El oficialismo logró recientemente imponer en la Cámara de Diputados un dictamen de mayoría para avanzar con un proyecto denominado “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia permanente del sistema de Discapacidad”. La iniciativa obtuvo 42 firmas, mientras que la oposición reunió 36 adhesiones para una propuesta alternativa destinada a prorrogar la emergencia.
El proyecto oficial plantea garantizar la continuidad de las prestaciones y beneficios sociales, mantener la pensión no contributiva por discapacidad y establecer mecanismos de actualización. También contempla la universalidad del nomenclador y la homogeneidad de los aranceles, además de partidas presupuestarias específicas.
En este escenario, la Iglesia busca posicionarse como un actor de acompañamiento y no como una representación partidaria. “La Iglesia acompaña a las personas con discapacidad. Eso es la Iglesia. Nosotros no estamos para dar soluciones políticas”, reafirmó Casal.
La discusión también quedó atravesada por la próxima visita de León XIV. Aunque el viaje del pontífice fue mencionado en las conversaciones públicas posteriores, Baya Casal aclaró que durante la reunión con los funcionarios “no se habló puntualmente de eso”.
La visita, de todos modos, tendrá una fuerte dimensión social. El Papa tiene previsto visitar el Cottolengo Don Orione durante su estadía en el país, en noviembre, en un gesto que pondrá nuevamente en el centro de la agenda pública la situación de las personas con discapacidad y de las instituciones que trabajan con ellas.
Para Baya Casal, ese tipo de gestos puede contribuir a visibilizar una problemática que muchas veces permanece fuera de la agenda política, pero advirtió que no alcanza con las señales simbólicas. “El perfil social de la Iglesia es el mismo. Es un gesto y tenemos que trabajarlo. Con los gestos solos no alcanza”, sostuvo.
En esa línea, dejó una de las definiciones más críticas sobre el resultado del encuentro con el Gobierno: “Es un gesto, pero los gestos solos no alcanzan. Los gestos se traducen en realidades”. Y agregó: “De buenas intenciones está hecho el camino del infierno”.
La Iglesia considera que haber sido convocada representa una oportunidad para intervenir en una problemática que afecta a personas, familias, prestadores y organizaciones, pero reclama que esa apertura se traduzca en medidas concretas.
Mientras el Congreso se prepara para discutir el nuevo esquema de discapacidad impulsado por el Gobierno y las organizaciones mantienen sus reclamos, la Iglesia intenta consolidar un espacio propio dentro de la discusión.
AL/CM
