La media sanción de la Ley de Discapacidad en Diputados este miércoles dejó al colectivo sin una postura única. Valentina Bassi, activista y madre de un adolescente con autismo, reconoció a La Pluma que si bien «dimos un paso importante», también «falta mucho». Si bien esa es la postura cautelosa que mantuvieron desde las organizaciones, otros actores de la causa directamente no quedaron conformes con lo que se firmó.
Bassi detalló cómo el texto terminó incorporando casi todo lo que pidieron las organizaciones, pero marcó el límite de ese alivio: el aumento del 30% de la base del nomenclador quedó afuera, el Presupuesto 2027 sigue conteniendo artículos que contradicen la ley y, advirtió, que el antecedente es que el Gobierno combatió hasta ahora la ley de emergencia.
Un caso puntual entre quienes rechazan la maniobra en Diputados fue en Córdoba, donde la Mesa de Discapacidad, ATI (Asamblea de Trabajadores de la Inclusión), la Federación Converger, el Colectivo 3 de Diciembre y la Cámara de Prestadores de Discapacidad (Capredis) se quejaron de que el sector no fue convocado al debate, siguieron pidiendo la prórroga de la emergencia y desconfían de que el Gobierno cumpla la futura ley, según informó el portal La Voz. Esa es la justificación que esgrimieron los diputados cordobeses por su voto en contra de una ley que obtuvo 237 votos positivos, sólo 9 en contra y 4 abstenciones.
Para esa votación, el oficialismo aceptó casi todos los cambios que pedían los aliados y el peronismo, y el texto pasó al Senado. Lo que se discute ahora es qué hará cada sector con una ley que muchos no querían, pero que terminaron negociando.
«Dimos un paso»: la ley todavía no genera confianza en el colectivo
«Nosotros queríamos la prórroga de la emergencia en discapacidad porque estamos en emergencia, no se cumple la ley en su totalidad», explicó Bassi a La Pluma. Según argumentó, se cumplen «dos o tres artículos» y solo porque hay «una sentencia judicial encima». «Hay que hacer un amparo colectivo por cada artículo, esperar los tiempos de la Justicia y recién ahí ve si la quiere cumplir, y la empieza a cumplir mal, desprolijamente y a destiempo», describió.
Su postura sobre el proceso fue crítica: «Si el Gobierno quería un proyecto superador, lo tenés que hacer durante el año, escuchando a las organizaciones y a las provincias, y no en tres días, a la espalda de la gente, de las personas con discapacidad, todo apurado y de noche». La prórroga, reconoció, no tenía los votos. «Fue ahí cuando empezaron a hablar con los aliados para explicarles que el proyecto oficialista no era superador y que esa ley era regresiva. Nuestra base era la ley de emergencia en discapacidad, no podíamos tener menos».
Según Bassi, en el transcurso del miércoles se dieron cuenta de que aceptaban todas las demandas de las instituciones, los familiares y las personas con discapacidad. «Dimos un paso. Un paso importante. Porque ahora es una ley oficialista, votada con una contundencia increíble. Y es más difícil vetarla», afirmó. Y agregó que «celebrar es una palabra que significa demasiado», pero que a la amplia mayoría «nos da un poco de oxígeno».
Lo que quedó afuera es el aumento del 30% de la base del nomenclador, el valor que fija las prestaciones. «Se logró modificar todo lo que pedimos, menos el aumento del 30% de la base del nomenclador, que es grave, porque es lo que hace que hoy las instituciones, las escuelas especiales, estén sostenidas por palitos», dijo a este medio. El texto aprobado no menciona ese incremento. Ratifica la actualización mensual por inflación, algo que Bassi valoró, aunque aclaró que sin esa recomposición de base «ese aumento por IPC no llega a cubrir los costos operativos, transporte, instituciones, los más afectados«.
La activista contó que algunas instituciones ya no pueden pagar sueldos y que las familias sostienen el sistema como pueden. «Todos estamos haciendo rifas, colectas, poniendo plata de nuestros bolsillos», relató.
El otro frente es el Presupuesto 2027. «Falta que vaya al Senado, falta que en el presupuesto se deroguen todos los artículos que derogan los artículos de esta ley que acaba de ser aprobada ayer», señaló Bassi. Y describió una situación que, según ella, resume el cortocircuito entre LLA en el Congreso y Casa Rosada: «Mientras se escribía un dictamen de mayoría, recibían del Ejecutivo un montón de artículos que derogaban ese dictamen de mayoría. Todo del oficialismo«.
Córdoba: «Votamos el mandato de las organizaciones»
Ocho de los nueve votos negativos fueron de Córdoba: los seis diputados alineados con el gobernador Martín Llaryora, Natalia De la Sota, de Defendamos Córdoba, y Gabriela Estévez, de Unión por la Patria. Insistieron en prorrogar la emergencia, tal como siguen pidiendo las organizaciones de la provincia aun con los cambios incorporados.
«Nos cuesta pensar que esto es un gesto de apertura y no una necesidad coyuntural de estar en condiciones para la venida del papa León XIV y mostrar algo que no sucede hace tres años», dijo De la Sota. La schiarettista Carolina Basualdo fue en la misma línea: «Votamos el mandato de las organizaciones. La palabra del Gobierno está devaluada».
La libertaria cordobesa Laura Rodríguez Machado, que condujo las negociaciones por La Libertad Avanza, les respondió con un cruce político. «Los diputados de Llaryora dicen que los colectivos de discapacidad no fueron escuchados. Tal vez de una vez por todas haga falta en Córdoba cambiar de interlocutor político. No nos trajeron ni una coma ni un renglón«, dijo.
Entre quienes plantean dudas están además los prestadores. Sobre ellos, el texto aprobado fija en su artículo 15 una obligación: el Gobierno debe al Gobierno notificar en 30 días corridos un cronograma para pagar las compensaciones pendientes de la ley de emergencia y cancelarlas en un máximo de 90, y aclara que no habrá compensaciones por períodos distintos de los previstos en esa norma.
El Senado y el Presupuesto, los próximos escollos
Otro frente que rechazó la ley fue el Frente de Izquierda, que no acompañó el acuerdo y se abstuvo. «No creemos en esta concordia ni en esta concertación», dijo Romina Del Plá. Nicolás del Caño afirmó, según La Izquierda Diario, que «las prestaciones se están cobrando un 40% por debajo de lo que dice la ley de emergencia actual» y que el Gobierno incumple porque no actualizó por la inflación de 2023 y 2024.
Del peronismo hubo apoyo con una advertencia sobre el cumplimiento. El kirchnerista Juan Marino, autor del proyecto para prorrogar la emergencia, pidió: «Demos una lucha para que esto se cumpla, acompañemos los reclamos de las organizaciones que van a ir a la Justicia a reclamar que el Ejecutivo cumpla con la ley». Herrera Ahuad, de Argentina Federal, había dicho que a la palabra «superador» le «faltaban detalles, le faltaban certezas».
El texto aprobado también incluye puntos que el colectivo va a seguir de cerca. El artículo 13 mantiene las auditorías periódicas de pensiones con cruce de datos de ANSES, ARCA y el Renaper, y habilita la suspensión preventiva cuando surge un incumplimiento, aunque el afectado puede pedir la rehabilitación inmediata y provisoria del beneficio. El Ejecutivo, además, tiene 30 días hábiles desde la publicación para reglamentar la ley, una vez que se publique. Antes, el proyecto tiene que pasar por el Senado.
JD/CM
