Mientras Patricia Bullrich sigue sin poder cerrar los votos necesarios para aprobar el Súper RIGI en el recinto del Senado, el Gobierno avanzó por otra vía: este martes publicó el Decreto 748/2026, que amplía el alcance del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para incluir expresamente a los proyectos de infraestructura ferroviaria, incluso sobre líneas ya existentes. La norma, firmada por Javier Milei, Diego Santilli y Luis Caputo, modifica la reglamentación original del RIGI creado por la Ley Bases.
Según el texto publicado en el Boletín Oficial, ya no solo se considerará «construcción» la ejecución de infraestructura ferroviaria nueva, sino también la renovación, sustitución, transformación o desarrollo de infraestructura existente, además de las obras accesorias necesarias para la logística y el transporte. Entre los proyectos que quedan comprendidos figuran la duplicación de vías, la rehabilitación de ramales fuera de servicio, la renovación de puentes y alcantarillas, la modernización de sistemas de señalamiento y energía, la electrificación de líneas y la construcción de nodos logísticos. El decreto aclara, de todos modos, que las tareas de mero mantenimiento no quedan alcanzadas por el régimen. También precisa qué se considera una «ampliación» de un proyecto ferroviario preexistente no adherido al RIGI: se exige un aumento verificable de la capacidad de transporte, medido con parámetros técnicos objetivos.
El decreto llega en un contexto donde el Poder Ejecutivo puede modificar por su cuenta la reglamentación del RIGI ya vigente, y el Súper RIGI (un régimen bastante más restrictivo, que excluye proyectos de recursos naturales, de infraestructura y ampliaciones de emprendimientos preexistentes, pero que apunta a mega inversiones en industrias de frontera tecnológica como inteligencia artificial, biotecnología y energías renovables) sigue sin los votos garantizados en la Cámara alta. El proyecto exige un piso de inversión de 1.000 millones de dólares, muy superior a los 200 millones del RIGI original, y ofrece a cambio treinta años de estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria, con beneficios como la reducción de Ganancias al 15%, amortización acelerada, alícuota única del 10% para IVA y contribuciones patronales, y disponibilidad del 100% de los dólares exportados a partir del tercer año.
El proyecto entra ahora en su etapa final en el Senado: este miércoles a las 16, en el Salón Azul, se reanuda el cuarto intermedio con la última reunión informativa del plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda (Agustín Monteverde), Economía Nacional e Inversión (Martín Goerling Lara) y Legislación General (Nadia Márquez), antes de la firma del dictamen. En la reunión de la semana pasada, funcionarios como Daniel González Casartelli y Pablo Lavigne defendieron la iniciativa ante las preguntas de los bloques, mientras que desde la oposición el senador Jorge Capitanich cuestionó la falta de precisión sobre qué «nuevas actividades económicas» quedarían amparadas por el régimen.
El punto que más resistencia generó entre los senadores dialoguistas (UCR y bloques provinciales) fue la flexibilización de la cláusula de «Compre Nacional»: el texto, ya con media sanción de Diputados desde el 24 de junio (130 votos a favor, 106 en contra y 7 abstenciones), elimina la obligación estricta de destinar un 20% de las compras a proveedores locales y solo permite exigirlo cuando esas firmas ofrezcan condiciones de precio y calidad equivalentes a las del mercado internacional.
Pese a que la iniciativa avanza en su cronograma de audiencias, eso no garantiza una sanción rápida: el radicalismo no tiene una posición coordinada entre ambas cámaras, y podrían plantear modificaciones al texto. En el oficialismo no descartan que el proyecto termine volviendo a Diputados con cambios, algo que también podría pasarle a la Ley Hojarasca, otra de las iniciativas de Federico Sturzenegger que Bullrich tuvo que bajar de la sesión del 6 de agosto por falta de consenso.
Más de mil firmas contra el proyecto
En paralelo a la negociación política, un sector amplio de la comunidad académica y científica salió a cuestionar públicamente la iniciativa. Más de mil integrantes de universidades, organismos de investigación y organizaciones sociales de todo el país firmaron una carta abierta dirigida al Senado, a la que accedió La Pluma, en la que advierten sobre los «privilegios fiscales, regulatorios y jurídicos» que el Súper RIGI otorgaría por 30 años a grandes corporaciones tecnológicas, sin exigirles empleo local, transferencia de tecnología ni compromisos concretos con el desarrollo nacional. «Más de mil voces de todo el país le piden al Senado que no hipoteque la capacidad de la Argentina de decidir sobre su desarrollo, sus territorios y sus recursos», señala el texto, difundido a horas de que el proyecto continuara su tratamiento en comisiones.
El Senado también sigue con el debate de la nueva Ley de Sociedades, otro proyecto de Sturzenegger que incluye la creación de «sociedades automatizadas» operadas por algoritmos o inteligencia artificial, y con nuevas audiencias de la Comisión de Acuerdos para otros catorce candidatos a jueces. En Diputados, mientras tanto, la agenda de la semana estuvo marcada por reuniones convocadas por la oposición: la Comisión de Obras Públicas recibió planteos sobre el fondo fiduciario Sysvial, y la de Asuntos Cooperativos invitó al embajador estadounidense Peter Lamelas para seguir el tratamiento del caso de la cooperativa neuquina CALF. Con el Súper RIGI ya en su recta final pero sin sanción asegurada, y la Ley Hojarasca y la Ley de Sociedades todavía sin dictamen firme, el oficialismo llega a la última semana de agosto con buena parte de la agenda económica de Sturzenegger todavía pendiente en la Cámara alta.
JD/CM
