Roberto Urquía no es un empresario cualquiera dentro del mapa económico argentino. Al frente de Aceitera General Deheza (AGD), uno de los principales grupos agroindustriales del país, y con una extensa trayectoria también en la política, su palabra tiene peso en el empresariado del interior. Por eso resultaron significativas sus declaraciones en una entrevista con Perfil Córdoba, en la que describió una situación que, según su mirada, deja expuesta la distancia entre los números de la macroeconomía y lo que ocurre puertas adentro de las empresas, los comercios y los hogares.
Urquía reconoció los logros que el gobierno de Javier Milei exhibe como principales resultados de su programa económico. “La macro está bien, hay equilibrio fiscal, la inflación viene bajando”, sostuvo. Pero inmediatamente planteó el límite de esa lectura: “Eso no llega a algunos sectores de la micro”. La frase resume la preocupación por que la estabilización de algunas variables generales no alcance, y que se repite cada vez con mayor frecuencia en distintos ámbitos empresarios.
El punto más fuerte de su diagnóstico estuvo en los salarios: “Hoy les cuesta mucho a las empresas pagar los sueldos y a la gente no les alcanza, no para llegar a fin de mes, no les alcanza para llegar a 15 de cada mes”. La advertencia plantea una doble tensión ya que, por un lado, los trabajadores pierden capacidad para sostener sus gastos durante todo el mes; por otro, las empresas enfrentan dificultades para pagar salarios en un contexto de menor actividad y ventas débiles. Para el empresario, el problema no se limita a la discusión sobre la evolución de los precios, sino que está directamente vinculado con la falta de dinero disponible para consumir.
De allí salió otra de las frases más contundentes de las declaraciones de Urquía: “No es la inflación, es que no se vende”. Incluso relativizó la discusión sobre el origen de los productos frente a un problema más profundo: «No es un problema de tener un producto de la China o nacional, ya no vende directamente, sea chino, sea nacional«. En su análisis, la debilidad de la demanda se convirtió en el principal cuello de botella para numerosos negocios.
El diagnóstico adquiere mayor relevancia porque no proviene de un dirigente opositor, sino de quien proviene del sector más beneficiado por las políticas de Milei. Urquía cuestionó que esos resultados no se estén traduciendo con la misma velocidad en la economía cotidiana.
La situación de los hogares es central para entender esa advertencia. Cuando una mayor proporción de los ingresos debe destinarse a alimentos, servicios, alquileres, transporte y deudas, queda menos margen para el resto del consumo. El resultado impacta en toda la cadena: las familias restringen compras, los comercios venden menos y las empresas deben afrontar costos fijos con una facturación más débil. En ese contexto, la caída de la demanda interna fue señalada por la Unión Industrial Argentina (UIA) como el principal problema para una parte importante de los industriales, mientras que distintos sectores advierten que la recuperación no está siendo homogénea.
Urquía también puso el foco en el endeudamiento, otro síntoma de esa fragilidad. En sus declaraciones advirtió sobre las dificultades que enfrentan comercios y familias y cuestionó las tasas que, según sostuvo, llegan a cobrar algunas fintech y financieras. “Hay fintech o estas financieras nuevas que están cobrando hasta el 1.300% de interés anual”, afirmó, y calificó esa situación como “una cosa de locos”. Incluso reclamó una mayor intervención estatal frente a prácticas que consideró abusivas, una posición que marca un contrapunto con la mirada desreguladora que domina buena parte del discurso oficial.
El empresario cordobés, además, planteó que existe una dificultad para que el interior productivo haga llegar sus reclamos a la conducción nacional. “A la gente del interior nos cuesta mucho llegar al diálogo con el gobierno nacional”, sostuvo. Para Urquía, la discusión económica no puede quedar concentrada exclusivamente en Buenos Aires y debería incorporar con mayor fuerza la realidad de las provincias donde se genera buena parte de la producción.
Del apoyo al reclamo: las otras voces empresarias que empiezan a marcar los límites del modelo
Las declaraciones de Urquía no aparecen aisladas. Durante los primeros años del gobierno de Milei, una parte importante del empresariado acompañó el objetivo de terminar con los desequilibrios fiscales, bajar la inflación y avanzar con reformas estructurales. Ese respaldo continúa en buena medida, pero comenzó a convivir con cuestionamientos cada vez más concretos.
Uno de los principales focos de tensión es la llamada economía de dos velocidades. Por un lado, sectores como la energía, la minería y determinadas actividades vinculadas al agro proyectan inversiones y crecimiento. Por otro, el comercio, parte de la industria y las actividades dependientes del consumo interno continúan con dificultades. Esa fragmentación fue planteada por empresarios ya desde el año pasado, donde convivieron las expectativas por las oportunidades de grandes inversiones con la preocupación por una demanda interna que sigue debilitada.
Paolo Rocca, máximo referente del Grupo Techint y una de las figuras empresarias más influyentes del país, es otro ejemplo de esa tensión. Su vínculo con Milei atravesó momentos de fuerte confrontación, especialmente por la política de apertura y las condiciones de competencia para la industria nacional. El mandatario calificó a Rocca como “Don Chatarrín de los tubitos caros” luego de perder una licitación de tubos de acero para obras de gas en la región frente a la empresa india Welspun.
«Sin lugar a dudas, la Argentina debe abrirse al mundo y nosotros apoyamos este proceso. Pero la forma en la que nos abrimos nos parece muy importante. La defensa de la industria frente a las importaciones en condiciones de competencia desleal es fundamental para alentar la confianza de los inversores que quieren apostar al fortalecimiento de las cadenas de valor de los sectores en los cuales la Argentina tiene ventajas competitivas como la agroindustria, la energía y la minería», escribió Rocca en una carta, en la que aseguró que Milei no cuida a la industria nacional como lo hace el presidente estadounidense, Donald Trump.
En esa misma línea, Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, cuestionó la paralización de la obra pública, uno de los pilares del ajuste. Weiss advirtió que no existe crecimiento sostenible sin infraestructura adecuada y planteó que las inversiones proyectadas en energía, minería y agro necesitan rutas, puertos y otras obras para poder expandirse. De esa forma, remarcó que «la infraestructura debe ser una prioridad para el Estado», y señaló: «Necesitamos políticas claras, previsibles y eficientes que incentiven la inversión y promuevan modelos innovadores de gestión. Desde CAMARCO, reafirmamos nuestro compromiso con el país. Tenemos el conocimiento, la capacidad y las ideas para liderar esta transformación».
El malestar empresario, entonces, no puede resumirse en una sola posición. Hay quienes mantienen un respaldo firme a Milei y consideran que el orden macroeconómico es una condición indispensable para cualquier recuperación futura. Pero incluso entre esas voces aparecen advertencias sobre la falta de reacción en la economía de la gente.
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