Mientras Manuel Adorni sigue juntado los jirones de su carrera política tras la mal recibida declaración jurada que presentó este miércoles por la noche luego de más de un mes de larga espera, el gobierno intenta seguir con su agenda política y se concentra en la puesta en marcha de la cuestionada Reforma Laboral que el Congreso aprobó por mayoría a inicios de año. En este marco, la gestión de Javier Milei, a través de la Secretaría de Trabajo que comanda Julio Cordero, convocó a gremios y empresarios para avanzar con la modificación de los convenios colectivos de trabajo.
La convocatoria, que comenzó con 150 convenios y en las últimas horas se extendió a 446, busca acoplar los acuerdos legales mediante los que patronales y sindicatos negocian las condiciones laborales específicas de cada actividad a la nueva Ley de Modernización Laboral. La medida, con la que el oficialismo ya venía coqueteando desde la aprobación del proyecto, advierte el mayor proceso de revisión de convenios de las últimas décadas, instancia que es celebrada desde el empresariado y fuertemente repelida por las fuerzas gremiales.
Desde el gobierno y el Ministerio de Capital Humano, organismo al que depende la secretaría, reconocen que la intención es avanzar lo más pronto posible en la actualización de los acuerdos que, desde la modificación legislativa, fueron alcanzados por el fin del régimen de ultraactividad, el mecanismo que permitía que un convenio continuara vigente aun después de su vencimiento hasta que fuera reemplazado por otro. En este mismo sentido, desde la cartera manejada por Sandra Pettovello sostienen que esta iniciativa tiene como objetivo final acoplar las relaciones laborales a los nuevos parámetros establecidos para garantizar “mejores, más modernos y predecibles marcos de negociación” para empleadores y trabajadores.
Desde el ministerio, en tanto, advierten que por ahora la Secretaría de Trabajo no formará parte de las mesas, puesto que esta primera etapa sólo habilita el llamado al diálogo entre las partes. “Las conversaciones entre empresas y sindicatos se da en ámbitos privados, nosotros lo único que hicimos por ahora es habilitar esa discusión. La Secretaría y el Ministerio sólo se van a meter cuando entre los dos sectores se llegue a un acuerdo que deba ser aprobado y homologado por el estado”, explicaron a este medio.
Como era de esperarse, la convocatoria para avanzar con el artículo 137, uno de los apartados que la Confederación General del Trabajo (CGT) más peleó por eliminar, primero, durante la discusión de la Ley Bases y luego en la segunda etapa de negociaciones con el gobierno en el marco del Consejo de Mayo, no cayó en gracia dentro de la central trabajadora. En este marco, el abogado de la CGT, Gustavo Ciampa, advirtió que “lo que viene en esta tanda (de negociaciones) pareciera, en función de la mal llamada Ley de Modernización Laboral, una extorsión. ¿Para qué? Para que los convenios se negocien a la baja, con pérdida de derechos que prevé el propio convenio”.
“Un convenio colectivo de trabajo no es un contrato de alquiler que se vence, se cae y se termina. Los convenios colectivos de trabajo, como tienen eficacia general que son obligatorios, aún más allá de los firmantes, perduran a través del tiempo, y además están vigentes hasta el momento que uno nuevo lo reemplace, porque es una forma no solo de garantizar los derechos de los trabajadores y trabajadoras, sino también que mantiene el equilibrio de poder de negociación de las partes de dicho convenio”, sostuvo el letrado para contrarrestar las ambiciones reformistas con las que el gobierno nacional intenta disfrazar su búsqueda incansable de beneficiar a las empresas en desmedro de los trabajadores.
Mientras la administración de Javier Milei busca presentar la iniciativa como una instancia de modernización de un sistema que, denuncian, hace más de tres décadas no recibe modificaciones, en los sindicatos entienden que la misma es un avance concreto contra uno de los pilares históricos de la negociación salarial.
Este nuevo capítulo de la discusión, en tanto, se da en el marco del fuerte revés que recibió la CGT de parte de la justicia nacional. En abril, la titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 12, Macarena Marra Giménez, hizo lugar a una inhibitoria planteada por el gobierno nacional y declaró competente a ese fuero para tratar los planteos de inconstitucionalidad de 83 artículos de la ley hechos por la Confederación, que exigía que el mismo sea tramitado en los juzgados laborales.
Las tensiones entre el gobierno y los gremios, en tanto, ya no se mueven sólo en el terreno nacional. Esta semana, el representante de las centrales obreras de la República Argentina y secretario general de la CGT Jorge Sola, presentó una denuncia formal en representación de las tres centrales del país ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por el desmantelamiento de los derechos laborales de los trabajadores argentinos. En el marco de la Comisión de Aplicación de Normas de la 114.ª Conferencia Internacional del Trabajo, el representante de la central obrera denunció graves incumplimientos gubernamentales a las normas internacionales del trabajo y en la demolición de las políticas socio-laborales vigentes.
Ante este hecho, desde el gobierno minimizaron las quejas de la CGT y se defienden advirtiendo que el sindicalismo tiene una pésima imagen positiva de cara a la sociedad. “No se los banca nadie”, dicen desde el entorno del presidente para justificar su postura. Pese a las quejas reiteradas que se hacen desde distintos sindicatos, en el oficialismo descartan de lleno cualquier convocatoria de diálogo con la central de Azopardo.
TS/CM
