Esta madrugada La Libertad Avanza consiguió la media sanción en el Senado y la Reforma Laboral pasa a la Cámara Baja. Y el Gobierno va por más. Arrancó en Diputados el debate del nuevo Régimen Penal Juvenil. El proyecto oficialista, que tiene fuertes críticas de organismos dedicados a las infancias, de derechos humanos y de asociaciones de defensores públicos, proponía bajar la edad de punibilidad a los 13 años. Para obtener el dictamen en el plenario de comisiones que se hizo ayer, acordaron que sea a los 14.
Para avanzar con la modificación, el Gobierno tuvo que conseguir el acompañamiento de los bloques aliados cediendo un punto central de la modificación: establecer la edad de imputabilidad en los 14. En el régimen penal vigente, una personas es imputable de un delito a partir de los 16 años. Establece penas máximas de 15 años para delitos graves.
El mojón mediático para reflotar la discusión que la Casa Rosada intentó dar en 2024 y 2025 fue el asesinato de Jeremías Monzón, que fue apuñalado por tres adolescentes. El crimen, además, fue filmados por los homicidas con sus celulares. Incluso, la mamá del joven está hoy en el recinto siguiendo el debate. Desde la oposición resaltaron el tratamiento exprés que LLA le dio a un tema tan complejo.
La reforma indica que los menores no deben compartir lugares de reclusión con adultos y contempla distintas sanciones alternativas a la prisión para los delitos con una escala penal inferior a los 10 años, como amonestaciones, monitoreo electrónico, prohibición del contacto con la víctima, conducción de vehículos y a la salida del país.
En cuanto a las penas privativas de la libertad, podrán ser en domicilio; en un instituto abierto; o en un instituto especializado de detención, o en una sección separada de un establecimiento penitenciario, siempre apartados de adultos. El plazo máximo de las penas privativas de la libertad se fijó en 15 años, aunque originalmente el Ejecutivo proponía 20.
“No pueden tratar con tanta liviandad un tema tan trascendental. En 24 horas pusieron sobre este Parlamento el mensaje 6/2026 donde decía que la pena era de 13 años, que era de aplicación inmediata, cambiaron el artículo presupuestario con 23 mil millones de pesos como si eso fuese la solución. Los Centros Especializados Socioeducativos no son más que cárceles para niños”, advirtió la diputada de Unión por la Patria, Victoria Tolosa Paz.
Las alertas
A las advertencias hechas por UNICEF y otros organismos que trabajan en Niñez, ayer se le sumaron el Consejo Federal de defensores y asesores generales de la República Argentina y la Asociación Civil de la defensa pública de la República Argentina, que sostuvieron que bajar la edad de punibilidad “es inútil e innecesario, ya que es ínfimo el número de delitos cometidos por personas menores de 18 años y más insignificante aún los cometidos por menores de 16”.
En un comunicado firmado por ambas entidades, resaltaron que los cambios generarán más violencia porque “está comprobado que la privación de libertad afecta el desarrollo emocional del adolescente y que el contexto carcelario favorece una dinámica de violencia, reproducción de traumas y consolidación de identidades negativas”.
MN/AS
