El Gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires llegaron a un acuerdo para cancelar la deuda acumulada durante el último año por la Coparticipación Federal de Impuestos. Según se informó oficialmente, Nación transferirá al GCBA una cartera de bonos con vencimiento a siete meses para saldar los pagos pendientes.
La disputa venía desde septiembre de 2024, cuando ambas administraciones habían pactado —con aval judicial— que la Casa Rosada giraría fondos equivalentes al coeficiente del 1,55%, reconocido previamente por la Corte Suprema en una medida cautelar de 2022. Durante los primeros meses el esquema se cumplió con relativa normalidad, pero desde julio empezaron las demoras y la deuda se fue acumulando.
Después de varias rondas de negociaciones políticas y técnicas, las partes cerraron un nuevo entendimiento que busca normalizar las cuentas fiscales de la Ciudad. Desde el Gobierno porteño señalaron que esta regularización ya estaba contemplada en el Presupuesto 2026.
El acuerdo actual no incluye la deuda que la Ciudad le reclama al Estado nacional por la reducción de fondos aplicada durante la gestión de Alberto Fernández. Ese pasivo asciende a unos US$ 6.000 millones, y el reclamo sigue vigente.
El conflicto por la coparticipación comenzó en plena pandemia, cuando el entonces presidente Fernández dispuso mediante el Decreto 735/2020 una baja en los recursos que recibía la Ciudad, que pasaron del 3,5% al 2,32%. Más tarde, el Congreso aprobó la Ley 27.606, que redujo todavía más el coeficiente hasta el 1,40%, más un monto fijo destinado a Seguridad.
A fines de 2022, la Corte Suprema ordenó cautelarmente que la Ciudad recibiera el equivalente al 1,55%, lo que elevaba el total de recursos coparticipables al 2,95%. Sin embargo, el fallo nunca fue cumplido de manera completa durante la administración anterior.
En 2024, Nación y Ciudad habían acordado reemplazar las transferencias diarias previstas originalmente por envíos semanales desde el Tesoro nacional. Pero las demoras registradas en los últimos meses volvieron a tensar la relación entre ambas administraciones hasta desembocar en el nuevo acuerdo anunciado hoy.
Caputo repite la excusa del «riesgo kuka» porque el riesgo país no baja
Luis Caputo volvió a acusar al «riesgo kuka» como motivo por el cual no baja el riesgo país. En una conferencia de prensa en la Casa Rosada, el Ministro de Economía defendió el rumbo económico del Gobierno, presentó detalles del denominado “súper RIGI” impulsado por Javier Milei y buscó bajarle el tono al impacto político del caso que involucra al jefe de Gabinete y vocero Presidencial, Manuel Adorni.
Caputo sostuvo que la situación económica sigue mostrando señales positivas y vinculó la baja pendiente del riesgo país al escenario político. “El riesgo país no baja por el riesgo kuka, porque el mercado percibe que aunque haya una probabilidad baja, si bien es baja, el escenario que eso pase es literalmente el infierno”, afirmó durante la exposición ante la prensa.

El ministro también buscó transmitir tranquilidad sobre la capacidad financiera del Gobierno y destacó que, según su visión, el contexto macroeconómico cambió respecto de años anteriores. “Estamos tranquilos porque tenemos el financiamiento para hacer el refinanciamiento de los próximos tres cupones, y a diferencia de lo que pasaba en la Argentina, que la macroeconomía estaba desordenada y el paso del tiempo le jugaba en contra, ahora como la economía esta ordenada el paso del tiempo juega a favor”, aseguró.
El presupuesto universitario sufrió un recorte del 41% desde que asumió Milei
En el marco de una nueva Marcha Federal Universitaria, la partida presupuestaria de las universidades acumuló una caída del 41,6% desde que asumió Javier Milei. En el mismo período, el salario real docente y no docente cayó 34,2% y solo los docentes titulares con dedicación exclusiva y los no docentes niveles 1 y 2 superan la línea de pobreza.
“Confío que mañana sea una marcha pacífica, multitudinaria y que la gente apoye esto. No que apoye a la UBA, sino que apoye al país”, expresó el rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Ricardo Gelpi, en la previa de la movilización por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario (ahora Ley insistida, Nº 27.795). A pesar de ser sancionada dos veces en el Congreso (21 de agosto y 2 de octubre de 2025) y haberse recompuesto en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11 tras una suspensión por parte del Gobierno, aún no vio la luz.
«Quiero ser claro en este aspecto: el Gobierno nacional ha cumplido con todas sus obligaciones y ha transferido mensualmente el presupuesto asignado a las universidades nacionales en concepto de gastos de funcionamiento. Incluso, en el Presupuesto 2026, la partida destinada a universidades creció y pasó a $ 4.800.000 en 2026», dijo el jefe de Gabinete y vocero Presidencial, Manuel Adorni, en su última conferencia en Casa Rosada.






