Se festejó como un gol. Esta mañana, en la reunión de acuerdos extraordinaria que se convocó a última hora de la tarde del jueves, la Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto el artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia con el que el gobierno derogó la Ley de Tierras y volvió a dejar vigente las restricciones para la compra de tierras en manos de extranjeros. A contramano de lo que dicta la racionalidad, en el oficialismo celebraron la medida como si se tratara de una hazaña futbolística.
La decisión del máximo tribunal se conoció cerca del mediodía a través de un fallo que contó con la participación de dos conjueces convocados especialmente para la ocasión. Con votos de Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez a favor y sólo el de Carlos Rosenkrantz en contra, la Ley 26.737 vuelve a estar vigente después de once días en los que cualquier ciudadano del mundo sin residencia argentina tuviese límite alguno para acceder a tierras argentinas.
En el fallo, que cuenta con una extensión de trece páginas y se expresa sobre una causa iniciada en el Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche, advierte entre sus considerandos que la postura de la Corte descansa en que “la naturaleza de los derechos invocados (entre los que se encuentran el derecho de obtener una respuesta judicial en tiempo oportuno y el derecho a la protección del medio ambiente), resulta necesario que este Tribunal dicte una medida interina, a fin de asegurar la tutela judicial efectiva, y evitar la producción de daños irreparables mientras el proceso retoma su adecuado cauce.”
El documento judicial, en tanto, deja asentada una postura que puede ser tomada como una llamada de atención para el gobierno. “No hay otro remedio distinto para que los litigantes y la comunidad en su conjunto fortalezca su confianza en el Poder Judicial que aplicar razonablemente la Constitución y las leyes atendiendo a las circunstancias particulares de cada caso.” La Cámara nacional de Apelaciones es la última instancia que tiene la gestión libertaria antes de que el caso en el que se dirime la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario pase a la Corte. Quien quiera oir, que oiga.
Para el oficialismo la decisión de la Corte, de la que se enteraron como el resto de los mortales aunque admiten que luego de la convocatoria a la reunión se entusiasmaron con un final feliz, fue recibida como un guiño de parte de los cortesanos hacia la gestión. Luego de la decisión del tribunal de no dar lugar a la cautelar presentada por el Centro de ex Combatientes de Malvinas de La Plata (CECIM) por no considerarlos un agente apto para llevar adelante una acción legal colectiva, en la mesa chica de la gestión que conduce Javier Milei se abrió todo un mundo de debates para analizar el mejor posicionamiento para encarar la decisión de seguir insistiendo con la derogación de la Ley de Tierras en medio del cambio de rumbo nacionalista que el presidente encaró las últimas semanas con el reclamo por la soberanía de las islas como bandera.
Durante estos días, desde el oficialismo dejaron trascender que estaban dispuestos a incluir modificaciones -mínimas y sin tanta pompa- en el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que tiene dentro del articulado la habilitación para la compra del territorio por parte de extranjeros. Según adelantaban desde el Congreso, la idea era subir al 15% las restricciones, un guiño mínimo pero tolerable para los aliados que debían decidir si acompañarían o no al oficialismo en medio de las tensiones por las negociaciones electorales con los gobernadores, instancia todavía no saldada y que no está en claro cuál será el veredicto final.
Las negociaciones a contrarreloj comenzaron a darse luego de que el bloque de Unión por la Patria convocara una reunión de urgencia para tratar el DNU 70/2023, al que pretenden derogar luego de más de dos años de su ejecución. Sin embargo, con la decisión de la Corte, en el gobierno ahora se muestran esperanzados y entienden que la sesión que tendría lugar el próximo jueves en Diputados ya no tendrá razón de ser. “Aunque decían que era por el decreto, la sesión era claramente una avanzada para volver a poner la ley de Tierras. Ahora que la Corte ya falló, no tiene ningún sentido que sigan insistiendo con esto. No le conviene a nadie”, dijo en reserva una fuente parlamentaria.
Pese a esto, la misma voz dejó saber que la resolución final se dará el próximo miércoles, luego de que la reunión de comisión de Asuntos Constitucionales que conduce el libertario Nicolás Mayoraz se lleve adelante. “Ahí nos vamos a terminar de enterar con qué fichas va a jugar cada uno”, sintetizó.
En caso que todo marche acorde al plan, en Diputados creen que la próxima sesión que se llevará adelante será el 21 de este mes, en la que planean tratar los proyectos para profundizar las sanciones para empresas que operen ilegalmente en Malvinas, la Emergencia en Discapacidad, los proyectos de morosidad y algunos proyectos de declaración y de economías regionales pedidos por las provincias con los que pretenden seguir enviando gestos hacia los caciques nacionales de los que el gobierno depende para poder avanzar con su sueño de suspender las PASO y conseguir la reelección de Milei sin un peronismo ordenado.
TS/CM
