El fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires volvió a poner en el centro de la escena la situación de los trabajadores de plataformas en la Argentina. El máximo tribunal bonaerense ratificó que los repartidores deben ser considerados empleados en relación de dependencia, lo que convalidó así multas de $ 17 millones contra empresas como Rappi Argentina y PedidosYa por no registrar a sus trabajadores.
“Este fallo para nosotros es, obviamente, es un punto de apoyo porque da cuenta de que hay una relación laboral y que las empresas incumplen con los derechos laborales de sus trabajadores”, explicó la secretaria general del Sindicato de Base de Trabajadores de Reparto por Aplicación (SiTraRepA), Belén D’Ambrosio, en diálogo con La Pluma Diario. Sin embargo, considera a la medida como “insuficiente”.
La decisión judicial se alineó con el criterio del Ministerio de Trabajo bonaerense, que tras inspecciones realizadas entre 2020 y 2021 concluyó que las tareas desarrolladas por los repartidores reúnen los requisitos típicos de una relación laboral. En ese sentido, la Corte desestimó los argumentos de las empresas, que sostienen que sus colaboradores son prestadores independientes. El caso de Rappi, que agotó instancias judiciales sin éxito, terminó por consolidar un precedente clave.
El fallo tiene una clara relación con el contexto de creciente informalidad laboral: según el INDEC, el 43% de la población ocupada —unas 5,8 millones de personas— se encontraba en condiciones informales hacia fines de 2025. Entre los más afectados aparecen los jóvenes de hasta 29 años y, en mayor proporción, las mujeres, sectores donde el trabajo en aplicaciones suele funcionar como puerta de entrada al mercado laboral.
La tensión normativa se profundiza porque, en paralelo, la reforma laboral recientemente aprobada a nivel nacional considera a los trabajadores de plataformas como “prestadores independientes”. En esa línea, D’Ambrosio aseguró que, si bien existen proyectos de distintas fuerzas políticas para revertir este escenario, “no consultan con los repartidores, no están en contacto con nosotros y no parten de dar un reconocimiento de la relación laboral”.
De todas formas, el gobierno de Axel Kicillof anunció el envío de un proyecto de ley para regular la actividad. La iniciativa busca crear un registro provincial obligatorio, exigir seguros contra accidentes y garantizar mayor transparencia en los algoritmos, en un intento por ordenar un sector que creció al calor de la crisis económica y la expansión de la economía de plataformas.
“Hoy necesitamos acciones de lucha. Consideramos que es una vergüenza que no haya habido un paro general por tiempo indeterminado por parte de la CGT. Acá en Argentina hay gremios con mucho peso y muchos recursos que no hicieron nada para frenar todo lo que estamos viviendo y está mal pensar como compartimento estanco lo que vivimos los precarizados en relación a los conveniados”, expresó D’Ambrosio.
La vida del trabajador de app
Pero más allá del encuadre legal, la realidad económica de los repartidores da cuenta de una situación insostenible. “Los datos que te puedo dar son en relación a nuestro trabajo de base y a lo que también accedemos, porque las empresas mantienen todo el negocio en la ilegalidad. Hay un fraude laboral, entonces no registran en ningún lado de manera pública”, criticó la representante del sindicato.
“Nosotros sabemos que hay alrededor de 1 millón de trabajadores por aplicación; son alrededor de 300 mil los que se desempeñan en traslado de alimentos y 700 mil en traslado de personas”.
Mientras tanto, existen indicadores concretos, como el coeficiente de Alcance de Pedido Promedio (APP), que permite estimar cuántos pedidos necesita completar un trabajador para cubrir distintos niveles de consumo. A diciembre de 2025, el pedido promedio se ubicó en $ 3.032,9. Ante la consulta de La Pluma, D’Ambrosio aseguró que el pago promedio por pedido es de $ 2.000 en la actualidad.
Los datos muestran con crudeza la magnitud del esfuerzo requerido. Para sostener una canasta de consumo de un hogar tipo, un repartidor necesitó completar 454 pedidos mensuales. Para alcanzar el ingreso promedio individual en la Argentina, fueron necesarios 328 pedidos, mientras que para cubrir una canasta básica individual —sin incluir alquiler— bastaron 140 pedidos.
Incluso los gastos más elementales implican una carga significativa de trabajo. Cubrir la alimentación básica demandó 63 pedidos, mientras que alcanzar el Salario Mínimo Vital y Móvil requirió 110. Otros costos, como el alquiler promedio, equivalen a 244 pedidos, y la canasta de crianza de un niño, a 170.
La evolución del coeficiente APP durante el último trimestre de 2025 también refleja un deterioro progresivo. Para cubrir la canasta básica total de un hogar de cuatro integrantes, el requerimiento pasó de 421 pedidos en octubre a 454 en diciembre, lo que implica un aumento del 7,8%.
D’Ambrosio dijo en esa línea que “esto se da por la situación de salarios aplastados y el clima recesivo de la economía”. Así, muchos trabajadores viven del reparto, mientras que otros lo mantienen como un segundo empleo. Según el Instituto Argentina Grande, la cantidad de trabajadores pluriempleados creció un 5% en el cuarto trimestre de 2025 contra el mismo trimestre de 2023.
“Nosotros cargamos con todos los costos del trabajo y las empresas se llevan solo las ganancias. Entonces hay un exceso de oferta de trabajo y el consumo se retrotrae, por lo que baja el precio por tarea realizada”, explicó D’Ambrosio.
El debate internacional sobre los derechos para este sector
A nivel internacional, el debate sobre los trabajadores de plataformas también avanza, aunque con respuestas dispares. En México, se impulsó en 2024 una reforma que otorga seguridad social completa a estos trabajadores. “Entendemos que es progresivo. La situación es compleja porque las maniobras de las empresas son muchas”, analizó D’Ambrosio.
En Colombia, el Congreso aprobó en 2025 un proyecto para reconocer derechos laborales. Uruguay reglamentó una ley que fija derechos básicos, aunque deja en manos de la Justicia la definición del vínculo laboral.
En España, en cambio, la llamada “Ley Rider” estableció en 2021 una presunción de laboralidad que garantiza contrato, salario mínimo, seguridad social y acceso a la información sobre los algoritmos. “Miramos más como referencia el modelo en España”, concluyó D’Ambrosio.
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