La Justicia ordenó al Gobierno de Javier Milei que preserve la información existente sobre las tierras rurales de la provincia de Buenos Aires que fue recopilada durante la vigencia de la Ley 26.737 y evitar su pérdida, destrucción o alteración. La medida fue dispuesta por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 4 de La Plata, a partir de una presentación de la Defensoría del Pueblo bonaerense.
La resolución se conoce en un contexto marcado por el reciente fallo de la Corte Suprema que habilitó la extranjerización y el intento del Tribunal para avanzar sobre la cuestión, en el medio de una fuerte presión social.
En el caso bonaerense, la Defensoría había solicitado que se analizara la constitucionalidad del artículo 154 y que se adoptaran medidas para evitar la pérdida de información sobre la estructura territorial rural de la provincia. La jueza Güendalina Sessarego se declaró incompetente para resolver el planteo de fondo y dispuso remitir la causa a la Cámara Federal de La Plata, al considerar que la controversia involucra una norma nacional y al Estado nacional como demandado.
La Justicia hizo lugar a una cautelar de la Defensoría y ordenó preservar la información sobre tierras rurales bonaerenses
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https://t.co/xD5W7t2Ewu— Defensoría del Pueblo PBA (@defensoriaPBA) October 7, 2026
Sin embargo, ante el riesgo de que durante el trámite de la causa se pierda o altere información pública, la magistrada hizo lugar parcialmente a la cautelar solicitada. Ordenó al Estado nacional que informe hasta qué fecha se relevaron, produjeron o registraron datos en el marco de la derogada Ley 26.737 y del Registro Nacional de Tierras Rurales. También dispuso preservar los antecedentes registrales, catastrales y administrativos y toda otra información pública relevante incorporada desde el inicio del régimen.
La resolución establece además que deberán adoptarse las medidas necesarias para evitar la destrucción, pérdida o alteración de esa información y garantizar su integridad y disponibilidad. Los datos deberán ser presentados ante el juez federal que asuma la competencia en un plazo de cinco días desde la notificación. La medida tendrá vigencia hasta que ese magistrado se expida sobre su continuidad.
La jueza fundamentó la decisión en la necesidad de preservar información pública que considera relevante para conocer la evolución de la estructura territorial y que podría resultar necesaria para futuras políticas públicas. También destacó el derecho de acceso a la información ambiental y los principios de prevención y precautorio.
No podemos permitir que la flexibilización o la falta de los controles deje a las y los bonaerenses a ciegas sobre la soberanía de sus recursos naturales y del suelo rural.
— Guido Lorenzino (@GLorenzino) October 7, 2026
La Defensoría, encabezada por Guido Lorenzino, había advertido sobre el impacto de la derogación de la Ley de Tierras y señalado particularmente la situación de distritos como Campana y Zárate, donde, según la información invocada en la presentación, existe una elevada proporción de superficie rural bajo titularidad extranjera.
MES/CM
