La discusión por la derogación de la Ley de Tierras sumó este martes tres movimientos en paralelo, cada uno desde un frente distinto. En la Justicia, la Corte Suprema no alcanzó unanimidad y resolvió convocar a dos conjueces. En la calle, una columna de organizaciones sociales, gremiales, políticas y ambientalistas marchó hacia el Palacio de Tribunales. Y desde la Iglesia, la Comisión Episcopal de Pastoral Social difundió un comunicado con su preocupación por la eliminación de los límites a la venta de tierras a extranjeros.
El telón de fondo es el que ya conoce el Congreso: el fallo del 29 de septiembre devolvió plenos efectos al artículo 154 del DNU 70/23, el que derogó la ley que limitaba la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, y desde entonces la oposición intenta convertir esa decisión judicial en un problema político para el Gobierno. El próximo paso en esa estrategia es la sesión especial del 15 de octubre, donde buscará rechazar el decreto completo, aunque todavía le faltan votos para garantizar el quórum.
Lo que cambia con las novedades de este martes es que la pelea ya no se juega solo en el recinto. La Justicia, la movilización social y una institución con peso en la sociedad empezaron a tallar al mismo tiempo, cuando el Gobierno ya había visto rechazada la cautelar de Pichetto y Massot y había mostrado que evalúa un camino alternativo para sostener su posición.
La Corte llama a dos conjueces
Los ministros de la Corte no lograron unanimidad de criterios durante el acuerdo de este martes y, por eso, decidieron convocar a dos conjueces para resolver la cuestión. El sorteo se realizaría en las próximas horas.
El expediente es el FGR 20213/23, iniciado por la Asociación Civil Árbol de Pie, que cuestionó la validez del artículo 154 con el argumento de la protección del ambiente que establece la Constitución Nacional. El debate que tendrán que resolver los conjueces es, precisamente, «la validez del artículo 154 del DNU 70/23, que derogó la Ley de Tierras».
La causa avanza por el régimen de procesos colectivos, algo que se produjo después de que la Corte rechazara por falta de legitimación la presentación del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM). Ese rechazo, aclaró el tribunal, respondió exclusivamente a cuestiones procedimentales.
Por ahora el texto no detalla qué ministros se excusaron ni por qué hubo diferencias. Lo que sí queda claro es que la discusión judicial sobre el artículo 154 no está cerrada, aunque el fallo del 29 de septiembre ya haya vuelto a ponerlo en vigencia.
La izquierda marchó a Tribunales
Mientras tanto, frente al Palacio de Tribunales se concentraron agrupaciones políticas, gremiales, sociales y ambientalistas, entre ellas la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores, la APDH, el Partido Piquetero, Unidad Popular, Barrios de Pie, la UTT y CONADU. Estuvieron también los diputados del Frente de Izquierda Nicolás del Caño y Myriam Bregman.
El reclamo giró en torno a la «extranjerización» del territorio y a la defensa de la soberanía sobre la tierra, el agua y los alimentos. En el documento que difundieron, los convocantes recordaron que «el Gobierno de Javier Milei había eliminado esa protección mediante el artículo 154 del DNU 70/2023» y advirtieron sobre sus consecuencias: «Hoy, en Argentina, pueden venir los Peter Thiel a comprar una ciudad, una provincia o un valle«.
Los diputados del FIT anunciaron además dos exigencias de cara al 15 de octubre: una movilización masiva al Congreso para pedir el rechazo total del DNU 70/23 y un paro nacional, que reclamaron a las centrales sindicales para que «cientos de miles» se manifiesten en todo el país y logren la derogación completa del decreto.
Ese mismo día se espera una marcha universitaria, por lo que el Congreso podría ser escenario de más de una movilización mientras el oficialismo y la oposición disputan el quórum.
La Iglesia expresó su preocupación
El tercer frente fue el de la Iglesia. La Comisión Episcopal de Pastoral Social difundió un comunicado en el que apeló a la responsabilidad de legisladores y funcionarios para velar «por la defensa de la tierra y el cuidado de la Nación», que citó textualmente además la expresión «la defensa del territorio».
No es la primera vez que la Iglesia se pronuncia sobre el tema. En junio había difundido un documento anterior, firmado por el área de Ecología Integral de la Comisión de Pastoral Social, la Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen y Cáritas Argentina, en el marco del debate por el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incluía el capítulo de tierras.
El comunicado llega, además, a pocas semanas de una visita papal: León XIV llegará a la Argentina el 8 de noviembre, con una visita prevista al Cottolengo Don Orione, en Claypole.
Qué se juega el 15 de octubre
Con esos tres elementos sobre la mesa, la sesión en Diputados quedó como el punto donde convergen la pelea judicial, la presión social y el cálculo político. Los ocho bloques que pidieron la convocatoria suman una base de unos 122 diputados, siete menos que los 129 del quórum. Los gobernadores del norte siguen siendo la variable decisiva.
Entre ellos hay una primera señal. Los cuatro diputados misioneros de Argentina Federal darían quórum y votarían en contra del decreto, después de que el gobernador Hugo Passalacqua firmara un decreto para que el fiscal de estado provincial presente una medida judicial de rechazo al artículo 154.
El Gobierno, por su parte, sostiene que el tema de tierras es una cuestión de propiedad privada y no de soberanía. Mientras la Corte define cómo sigue la causa con los conjueces, el resultado de la sesión del 15 dependerá menos de los tribunales que de cuántos legisladores estén dispuestos a sentarse en el recinto.
