La comunidad universitaria, los gremios estatales y distintas organizaciones sociales confluirán este jueves frente al Congreso en una jornada de protesta contra las políticas del Gobierno de Javier Milei. La convocatoria reunirá la quinta Marcha Federal Universitaria, un paro nacional de trabajadores estatales y una movilización multisectorial que buscará impulsar la derogación del DNU 70/23 en la Cámara de Diputados.
La protesta se desarrollará en un escenario marcado por el conflicto presupuestario de las universidades públicas y los reclamos de distintos sectores afectados por las reformas económicas del Ejecutivo. Aunque la Corte Suprema restituyó transitoriamente la vigencia de la Ley de Tierras, las organizaciones convocantes ratificaron la movilización y mantuvieron entre sus principales objetivos el rechazo al megadecreto.
La jornada tendrá su epicentro en la Ciudad de Buenos Aires, pero también habrá manifestaciones en distintos puntos del país. La comunidad universitaria reclamará que el Gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso y respaldada por fallos judiciales, mientras que los trabajadores estatales exigirán respuestas frente al ajuste y las modificaciones impulsadas por la administración libertaria.
Las facultades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) comenzaron a desplegar actividades desde este miércoles, con clases públicas, semaforazos, asambleas y vigilias para preparar la movilización del día siguiente.El cronograma contempla actividades en distintos puntos de la Ciudad con clases públicas de la Facultad de Ciencias Económicas en la avenida Córdoba y Junín, frente al Palacio Pizzurno, en la Facultad de Ingeniería en Paseo Colón e Independencia, asambleas y vigilias en las facultades de Ciencias Exactas, en Ciudad Universitaria, y de Ciencias Sociales, en Santiago del Estero 1029 y semaforazo de Psicología en Independencia y La Rioja. Además, la Facultad de Filosofía y Letras mantendrá una toma durante toda la jornada en su sede de Puan 480.
Las actividades buscan visibilizar el conflicto presupuestario y sostener el reclamo universitario en la previa de una movilización que reunirá a docentes, estudiantes, trabajadores no docentes y autoridades académicas.
En tanto la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro nacional de 24 horas para este jueves, con movilización al Congreso. También participarán las dos CTA, organizaciones sociales y dirigentes de distintos espacios del peronismo y la izquierda.
La medida de fuerza tendrá impacto en distintas dependencias públicas. Según las previsiones difundidas, se garantizarán guardias mínimas en hospitales y servicios de urgencia en centros asistenciales, mientras que organismos como PAMI y ANSES podrían limitar su atención a las emergencias.
También se anticiparon posibles complicaciones en el transporte aéreo por medidas que involucran a trabajadores de la actividad y de organismos de control. En ese contexto, se prevén restricciones en tareas de la ANAC, la CNRT y otros servicios estatales. Los alcances concretos dependerán de la adhesión de cada sector.
En la provincia de Buenos Aires, además, las escuelas públicas realizarán un paro de 24 horas para reclamar una recomposición salarial y mayores recursos para la educación.
La movilización del jueves tendrá dos ejes centrales. El primero será el reclamo por la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, frente a la negativa del Gobierno a implementar los recursos previstos en la norma. El presidente del Consejo Interuniversitario Nacional y rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, advirtió que desde la asunción de Milei las transferencias al sistema universitario cayeron a la mitad. Los rectores también reclaman que el Presupuesto 2027 contemple los fondos establecidos por la ley.
El segundo eje estará puesto en el Congreso, donde la oposición buscará reunir el quórum necesario para tratar la derogación del DNU 70/23. El decreto, que estableció buena parte de las reformas económicas y regulatorias del Gobierno, cuenta con el rechazo del Senado desde 2024, pero todavía no fue derogado por ambas cámaras.
La convocatoria multisectorial también sumará demandas de organizaciones de personas con discapacidad, inquilinos, trabajadores rurales, ambientalistas, pueblos originarios y movimientos sociales. Entre los reclamos figuran la implementación de la emergencia en discapacidad, la recuperación de garantías de financiamiento y la restitución de derechos afectados por las reformas oficiales.
La jornada se desarrollará así con una agenda que excede el conflicto educativo: las organizaciones buscarán convertir la movilización en una demostración de fuerza frente al Gobierno y acompañar la ofensiva parlamentaria opositora contra uno de los principales instrumentos normativos de la gestión libertaria.
AL/CM
