La Justicia Federal de San Isidro procesó a José Luis Espert en la causa que lo investiga por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. La medida, firmada por el juez federal Lino Mirabelli, significa un nuevo revés para el ex diputado en el marco de la investigación por el pago de US$ 200.000 que recibió en 2020 de parte de una empresa vinculada a Federico “Fred” Machado, empresario detenido en Estados Unidos investigado por posible lavado de dinero y narcotráfico.
A su vez, se le impuso un embargo de $ 1.000 millones y la prohibición para salir del país. También fue procesado el contador de Espert, Mariano Alejandro Cosentino, a quien se consideró como partícipe necesario del delito de lavado, con un embargo por $ 700 millones.
En agosto, el ex funcionario había pedido su sobreseimiento en la causa a través de un descargo de 141 páginas ante la Justicia. Según su versión, se trató de un contrato por una asesoría a una empresa, que fue firmado ante un escribano, aunque la Fiscalía sospecha que se trató de una maniobra simulada para lavar dinero.
“El pago llegó a MI cuenta, con MI nombre en la referencia de la transferencia. Un solo giro, entero, de banco a banco. El que lava esconde su nombre. Yo lo puse en cada papel”, expresó en X ese mismo mes.
La decisión del juez Mirabelli llega apenas días después de que la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín rechazara los planteos de nulidad presentados por su defensa y confirmara la validez de las medidas probatorias
La justicia busca esclarecer el origen y el destino de una transferencia de US$ 200.000 que Espert habría recibido de Minas del Pueblo, una empresa minera radicada en Guatemala y vinculada a Machado.
El empresario fue extraditado a Estados Unidos, donde permanece detenido, y asumió su culpabilidad por lavado de dinero y fraude en un acuerdo con la fiscalía estadounidense. Su nombre quedó asociado a la investigación por los fondos que habría aportado a la campaña presidencial de Espert en 2019.
Según la hipótesis fiscal, el dinero ingresó a una cuenta no declarada del entonces diputado en el banco Morgan Stanley, en Estados Unidos, y luego fue incorporado al circuito económico argentino para adquirir bienes y dar apariencia de legalidad a los fondos. Entre las operaciones bajo análisis figuran la compra de un BMW, posteriormente un Lexus RX, y un proyecto de vivienda de veraneo cerca de Costa Esmeralda mediante un fideicomiso.
La investigación también apunta a determinar si el exlegislador recibió otros fondos de origen sospechoso. La fiscalía reconstruyó un mecanismo mediante el cual habría cambiado dólares en efectivo en el mercado informal para luego recuperar pesos bancarizados y afrontar sus gastos habituales. Entre los movimientos analizados aparecen transferencias que habrían totalizado unos $225 millones producto de operaciones de cambio.
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