La escribana Adriana Mónica Nechevenko de Schuster, responsable en dos de las recientes operaciones inmobiliarias del jefe de Gabinete Manuel Adorni, fue citada a declarar por el fiscal Gerardo Pollicita en el marco de la investigación por la compra de dos propiedades del ex vocero. Una década atrás, Nechevenko declaró por haberle certificado la firma a los miembros de una organización condenada por el tráfico de efedrina.
La funcionaria fue quien certificó la adquisición de la ya famosa casa del funcionario en un country bonaerense en 2024 y del reciente departamento en Caballito, registrado por un valor inferior al de mercado y como resultado del préstamo de dos jubiladas.
Este es un punto clave en la investigación. El financiamiento de la compra del departamento, habría sido realizada mediante dos préstamos no bancarios de 100.000 dólares cada uno según consta del registro del boleto de compraventa. Las supuestas prestamistas son dos mujeres de más de 60 años, aunque al ser consultadas por periodistas, una negó conocer a Adorni y la otra no pudo ser ubicada directamente.
Los antecedentes de la escribana en causas judiciales complejizan la situación. Hace doce años, Nechevenko declaró en un juicio oral contra una organización dedicada al tráfico de efedrina, en el que varios de sus clientes fueron condenados. Durante ese proceso, reconoció haber trabajado durante años para algunos de los imputados, limitándose —según su testimonio— a certificar firmas y participar en la constitución de sociedades.
En aquella causa se investigó un esquema de importación irregular de efedrina a través de empresas farmacéuticas, muchas de ellas consideradas “fantasma”. Entre 2007 y 2008, dichas firmas introdujeron al país casi 10 toneladas de la sustancia, una cifra que excedía ampliamente las necesidades de la industria local. Gran parte de ese excedente, según la Justicia, terminaba en redes de narcotráfico dedicadas a la producción de metanfetaminas.
La operatoria incluía el uso de testaferros, personas de escasos recursos que figuraban como responsables formales de las importaciones. En ese contexto apareció el nombre de Guillermo Ascona, identificado como prestanombre en varias operaciones, cuyas firmas también habrían sido certificadas por la escribana. La Justicia determinó que actuaba en beneficio de la organización que manejaba el negocio ilegal.
El juicio concluyó con condenas para varios integrantes de la red, mientras que otros permanecieron prófugos. Ahora, el foco vuelve a situarse sobre Nechevenko, quien deberá explicar su intervención tanto en aquellas actividades pasadas como en las recientes operaciones inmobiliarias bajo investigación. Su declaración podría resultar clave para esclarecer posibles irregularidades en torno al patrimonio del actual jefe de Gabinete.
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