La Justicia le dio la razón al colectivo de discapacidad en su lucha para que el gobierno de Javier Milei cumpla con las prestaciones. Ayer, un tribunal de Córdoba le ordenó a los organismos nacionales que se pongan al día con los prestadores en un plazo de tres días. La medida abarca a todas las personas con Pensiones No Contributivas (PNC) con Certificado Único de Discapacidad (CUD) en la provincia.
El juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja, titular del Juzgado Federal N°3 de Córdoba, le ordenó a Incluir Salud y al PAMI que normalice en un plazo de 72 horas los pagos de las prestaciones previstas en la Ley 24.901 y que cumpla con el sistema de cobertura integral para personas con discapacidad.
Si bien la presentación fue hecha por la madre de un joven con discapacidad, se trata de una medida de “incidencia colectiva” que aplica a todas las personas con pensiones no contributivas y certificado de discapacidad que atraviesen la misma situación en Córdoba. La abogada Marta Lastra, que llevó adelante la iniciativa junto a José Roque y Diego Bustos, explicó que es fundamental “por la situación de desventaja que tiene un titular de pensión no contributiva. No solamente por la discapacidad sino por la situación socioeconómica en desventaja, que le impide acceder a la justicia de manera privada”.
En diálogo con La Pluma, la letrada dijo que “es una decisión muy justa porque se admite la incidencia colectiva para beneficiar a todo el sector de pensionados titulares de pensiones no contributivas”. Un universo de aproximadamente 700.000 personas que tienen prestaciones a través de Incluir Salud.
La presentación judicial se hizo por pedido de la mamá de un joven que planteó que el centro al que asistía ya no podía sostener la situación financiera y estaba en riesgo de dejar de funcionar. En ese marco los abogados hicieron la presentación a través de un amparo colectivo.
“En Córdoba, como en todo el país, las instituciones no pueden seguir sosteniéndose ante la ausencia de pago que data de prestaciones desde octubre o noviembre del año 2025, habiendo suspendido una cadena de pago que ya viene atrasada. Ya tienen magros aranceles porque el nomenclador no fue actualizado según lo establecido por la Ley de Emergencia en discapacidad y tenemos un desfasaje en los valores”, explicó Lastra.
Para tener una referencia, la prestación ambulatoria de kinesiología respiratoria se paga 18.000 pesos, algo totalmente alejado de los valores del mercado actual. “No podemos pretender que los aranceles para las personas con discapacidad estén por debajo de lo que implicaría las regulaciones profesionales”, agregó la abogada.
Para Martín Felix, prestador que tiene un hogar en la Ciudad de Buenos Aires, “este fallo es importante porque nos da impulso y nos reconoce como colectivo”. “No es una situación individual como muchas veces plantea el Ejecutivo en los escritos, que dice que cada uno tiene que hacerlo de forma individual. Nosotros trabajamos de forma colectiva y somos un sostén de un mismo todo”, le dijo a este diario.
En su fallo, Vaca Narvaja hace hincapié en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene jerarquía constitucional y que establece el cumplimiento de los “derechos al nivel adecuado de vida, salud, habilitación, rehabilitación, educación, protección social y trabajo de las personas con discapacidad».
Ahora, el gobierno de Milei tiene 72 horas a partir del martes 19 para regularizar los pagos de las prestaciones. La cautelar tiene una vigencia de seis meses o hasta que se dicte una sentencia firme, bajo apercibimiento de ley en caso de incumplimiento por parte de los organismos nacionales.
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