La Justicia le negó a Miguel Ángel Pichetto y a Nicolás Massot la medida urgente con la que buscaban suspender la derogación de la Ley de Tierras Rurales mientras se discute el fondo del asunto. El juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 1, a cargo de Enrique Alonso Regueira, resolvió este lunes 5 de octubre que no se verificaban las condiciones para otorgarla.
El rechazo, sin embargo, no cierra el expediente. Lo que el magistrado desestimó fue la cautelar interina, es decir, la que se concede de inmediato y sin escuchar antes al Estado. El planteo de fondo sigue su curso: el Gobierno tiene cinco días hábiles para presentar su postura, y recién después el juez se pronunciará sobre la cautelar propiamente dicha. Mientras tanto, el fallo de la Corte Suprema permite que los extranjeras puedan comprar tierras sin límite en el país.
El fallo suma un capítulo judicial a una pelea que se juega sobre todo en el Congreso: con el decreto otra vez en el centro de la escena, la oposición tiene fijada para el 15 de octubre una sesión especial para rechazar el DNU 70/23.
Qué dijo el juez y qué había pedido la oposición
El juzgado entendió que «no se acredita la concurrencia de circunstancias graves y objetivamente impostergables» que justificaran otorgar la medida. Ls diputados no lograron demostrar esa urgencia como para dictar una cautelar interina antes de oír al Estado Nacional.
La presentación la habían hecho el 2 de octubre, a pocos días del fallo de la Corte Suprema del 29 de septiembre, que revocó la sentencia que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, el que derogó la Ley de Tierras. Pichetto y Massot actuaron como ciudadanos y habitantes, no en su carácter de legisladores.
Pedían suspender la derogación de la Ley 26.737 hasta que haya sentencia en el proceso de fondo. Como medidas subsidiarias, solicitaron que se mantenga en funcionamiento el Registro Nacional de Tierras Rurales, que se preserve su base de datos, que se envíe información mensual sobre las adquisiciones de tierras por parte de extranjeros y que se publique en el Boletín Oficial un aviso sobre la existencia del expediente.
El argumento de fondo era el riesgo de que operaciones realizadas en el ínterin queden amparadas por derechos adquiridos. «Lo que se pierda en el ínterin no podrá recuperarse», sostenían.
La reacción de Pichetto
Tras el rechazo, Pichetto marcó su preocupación: «Mientras la Justicia demora, se pueden concretar esas ventas, con grave riesgo para el patrimonio nacional», publicó en su cuenta de X.
El juez Alonso Regueira rechazó la medida interina que solicitamos para suspender los efectos del DNU que permite la venta de tierras a extranjeros sin límites y le dio al Gobierno cinco días hábiles para responder antes de resolver la cautelar. Pedí reducir ese plazo a dos días.
Mientras la Justicia demora, se pueden concretar esas ventas, con grave riesgo para el patrimonio nacional. Esta decisión permite que esa situación continúe.
Incluso una negativa rápida permitiría acudir a las instancias superiores. Estamos frente a una situación de gravedad institucional, el rechazo de la cautelar preventiva es un indicio de la suerte que puede correr nuestra presentación.
— Miguel Ángel Pichetto (@MiguelPichetto) October 5, 2026
Los dos diputados también le pidieron al juzgado que reduzca de cinco a dos días el plazo que se le concedió al Gobierno para responder. Si el juez acepta el planteo, el informe de la Procuración del Tesoro llegaría antes, y con él la definición sobre la cautelar. Hasta ahora, no consta una respuesta formal del Estado.
Misiones también va a la Justicia
El de Pichetto y Massot no es el único frente judicial. El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, firmó un decreto provincial de rechazo al artículo 154 e instruyó a la Fiscalía de Estado a presentar su propia cautelar. Los cuatro diputados misioneros de Argentina Federal, además, darían quórum el 15 y votarían en contra del decreto.
Los ocho bloques que firmaron el pedido de sesión sumarían una base de unos 115 diputados, 14 menos que los 129 del quórum.
El Gobierno, por su parte, sostiene que el tema de tierras es una cuestión de propiedad privada y no de soberanía, y evalúa volver a impulsar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Patricia Bullrich había reconocido en el coloquio de IDEA que «fue apresurado» llevar al Congreso ese proyecto mientras la Justicia no se había pronunciado sobre el decreto.
Mientras la causa avanza con el plazo de cinco días corriendo, el calendario político no espera. La sesión del 15 de octubre quedó como el verdadero examen para el DNU 70/23, con la Justicia en un segundo plano y los votos de los gobernadores del norte como variable decisiva.
JD/CM
