La oposición dio el primer paso formal hacia la sesión que viene anticipando en las últimas horas: presentó el pedido para debatir, el próximo 15 de octubre a las 14, tres de los temas más sensibles que tiene abiertos el Congreso. Uno es el mega DNU 70/23 que ya fue rechazado en el Senado y, de caerse en Diputados, voltea uno de los sostenes del modelo de Javier Milei. Los otros dos serán cuestiones sensibles también, como lo son los proyectos de discapacidad y endeudamiento familiar, ambos ya con dictamen en la Cámara baja. Firmaron 32 diputados de ocho bloques —Unión por la Patria, Provincias Unidas, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, Primero San Luis, Defendamos Córdoba y Coherencia—, que entre todos suman una base de 122 legisladores. Para habilitar el debate hacen falta 129 diputados presentes, así que la convocatoria arranca ya con un déficit de siete bancas que la oposición deberá salir a buscar entre aliados dialoguistas.
La fecha elegida tampoco es casual. El 15 de octubre coincide con una nueva marcha universitaria. Con el pedido ya formalizado, la oposición decidió empaquetar en una sola sesión tres frentes que venía tratando por separado, apostando a que la suma de temas sensibles le permita reunir un número de votos que, tema por tema, viene costándole conseguir.
El rechazo al DNU 70/23, la pelea que la Corte Suprema reactivó con el artículo 154 del decreto que incluye la derogación de la Ley de Tierras Rurales. El Senado ya lo rechazó en 2024, pero como Diputados nunca lo trató, el decreto sigue plenamente vigente; un rechazo en la Cámara baja sería, recién ahí, definitivo. El problema de fondo es que un DNU no se puede votar por capítulos, así que tumbarlo implicaría voltear sus más de 300 artículos, con la resurrección de la Ley de Alquileres incluida, la reforma laboral, la desregulación de las obras sociales, las privatizaciones de empresas públicas, entre tantos otros polémicos puntos que fueron vitales para que Milei saliera a alardear su ajuste y superávit fiscal.
El segundo es la emergencia en discapacidad, con el proyecto opositor que extiende su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027 y que ya cuenta con 36 firmas en su propio dictamen de minoría, surgido del plenario en donde LLA debió dar marcha atrás y convalidar un dictamen propio, aunque en un principio buscó siempre evitar. El tercero es el endeudamiento familiar, con los tres dictámenes que salieron de las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor este 29 de septiembre: el de mayoría, impulsado por LLA con el PRO y la UCR, centrado en transparencia y sin topes a las tasas; y los de minoría, con emergencia por sobreendeudamiento y régimen de refinanciación, que la oposición buscará imponer en el recinto.
El número que falta y la jugada que el oficialismo tiene en el bolsillo
La cuenta de los 122 contra los 129 necesarios deja a la oposición dependiendo, una vez más, de los bloques con peso de gobernadores. Provincias Unidas es la variable que más mira el oficialismo: integra ese espacio a legisladores que responden a mandatarios como Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro, cuya disposición a acompañar una sesión con semejante carga político-simbólica —DNU incluido— no está asegurada ni siquiera dentro de sus propios bloques.
El oficialismo ya empezó a mover piezas para intentar desactivar la convocatoria, trabajando junto a sus aliados para que la sesión no reúna el quórum necesario. Entre las variantes que se manejan puertas adentro de Balcarce 50 está la de convocar una sesión propia con un temario recortado —dejando afuera el DNU, el tema que más incomoda al Gobierno—, una maniobra que ya usó en otras oportunidades este año para licuar convocatorias opositoras. La otra alternativa que se baraja es, como ya propuso el diputado Pichetto, que LLA incluya en su Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, la restitución de la Ley de Tierras, para contener la ola de críticas que se disparó después del fallo del máximo tribunal.
JD/CM
