“En la última reunión de gabinete di la orden expresa de que la motosierra no para”, declaró el presidente, Javier Milei, en la última AmCham Summit. Un mes después, el Gobierno oficializó una nueva tanda de recortes presupuestarios que golpea áreas sensibles como Salud, Educación, Defensa, infraestructura y programas ambientales. La decisión quedó plasmada en la Decisión Administrativa 20/2026, firmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo.
El ajuste más significativo en términos sociales se concentró en el área de Salud, donde el Ejecutivo redujo más de $ 63.000 millones. La quita alcanzó programas estratégicos vinculados al acceso a medicamentos, tratamientos oncológicos y prevención de enfermedades. De hecho, la mayor poda nominal se produjo en el programa “Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica”, que perdió $ 20.000 millones.
También se eliminaron $ 5.000 millones destinados al programa de investigación, prevención y tratamiento del cáncer, especialmente en ayudas directas para pacientes. A eso se suman bajas de $ 800 millones en programas de VIH, hepatitis, tuberculosis y lepra; $ 900 millones en Salud Sexual y Procreación Responsable; y otros $ 500 millones para la prevención de enfermedades transmisibles.
Si bien Milei reivindica de manera constante la importancia de las Fuerzas Armadas, los números muestran un escenario distinto. El Gobierno recortó más de $ 46.000 millones en programas de alistamiento operacional, en un contexto en el que el gasto militar argentino atraviesa uno de sus niveles más bajos de las últimas décadas. La Fuerza Aérea sufrió el mayor ajuste, con una quita de $ 16.500 millones en equipamiento y bienes de uso. Por su parte, la Armada perdió más de $ 15.200 millones y el Ejército otros $ 12.600 millones destinados a transporte, comunicaciones y maquinaria militar.
Por si fuera poco, el Ejecutivo también eliminó una partida de crédito externo por más de $ 10.600 millones destinada a la incorporación de cuatro helicópteros navales livianos para la Base Naval Puerto Belgrano. La única excepción se dio en Sanidad Naval, que recibió un refuerzo de $ 4.000 millones para la compra de insumos médicos y farmacéuticos.
El Gobierno contra la Educación pública
El ajuste también alcanzó de lleno al área educativa. La Secretaría de Educación sufrió recortes por más de $ 78.000 millones, según surge de la planilla anexa de la Decisión Administrativa 20/2026. La mayor reducción impactó sobre el Plan Nacional de Alfabetización, que perdió más de $ 35.000 millones destinados principalmente a transferencias para las provincias.
Además, se eliminó el Fondo de Compensación Salarial Docente, redujo partidas para infraestructura escolar y becas estudiantiles, y frenó transferencias destinadas a obras en universidades nacionales. La decisión se conoce, además, en medio del creciente conflicto con el sistema universitario por el deterioro presupuestario del sector.
Milei va contra las provincias
Otro de los ejes centrales del ajuste fue la reducción de fondos para provincias y municipios. La resolución dispuso una poda superior a los $ 970.000 millones mediante la eliminación de transferencias directas y la paralización de obras públicas de saneamiento e infraestructura hídrica. Las quitas impactan principalmente en partidas bajo la órbita de Obligaciones a Cargo del Tesoro y del Ministerio del Interior, afectando programas de desarrollo regional y financiamiento para administraciones provinciales.
Los recortes también alcanzaron a la Administración de Parques Nacionales, que sufrió una reducción superior a los $ 2.557 millones. La contracción compromete recursos para funcionamiento, mantenimiento, combustible, patrullajes y preservación ambiental en 46 parques nacionales, reservas y monumentos naturales distribuidos en todo el país.
Mientras el Gobierno reivindica el ajuste como condición necesaria para sostener el equilibrio fiscal, el impacto vuelve a recaer sobre áreas sensibles del Estado. Salud, infraestructura, programas sociales y preservación ambiental aparecen nuevamente entre los sectores más golpeados por la política de gasto cero impulsada por la administración libertaria.
RM/EO
