Loma Negra anunció que apagará uno de los principales hornos en su planta de L’Amalí, en la localidad bonaerense de Olavarría, hasta noviembre. La decisión no solo enciende las alarmas dentro de la compañía, sino que además expone la profundidad del freno que atraviesa la construcción en Argentina. Desde la empresa justificaron la medida por el elevado costo del gas y por la acumulación de stock de clínker, el insumo base para fabricar cemento. Sin embargo, detrás de esos argumentos aparece un dato estructural: la demanda no alcanza para sostener el ritmo de producción.
La magnitud de la decisión no pasa inadvertida. Se trata de una parada extraordinariamente extensa para una planta como L’Amalí, uno de los centros industriales más importantes del país. Desde el sector sindical advirtieron que una suspensión de esta duración no tiene antecedentes recientes, lo que alimenta la preocupación por el empleo y por la posibilidad de nuevos ajustes si el escenario no mejora.
El trasfondo es claro. Según información de Bloomberg línea, en base a datos del sector, el despacho de cemento al mercado interno cayó 12,7% interanual en abril y retrocedió 9,6% respecto de marzo, revirtiendo la leve mejora observada en el inicio del año. El dato es especialmente sensible porque funciona como uno de los termómetros más directos de la construcción y, por extensión, de la actividad económica.
El apagado del horno también vuelve a poner sobre la mesa el impacto del freno de la obra pública. Aunque el Gobierno sostiene su estrategia de ajuste fiscal como condición para estabilizar la macroeconomía, la contracara empieza a sentirse con fuerza en ramas industriales estrechamente ligadas a la inversión en infraestructura. En ese marco, el caso de Loma Negra se vuelve emblemático: si la principal cementera del país necesita apagar su corazón productivo durante seis meses, el mensaje sobre el estado real del mercado es contundente.
A eso se suma el encarecimiento energético, particularmente del gas, que incrementó los costos operativos en una industria intensiva en consumo energético. La combinación de tarifas más altas, demanda retraída y acumulación de inventario configuró un escenario difícil de sostener.
Más allá de la explicación empresarial, la decisión contradice el discurso oficial sobre recuperación, por lo menos ya lo cuestiona. El apagado del horno principal de Loma Negra revela que, al menos en uno de los sectores más representativos de la economía real, la reactivación todavía no aparece.
El INTI recibe apoyo de 100 empresarios en medio del calvario por el ajuste de Milei
A partir de la amenaza de despido de 700 trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) que denunció la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la eliminación de 1.000 servicios, el organismo convocó a una jornada de debate este miércoles luego del paro que se llevó a cabo la semana pasada.
«La situación es muy compleja. El presidente del INTI, Miguel Romero, nos dijo que (el ministro de Desregulación) Federico Sturzennegger quiere entre 1.500 y 1.700 despidos y en caso de hacer una reestructuración habrá alrededor de 700 despidos. Vivimos muy mal esta situación, e incluso si se concretan 100 o 200 despidos es una catástrofe para el INTI«, describe Marcelo Isleño, metrólogo del Departamento de Control de Servicios Públicos y secretario de Relaciones Institucionales para ATE en el INTI.
La actividad reunirá a directivos, dueños de empresas y referentes del sector productivo que manifestaron su respaldo a la institución. Son más de 100 empresarios industriales que apoyan al INTI en medio del ajuste.
El Gobierno confirmó la privatización total de Transener
De forma oficial, el Estado argentino dejó de tener participación en la estructura accionaria de Transener, la principal empresa de transporte de energía eléctrica en alta tensión del país. De este modo, quedó confirmada la privatización total de la compañía. La medida fue publicada en el Boletín Oficial a través de la Resolución 673/2026 del Ministerio de Economía, firmada por el ministro Luis Caputo.
La adjudicación quedó en manos del consorcio integrado por Edison Transmisión S.A. y Genneia S.A., que presentó una oferta superior a los US$ 356 millones, sin IVA, la más alta entre las empresas participantes. Cabe recordar que compartirá el control de la firma con Pampa Energía, empresa liderada por el empresario Marcelo Mindlin.
El concurso contempló la venta de las acciones que ENARSA posee en Compañía Inversora en Transmisión Eléctrica Citelec S.A., sociedad que controla el 52,65% del capital accionario de Transener S.A. Desde el Gobierno señalaron que la privatización forma parte de un esquema de venta por etapas de la firma. Según el propio Ministerio de Economía, el objetivo es que el Estado se desprenda de activos energéticos, al tiempo que se garantice la continuidad de los servicios y de las obras que permanecen en ejecución.
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