La suspensión por 90 días del programa Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA), dispuesta por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires desde el 1° de mayo hasta el 29 de julio, derivó en tensiones que deben atajar los municipios, sobre los que recae el mayor reclamo de necesidades insatisfechas de la población. Además, se abrió un nuevo conflicto con la Nación por el financiamiento de la asistencia, ya que la Provincia le reclama al Ministerio de Capital Humano una deuda que, según plantean, afecta el funcionamiento del Servicio Alimentario Escolar (SAE).
La decisión fue oficializada mediante la Resolución 842/2026 del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, encabezado por Andrés Larroque. El Gobierno bonaerense argumentó que la suspensión responde a la «emergencia económica», la caída de recursos y la necesidad de reordenar el gasto social para priorizar el SAE, que brinda desayuno, almuerzo y merienda a más de 2,4 millones de estudiantes en escuelas públicas.
Desde la cartera sostuvieron que la suspensión no implica el fin de la asistencia alimentaria, sino una redistribución de recursos hacia el SAE. Al mismo tiempo, anunciaron un aumento del 30% para ese programa y la duplicación de las transferencias alimentarias a los municipios a través del programa MATE.
La Pluma Diario consultó con el Ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense por una posible compensación ante la salida del plan, pero desde su entorno comentaron que no harán nuevas declaraciones al respecto. A tres semanas para la finalización de la suspensión, no hay novedades sobre el futuro del programa.
En paralelo, la Legislatura bonaerense frenó días atrás el tratamiento de los proyectos presentados por el senador Mario Ishii para declarar la Emergencia Alimentaria y Nutricional y la Emergencia Humanitaria y Sanitaria en la Provincia. Las iniciativas buscaban que el gobierno de Axel Kicillof refuerce de manera inmediata las partidas destinadas a comedores comunitarios, el SAE y los hospitales públicos.
Según trascendió, la decisión de no avanzar con ambos expedientes se tomó en la reunión de Labor Parlamentaria y contó con el respaldo de los bloques opositores, en línea con la postura del Ejecutivo provincial. El escenario se da en medio de una prolongada parálisis legislativa y de las disputas internas que atraviesan al Senado bonaerense.
Tras conocerse la resolución, Ishii cuestionó que las diferencias políticas posterguen medidas que, a su criterio, responden a necesidades urgentes de la población. El senador sostuvo que la situación social y sanitaria de la provincia requiere respuestas inmediatas y reclamó priorizar la asistencia alimentaria y el fortalecimiento del sistema de salud por encima de las disputas partidarias.
El Plan MESA había sido creado durante la pandemia de COVID-19 para reemplazar temporalmente los comedores escolares mediante la entrega de módulos de alimentos para consumo en los hogares. Con el regreso de las clases presenciales, el programa continuó como complemento del SAE y era financiado exclusivamente por la Provincia. Según estimaciones oficiales, alcanzaba a más de dos millones de alumnos bonaerenses.
Mientras continúa la discusión entre ambos gobiernos, municipios advierten que el impacto ya se refleja en el territorio. Desde una comuna ubicada en la tercera sección electoral señalaron a La Pluma Diario que ven una «saturación» en el sistema, ante los recursos que no dan abasto a la demanda, y agregaron que «hay muchas familias que todavía esperan que se reestablezca».
Además, remarcaron que también debieron absorber gastos que antes cubría la Provincia. «Redujeron la leche a la mitad desde febrero, por el programa Un Vaso de Leche por Día, que es un histórico dedicado a personas gestantes e infancias hasta los seis años. Y tras ese recorte no volvió nunca a la normalidad. Y la leche la verdad es que es un alimento de extremada necesidad en los primeros pasos de la formación y el desarrollo de un ser humano», explicaron.
Mencionaron desde un distrito del Conurbano que desde Provincia “dejaron de cubrir insumos de extrema necesidad, como por ejemplo leches medicamentosas o especiales, o suplementos alimenticios. Son muy caros. Eso sigue impactando muchísimo en los presupuestos del municipio”. Incluso advirtieron que “están dejando de cubrir materiales ortopédicos y otros insumos de extrema necesidad que antes se cubrían y ahora cada vez menos y por goteo”.
En otro distrito agregaron que «hace un tiempo la Provincia dejó de enviarnos insumos críticos como chapas, tirantes, alfajías, colchones, que antes eran cubiertos por ellos y que nos representaban un importante porcentaje del presupuesto que no teníamos que utilizar en eso, y ahora sí. Ahora estamos limitados de ese alcance que teníamos antes porque no te dan los números si tenés que resolver otras cuestiones».
La preocupación también alcanza a organizaciones sociales. Hugo Chávez, presidente de la asociación que administra el comedor «La Casita de Néstor» en el distrito de San Miguel, afirmó que «hubo un aumento de demanda de personas mayores, niños e indigentes, al mismo tiempo que hubo reducción de recursos». Según explicó, actualmente asisten a unas 50 personas y debieron reducir la frecuencia de las prestaciones alimentarias debido a la falta de recursos: “Antes dábamos lunes, miércoles y viernes, y ahora estamos solo miércoles, comida, y viernes, un desayuno temprano”.
Por otro lado, desde el municipio de San Martín aseguraron que siguen entregando con normalidad 15.000 bolsas alimentarias mensuales a su red de comedores y merenderos. «La demanda sigue creciendo pero la salida del Plan Mesa no implicó un incremento sustancial de pedidos. Seguimos trabajando de la misma manera. Es importante remarcar que ante la retirada del Gobierno nacional, desde el municipio hemos tenido que triplicar la inversión en política alimentaria. Y la red de comedores y merenderos se amplió a 134 comedores y 84 merenderos, creció un 12% en el último año», explicaron.
Laura Cibelli, integrante de la mesa ejecutiva de la UTEP y militante del movimiento de trabajadores excluidos (MTE) en Quilmes, expresó: «Venimos muy preocupados por la situación alimentaria porque todos los meses la cosa se pone peor. Cada vez hay menos alimentos para cocinar, sumado a todos los recortes que hizo el Gobierno nacional de asistencia alimentaria. Además, las cocineras en los comedores que siguen funcionando cobran $ 78.000, que son una miseria».
Sobre el plan MESA, aseguró que «les impacta directamente, porque no solo aumenta la demanda de familias que quieren comer, sino también gente que viene a pedir cosas para poder cocinar en su casa y escasean». En ese sentido, explicó: «Nosotros venimos denunciando esto. En Quilmes tenemos más de 20 espacios y no damos abasto». Asimismo, pidió que se ponga prioridad en las políticas alimentarias «con un Gobierno tan cruel como este, de ajustes y que genera mayores niveles de pobreza y precariedad».
La Provincia atribuye las dificultades presupuestarias al descenso de las transferencias nacionales destinadas a los comedores escolares. La Subsecretaría de Políticas Sociales bonaerense, Bernarda Meglia, explicó para Chequeado que «el reclamo es en función de la diferencia entre lo que solicitamos de fondos cada año y lo que efectivamente nos enviaron». Según la funcionaria, el Gobierno bonaerense solicitó a la Nación el equivalente al 30% del presupuesto anual del SAE, pero recibió montos inferiores.
El 29 de abril, dos días antes de que entre en vigencia la suspensión, Larroque encabezó junto a intendentes bonaerenses una movilización frente al Ministerio de Capital Humano para reclamar una supuesta deuda de $ 220.000 millones correspondiente a aportes para el SAE. Además, solicitaron otros $ 372.000 millones para sostener la asistencia alimentaria que brindaba el MESA mientras permanezca suspendido.
El Gobierno nacional rechazó los planteos. Desde el Ministerio de Capital Humano aseguraron que «el Gobierno nacional no mantiene deuda alguna con la Provincia de Buenos Aires» y sostuvieron que «no tiene responsabilidad alguna en el desfinanciamiento que la Provincia de Buenos Aires ha decidido sobre sus propios programas provinciales». También afirmaron que el aporte nacional representa alrededor del 20% del costo de los comedores escolares y que el resto corresponde a la administración bonaerense. La tensión quedó expuesta durante la protesta, cuando en la sede del ministerio apareció un cartel dirigido a los jefes comunales que decía: «Intendentes, diríjanse a quien corresponda. Si su gobernador no sabe administrar, que deje paso a quienes saben».
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