La creciente morosidad de las familias argentinas se convirtió en uno de los principales focos de preocupación económica y motivó a distintos sectores de la oposición a impulsar proyectos en el Congreso para aliviar el endeudamiento de los hogares. Las iniciativas buscan establecer mecanismos de reestructuración de deudas, limitar las acciones de cobro y ofrecer alternativas para evitar que miles de familias profundicen su situación financiera.
El diagnóstico que sustenta estos proyectos fue reforzado por el último informe del Grupo Atenas, que sostiene que la economía enfrenta una combinación de altas tasas de interés, caída del ingreso disponible y menor actividad que terminó deteriorando la capacidad de pago de los hogares. Según el trabajo, la morosidad dejó de ser un problema individual para transformarse en un fenómeno con impacto macroeconómico.
El estudio advierte que la mora de las familias se multiplicó por cuatro en un año y medio y mantiene una tendencia ascendente. Además, señala que una morosidad superior al 12% restringe aún más el crédito y el consumo, generando un círculo que dificulta la recuperación económica. El informe agrega que, de no producirse una reducción significativa de las tasas de interés, es esperable que los incumplimientos continúen creciendo en los próximos meses.
Frente a este escenario, distintos bloques de la oposición presentaron proyectos para aliviar esta situación. La «Ley de Segunda Oportunidad para Hogares Endeudados», impulsada por Lucía Cámpora, Julieta Campo y Gabriela Estévez, junto a otros integrantes del bloque de Unión por la Patria (UxP), establece que podrán acceder quienes tengan deudas de consumo equivalentes a más del 30% de sus ingresos, o superiores al 20% en casos de vulnerabilidad económica.
El proyecto también incorpora dentro de su alcance a las billeteras virtuales y otras plataformas de financiamiento. Como complemento, propone la creación de un Observatorio de Endeudamiento de los Hogares, con el fin de relevar información sobre niveles de deuda, morosidad y condiciones de financiamiento.
Junto con esta iniciativa se encuentra el Programa Nacional de Alivio de Deuda Personal, impulsado por la diputada por UxP, Julia Strada. El mismo busca crear un marco regulatorio federal para que los hogares sobreendeudados puedan renegociar, unificar y refinanciar sus deudas de consumo mediante planes de pago con plazos sostenibles y tasas de interés máximas reguladas que eviten el ahogo financiero.
Por otra parte, el diputado Juan Carlos Molina, junto con otros 15 legisladores de Unión por la Patria, entre ellos Natalia Zaracho, Itai Hagman, Germán Martínez, Cecilia Moreau, Hugo Yasky, Mario Manrique, Carlos Daniel Castagneto, Martín Aveiro, Sabrina Selva y Gabriela Pedrali, impulsó el Régimen Esencial de Desendeudamiento de las Familias Argentinas (RED). La iniciativa propone declarar por dos años la emergencia crediticia de las familias y crear un régimen específico para atender el sobreendeudamiento de los hogares. El proyecto busca establecer herramientas para reestructurar las deudas y brindar alivio a quienes enfrentan dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras.
En paralelo, la senadora bonaerense Mónica Macha presentó para la provincia de Buenos Aires un proyecto de ley que suspende durante un año las ejecuciones hipotecarias, judiciales o extrajudiciales que apliquen sobre una vivienda ocupada por una persona deudora. La propuesta busca brindar un alivio temporal mientras se discuten soluciones estructurales para el endeudamiento familiar.
En marzo, el diputado nacional por Entre Ríos Guillermo Michel había presentado un proyecto de ley para crear el Programa de Desendeudamiento de las Familias Argentinas, que busca brindar una alternativa de financiamiento a los hogares afectados por el aumento de la morosidad. La iniciativa propone que jubilados, trabajadores, monotributistas y beneficiarios de planes sociales puedan acceder a una línea de crédito directa de Anses para cancelar deudas con tarjetas de crédito, plataformas y otros operadores. Según el legislador, el aumento de los gastos fijos y la pérdida de poder adquisitivo llevaron a muchas familias a recurrir a créditos con altos costos financieros para cubrir necesidades básicas. El proyecto apunta así a reducir el nivel de endeudamiento de los hogares y facilitar la regularización de sus deudas.
En esa línea, la senadora nacional por Santa Cruz Natalia Gadano presentó un proyecto de ley para declarar la emergencia económica y financiera por 180 días ante el crítico sobreendeudamiento de consumo que sufren las familias argentinas. La iniciativa, que está en estado de trámite, busca contener la morosidad generada principalmente por el uso de tarjetas de crédito y promover la creación de mecanismos administrativos gratuitos y planes de pago a tasas justas para facilitar la reestructuración de las deudas.
Para el Grupo Atenas, uno de los principales factores detrás del deterioro es el nivel de las tasas de interés. El documento sostiene que las tasas activas se ubican más de 50 puntos por encima de la inflación, lo que encarece el financiamiento, rompe el funcionamiento del crédito y dispara la morosidad de los hogares. También afirma que la incertidumbre macroeconómica lleva al sistema financiero a mantener tasas elevadas como mecanismo de cobertura. Asimismo, remarca que el crédito perdió dinamismo desde fines de 2025. De acuerdo con el informe, el sobreendeudamiento de las familias, la caída del ingreso disponible y el elevado costo financiero provocaron un freno en la demanda de préstamos, pese a que los bancos mantienen niveles de liquidez suficientes para prestar.
En paralelo, la consultora sostiene que la reducción del ingreso disponible y la caída del consumo profundizan las dificultades para afrontar las obligaciones financieras. El trabajo indica que el salario disponible nunca recuperó los niveles previos y que el consumo masivo acumula varios meses consecutivos de retroceso, factores que terminan debilitando la capacidad de pago de los hogares.
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