La oposición todavía no alcanzaría los 129 diputados necesarios para tener quórum y rechazar el DNU 70/23. La sesión tambalea luego de que el Gobierno y sus aliados firmaron este miércoles un dictamen para restituir la Ley de Tierras que el propio decreto había derogado, y con eso le quitaron a los gobernadores dialoguistas el motivo que más los incomodaba.
La sesión especial está convocada para este jueves a las 14, con el rechazo del decreto, la emergencia en discapacidad y el endeudamiento familiar como temario. Los sondeos que circulan en los pasillos del Congreso muestran unos 122 presentes que estarían confirmados hasta ahora, según pudo saber La Pluma. De ser así, restarían al menos siete diputados para que se inicie la sesión opositora.
En La Libertad Avanza dijeron que ven el número «muy difícil, muy justo» y no se animan a asegurar que la sesión se caiga. En Unión por la Patria, en cambio, ya hablan de hacer expresiones de minoría para exponer a quienes no permitan el quórum, aunque todavía negocian a contrarreloj con «los del medio». «Estamos con optimismo de reunir el número», dijeron a este medio.
Misiones y Catamarca sí, Salta y Tucumán en duda
Con los que ya confirmaron, la cuenta de la oposición llega a 92 diputados de Unión por la Patria, 11 de Provincias Unidas, 4 de Argentina Federal, 4 de la izquierda, 3 de Elijo Catamarca, 2 de Encuentro Federal, 2 de la Coalición Cívica, 2 del peronismo puntano y las monobloquistas Natalia De la Sota y Marcela Pagano.
Los misioneros están adentro. El diputado Alberto Arrúa dijo que el decreto «le afectó a todo el país, pero particularmente a la provincia de Misiones», y que la provincia le dio al Gobierno «dos años de crédito» sin recibir la misma reciprocidad. También están los catamarqueños que responden a Raúl Jalil. Su referente, Sebastián Nóblega, aclaró hace una semana que «somos firmes defensores de la Ley 26.737», la que ahora el oficialismo quiere restituir.
En Córdoba, los diputados de Martín Llaryora bajarían al recinto aunque saben que el número no está asegurado. Lo harán Juan Schiaretti, Carlos Gutiérrez, Ignacio García Aresca y Carolina Basualdo, molestos con el Gobierno por los incumplimientos financieros con la provincia, y el democristiano Juan Brügge, que fue de los primeros en pedir el rechazo. Alejandra Torres lo evaluaba y no descartaba ausentarse: tiene reparos en voltear un decreto que también desreguló alquileres y vuelos.
La incertidumbre está del lado de los mandatarios que tienen la llave: Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Carlos Sadir (Jujuy), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) e Ignacio Torres (Chubut). Negocian con la Casa Rosada las PASO y el Presupuesto 2027, y analizaban si mandar a algunos de sus diputados a votar.
Los tres salteños de Argentina Federal (Bernardo Biella, Pablo Outes y Yolanda Vega) ya dijeron que no darán quórum, igual que Jorge Ávila, de Chubut, Sergio Capozzi, de Río Negro, y José Luis Garrido, de Santa Cruz. Tampoco figuran en los poroteos la jefa de Provincias Unidas, Gisela Scaglia, el jujeño Jorge Rizzotti y la mendocina Lourdes Arrieta.
Inviolabilidad de la Propiedad Privada vuelve al Senado
La jugada se hizo en el plenario de Asuntos Constitucionales y Legislación General, que preside el libertario Nicolás Mayoraz. Con el PRO y la UCR, el oficialismo firmó el despacho del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y le sumó un capítulo de dos artículos: el 38 deja sin efecto el artículo 154 del DNU 70 y el 39 restablece la Ley de Tierras Rurales.
La propuesta la leyó un radical, el correntino Diógenes González, y busca dejar sin quórum la sesión del jueves. La ley que ahora vuelve fue sancionada a fines de 2011 por impulso de Cristina Kirchner, y en su momento tuvo 153 votos afirmativos y 26 en contra, 25 de ellos radicales.
Como el texto cambia, el proyecto, que el Senado aprobó parcialmente el 7 de agosto, tiene que volver a la Cámara alta. Allí hay dudas. Patricia Bullrich había quitado el capítulo que permitía vender tierras a extranjeros, y no está del todo convencida de reincorporar la Ley de Tierras, aunque fuentes oficialistas aseguran que «esto se acordó en la mesa política». En el Senado reconocen que es un tema que «generó rechazo social».
El plan es votarlo en la sesión del miércoles 21. Si se aprueba, volverá a regir el tope de 15% de la superficie nacional para la venta de tierras a extranjeros, justo lo contrario de lo que pretendía el decreto.
Alquileres, cielos abiertos e internet: lo que el Gobierno no quiere perder
Con la tierra resuelta, quedan los capítulos del decreto que el Gobierno sí quiere conservar: alquileres, mercado aerocomercial, abastecimiento e internet, entre otros. Como el DNU solo se puede rechazar completo, tirarlo abajo implicaría perderlos a todos. Martín Menem ya había advertido que se vendrían aumentos de alquileres y problemas con el internet satelital.
En el Gobierno lo ven como un golpe al corazón de la gestión y temen un caos jurídico. De ahí que el dictamen de tierras funcione como la última salida: desactiva el punto que más resistencias generaba y deja a los aliados sin la excusa para acompañar el rechazo.
La oposición lo vivió como una burla. «Vuelve la ley del peronismo. Es casi una comedia», ironizó el massista Diego Giuliano. Paula Penacca, de La Cámpora, habló de un «manotazo de ahogado». Y Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, pidió saber «quiénes no se van a sumar a tirar abajo el DNU y a cambio de qué».
También juega la agenda de los cordobeses: los diputados de Llaryora tienen interés en un proyecto de biocombustibles que el Senado aprobó el mes pasado y que se estudiará en comisión el martes 20. La sesión oficialista del 21, además de discapacidad y endeudamiento, podría sumar vandalismo rural y la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.
Mientras tanto, la calle estará cargada, porque habrá paro nacional de ATE, con marcha al Congreso desde las 13.30, y la quinta Marcha Federal Universitaria. La oposición espera que esa presión empuje a los indecisos a sentarse en sus bancas.
JD/CM
