La tensión política alrededor de las reformas sanitarias impulsadas por el gobernador Axel Kicillof escaló a un punto de parálisis institucional en la Legislatura provincial.
Pese a que los expedientes para la creación de la Empresa Farmacéutica Bonaerense y el Sistema Integrado de Salud (SIPBA) lograron despacho de comisión, la vicegobernadora y presidenta del Senado, Verónica Magario, decidió dilatar la convocatoria a sesión especial ante la incapacidad de la bancada oficialista para garantizar el acompañamiento de sus propios senadores e intendentes aliados.
A pesar de que Fuerza Patria cuenta con 24 bancas propias en la Cámara alta, número suficiente para alcanzar el quórum sin depender de la oposición, la resistencia transversal de jefes comunales del conurbano y del interior quebró la disciplina de bloque.
El freno parlamentario expone cuestionamientos técnicos y severas dudas políticas sobre el rol del ministro de Salud, Nicolás Kreplak.
El problema radica en la incertidumbre en el financiamiento de los municipios. Los intendentes del Frente Renovador, del propio Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y de la UCR rechazan la transferencia de competencias sobre centros de salud y redes de ambulancias hacia los municipios sin un flujo garantizado de recursos.
Además, cuestionan que el esquema de recupero de costos se centralice en un fondo provincial de distribución discrecional y exigen que cualquier reparto se realice de forma automática mediante el Coeficiente Único de Distribución (CUD).
Fuentes del Frente Renovador señalaron a La Pluma que “si el Ejecutivo quiere avanzar en cuestiones de fondo, hay que analizar que estamos muy cerca del cambio de Gobierno, entonces tiene que haber un consenso mayor”.
En los pasillos legislativos marcan que la Presidenta del cuerpo tiene expectativa que los proyectos salgan «en breve», aunque no cuenta con los números necesarios para avanzar con los dos tercios necesarios.
Legisladores de la bancada oficialista cuestionaron abiertamente las explicaciones brindadas por Kreplak en la Legislatura. Objetan la creación de una nueva estructura jurídica mixta en lugar de fortalecer y reconvertir el histórico Instituto Tomás Perón, además de apuntar a la falta de claridad en los porcentajes de participación estatal y privada.
En el debate en comisión presidido por el kicillofista Pedro Borgini, figuras de peso como Mario Ishii mantuvieron reparos e inicialmente condicionaron su voto, mientras que el jefe de bloque, Sergio Berni, debió negociar contrarreloj modificaciones que no alcanzaron para calmar los reclamos de los intendentes.
Desde la Gobernación leen la parálisis legislativa a través del prisma de la interna peronista y la disputa por el armado territorial de cara a 2027. La hipótesis principal apunta a La Cámpora y en el Ejecutivo sospechan que los cuestionamientos técnicos de los intendentes están siendo amplificados o instrumentalizados por sectores del kirchnerismo duro para minar las iniciativas bandera del Ejecutivo provincial.
Sin embargo, las diferentes tribus consultadas por el proyecto aducen responsabilidad a la vicegobernadora y creen que se trata “un problema de comunicación dentro del Gabinete”.
En los pasillos de la Calle 6 vinculan también el malestar de los jefes comunales con la falta de avances en la reforma de la ley que limita las reelecciones de los intendentes bonaerenses, una negociación paralela que presiona sobre la agenda del Senado.
Con los bloques del PRO, UCR y La Libertad Avanza abroquelados en no apoyar con el argumento de que los proyectos multiplican el gasto público y crean burocracia estatal innecesaria en pleno contexto de ajuste, el futuro de la reforma sanitaria de Kicillof queda supeditado a una eventual mesa de negociación entre el Ministerio de Salud, los bloques parlamentarios y la Liga de Intendentes.
