El Gobierno presentó este martes un pedido ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) para que disponga medidas provisionales que frenen el avance del proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por empresas que operan bajo la autorización de las autoridades británicas en las Islas Malvinas. La presentación se produjo tras el vencimiento del plazo de dos semanas que la administración de Javier Milei había otorgado al Reino Unido para detener las actividades vinculadas con la iniciativa.
La decisión, comunicada por la Oficina del Presidente, abre una nueva instancia de la estrategia diplomática y jurídica argentina para cuestionar la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte. El objetivo inmediato es evitar que el desarrollo avance mientras se tramita el arbitraje internacional iniciado por la Casa Rosada en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).
El pedido se fundamenta en el artículo 290, inciso 5, de esa convención, que habilita al Tribunal del Mar a examinar solicitudes de medidas provisionales antes de que se constituya el tribunal arbitral encargado de resolver la controversia. Los jueces deberán evaluar si existen condiciones para intervenir y si la urgencia del caso justifica adoptar restricciones. La presentación no implica una suspensión automática de las actividades petroleras: la decisión corresponde al tribunal, que también puede rechazar el planteo o establecer medidas diferentes de las solicitadas.
El procedimiento se inscribe en el arbitraje previsto por el Anexo VII de la CONVEMAR, cuya activación fue instruida por Milei el 28 de septiembre. La Cancillería, encabezada por Pablo Quirno, y la Procuración del Tesoro de la Nación, a cargo de Sebastián Amerio, trabajaron en la preparación jurídica del reclamo.
La diferencia entre ambos mecanismos es central. Mientras el arbitraje deberá analizar la controversia de fondo, el pedido ante el Tribunal del Mar busca una respuesta urgente que permita preservar los derechos invocados por la Argentina durante la tramitación del expediente.
La CONVEMAR contempla distintos mecanismos para resolver disputas entre Estados. Sin embargo, como la Argentina y el Reino Unido eligieron vías diferentes para dirimir controversias, corresponde aplicar el procedimiento arbitral del Anexo VII.
El Gobierno sostiene que las actividades autorizadas unilateralmente por Londres afectan sus derechos sobre los recursos naturales de la plataforma continental. La estrategia jurídica deberá, no obstante, encuadrar el reclamo dentro de las competencias del tribunal marítimo sin exigirle que resuelva directamente la soberanía territorial sobre el archipiélago.
La presentación se produce mientras las empresas involucradas continúan avanzando con el desarrollo del yacimiento. Sea Lion se encuentra aproximadamente a 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas y constituye uno de los principales proyectos petroleros de la zona.
La operadora Navitas Petroleum, de origen israelí, controla el 65% de la iniciativa, mientras que la británica Rockhopper Exploration posee el 35% restante. Ambas compañías adoptaron la decisión final de inversión a fines de 2025 y mantienen como objetivo iniciar la producción durante el primer trimestre de 2028. La primera fase contempla once pozos submarinos conectados a una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga de petróleo. Las perforaciones de desarrollo están previstas para 2027.
En ese contexto, Rockhopper informó que acordó invertir 44 millones de dólares por su participación del 35% en la sociedad propietaria del buque FPSO OSX-1, destinado al proyecto. El movimiento refleja que las compañías continúan comprometiendo recursos pese a las objeciones argentinas.
La presión oficial también alcanzó a los contratistas. Según informó la Presidencia, Halliburton confirmó que sus filiales no prestarían servicios a Sea Lion. Navitas, por su parte, señaló que trabajaba para reemplazar a dos contratistas afectados y que no esperaba un perjuicio material para el desarrollo.
La administración libertaria buscará fundamentar la urgencia de su presentación en la controversia de soberanía reconocida por las Naciones Unidas y en las obligaciones internacionales vinculadas con los recursos marítimos y la protección ambiental.
Entre los antecedentes invocados figuran la Resolución 2065 de 1965, que reconoció la disputa entre ambos países e instó a negociar, y la Resolución 31/49 de 1976, que llamó a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales que modificaran la situación mientras continuaban las negociaciones.
Otro eje del planteo será el artículo 83.3 de la CONVEMAR, referido a las obligaciones de los Estados mientras está pendiente la delimitación de una plataforma continental. El Gobierno intentará demostrar que la extracción de un recurso no renovable y las perforaciones asociadas pueden generar cambios difíciles de revertir una vez consumados.
Existen antecedentes de medidas provisionales en controversias internacionales. En 2012, el Tribunal del Mar ordenó la liberación inmediata e incondicional de la Fragata Libertad, retenida en Ghana. En 2015, durante la disputa marítima entre Ghana y Costa de Marfil, una sala especial dispuso restricciones a nuevas perforaciones en el área controvertida. Sin embargo, las diferencias jurídicas entre esos casos y el reclamo por Malvinas limitan las posibilidades de trasladar directamente esos precedentes.
Con la presentación ya formalizada, la próxima instancia será la evaluación del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo. Su eventual decisión sobre las medidas provisionales no resolverá la controversia de fondo, que continuará bajo el procedimiento arbitral. Para el Gobierno argentino, el desafío será conseguir una intervención urgente que limite el avance de Sea Lion sin que el tribunal deba pronunciarse sobre la soberanía de las islas.
AL/CM
