La Federación Argentina de Municipios (FAM) expresó un fuerte rechazo a la derogación del Régimen de Zonas Frías aprobada en el Senado por impulso del gobierno de Javier Milei. Afirmaron que el repudio es porque la medida impactará negativamente en millones de usuarios de gas en todo el país.
La entidad, que nuclea a más de 500 intendentes e intendentas, sostuvo que la decisión constituye “un golpe directo al bolsillo de las familias” y elimina un beneficio que había sido concebido para mitigar los efectos de los inviernos rigurosos en distintas regiones. En un comunicado oficial, la FAM recordó que el régimen establecía tarifas diferenciales para zonas con condiciones climáticas adversas, lo que permitía a los hogares afrontar con mayor previsibilidad los costos de calefacción.
“La quita de esa medida reparadora es un golpe directo al bolsillo de las familias”, enfatizó la organización, al advertir que la modificación provocará “un enorme daño a millones de usuarios de gas”.
El pronunciamiento se da en un contexto de aumentos tarifarios generalizados, que la Federación calificó como “impagables”, y en medio de un escenario económico que describe como de “ajuste permanente”.
Asimismo, la FAM consideró que la derogación implica la anulación de “un derecho adquirido” que representaba un alivio fundamental para la economía cotidiana de la sociedad. “Rechazamos este nuevo ataque a las familias argentinas y reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando para reconquistar y defender cada derecho”, concluyó el comunicado firmado por el presidente Fernando Espinoza y los vicepresidentes Lorenzo Smith y Juan Manuel García.
La votación en el Senado se resolvió con 38 votos a favor, 8 en contra y 26 ausentes, lo que permitió al oficialismo avanzar con la iniciativa en el marco de su política de reducción de subsidios.
El gobierno argumentó que la medida busca ordenar el esquema de beneficios y focalizar la asistencia en los sectores de menores ingresos, con un ahorro fiscal estimado en 400 millones de dólares anuales.
Sin embargo, desde la FAM y otras organizaciones sociales se advirtió que el impacto será inmediato en los hogares de clase media y baja, que deberán afrontar facturas de gas con incrementos superiores al 50 % en algunas regiones.
En provincias como Córdoba y Santa Fe, la quita del beneficio alcanzará a más de un millón de usuarios, mientras que en la Patagonia, Malargüe y la Puna se mantendrá el régimen, aunque con modificaciones en el cálculo de los descuentos.
Los intendentes remarcaron que la decisión no solo afecta a las familias, sino también a la economía local, ya que el aumento de tarifas repercutirá en comercios, industrias y servicios públicos. “Las tarifas de gas son un insumo básico para la producción y la vida cotidiana. Su encarecimiento golpea directamente la competitividad de las economías regionales”, señalaron desde la Federación.
Rechazos a la medida
El debate legislativo también expuso diferencias dentro de la oposición, donde algunos senadores reclamaron que la medida se discutiera en comisiones con mayor profundidad antes de su aprobación. Organizaciones de consumidores y asociaciones vecinales se sumaron al rechazo, alertando que la derogación del régimen se traducirá en un retroceso en materia de derechos sociales.
En paralelo, especialistas en energía advirtieron que la eliminación de las tarifas diferenciales podría incrementar la morosidad en el pago de servicios, generando un nuevo foco de conflictividad en el sector.
La FAM, por su parte, anunció que continuará impulsando acciones políticas y judiciales para revertir la medida, en coordinación con gobernadores y legisladores de las provincias afectadas. “Estamos frente a una decisión que desconoce la realidad climática y social de vastas regiones del país. No se trata de privilegios, sino de justicia tarifaria”, remarcaron los intendentes.
GLF
