Máximo Kirchner volvió a poner la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el centro de la discusión económica con un proyecto que busca modificar las reglas con las que la Argentina se endeuda con los organismos internacionales y, al mismo tiempo, abrir una negociación con el organismo por el crédito otorgado en 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri.
La iniciativa, denominada Ley Marco de Defensa de la Posición Argentina frente a los Organismos Financieros Internacionales y Reforma del Convenio Constitutivo del FMI, propone recuperar para el Congreso la decisión sobre el endeudamiento externo, establecer un límite permanente para la deuda y revisar el tramo del crédito que, según sus autores, excedió los parámetros normales de financiamiento.
El planteo parte de una distinción clave: no busca desconocer toda la deuda con el FMI ni suspender los pagos, sino separar los compromisos ordinarios del llamado “excedente” generado por el acuerdo de 2018. Según los fundamentos, ese tramo equivale a unos US$ 37.800 millones si se toma como referencia el límite de acceso vigente en 2018, o unos US$ 30.000 millones si se utiliza el límite actual del organismo.
La propuesta es que ese excedente sea renegociado bajo condiciones diferentes: un plazo de entre 20 y 30 años, un período de gracia, eliminación de sobrecargos y pagos vinculados con la evolución del crecimiento económico, las exportaciones y las reservas internacionales.
El cuestionamiento al acuerdo de 2018
Para justificar la revisión, el proyecto recupera cuestionamientos realizados por organismos de control argentinos y por la propia estructura de evaluación del FMI.
La Oficina de Evaluación Independiente (OEI) del Fondo ubicó el programa argentino de 2018 en una “zona gris” en materia de sostenibilidad de deuda y documentó discusiones internas sobre el cumplimiento de los criterios exigidos para el acceso excepcional. El proyecto sostiene que esos antecedentes permiten discutir la responsabilidad institucional del organismo en la aprobación de un crédito que superó ampliamente los límites habituales.
La iniciativa también cita informes de la Auditoría General de la Nación (AGN) que detectaron irregularidades en el procedimiento argentino de aprobación del crédito, entre ellas la falta de intervención de áreas técnicas y la inexistencia de versiones definitivas traducidas del acuerdo y sus modificaciones.
Otro eje es la fuga de capitales. Según datos del Banco Central citados en el proyecto, la formación de activos externos de residentes alcanzó unos US$ 45.100 millones desde mayo de 2018, prácticamente el mismo monto que los desembolsos del Fondo, que llegaron a unos US$ 44.500 millones.
El proyecto sostiene que el FMI no utilizó las herramientas previstas en su propio Convenio Constitutivo para evitar que sus recursos terminaran financiando la salida de capitales. Por eso propone modificar el artículo VI para que, ante una fuga considerable o sostenida durante un programa, el Fondo tenga la obligación de exigir medidas de administración de los flujos de capital, en lugar de limitarse a contar con esa facultad.
De allí surge el concepto de “corresponsabilidad acreedor-deudor”: la iniciativa sostiene que las consecuencias de un programa fallido no deberían recaer exclusivamente sobre el país deudor si el acreedor multilateral también incumplió sus propias reglas.
Más poder para el Congreso y un techo a la deuda
El proyecto busca además impedir que futuros acuerdos puedan ser aprobados por decreto. Toda operación de crédito público con organismos financieros internacionales debería ser autorizada mediante una ley especial del Congreso, con un expediente técnico completo y público antes del debate parlamentario. La propuesta excluye expresamente el uso de DNU o decretos delegados para reemplazar esa aprobación.
El planteo apunta también al acuerdo vigente con el FMI. Los fundamentos cuestionan el uso del DNU 179/2025 para aprobar las operaciones de crédito del nuevo programa y sostienen que el Presupuesto 2026 volvió a habilitar deuda externa mediante una autorización presupuestaria. Por eso, el proyecto establece que, si se sanciona la ley, el Congreso deberá ratificar o rechazar el programa vigente dentro de los 90 días.
A su vez, fija un techo permanente para el endeudamiento: el stock de deuda pública externa no podría superar el 200% del promedio de las exportaciones de los últimos tres años. Si se supera ese límite, una nueva operación requeriría el respaldo de dos tercios de los miembros presentes de ambas Cámaras, con excepciones específicas para situaciones como emergencias, catástrofes, pandemias o guerras.
Para controlar los futuros acuerdos, la iniciativa crea además una Comisión Bicameral permanente, con acceso a información reservada, facultades para convocar funcionarios y capacidad para solicitar auditorías a la AGN.
El proyecto de Kirchner busca así instalar una doble discusión: hacia adentro, quién debe tener la última palabra cuando la Argentina decide endeudarse; hacia afuera, cuánto de la deuda con el FMI corresponde pagar bajo las condiciones actuales y cuánto debería ser revisado por haber surgido de un programa extraordinario.
La iniciativa, en definitiva, no plantea dejar de pagar al Fondo, sino discutir las condiciones de una deuda que considera excepcional y establecer nuevas reglas para evitar que una situación similar vuelva a repetirse.
RM/EO
