Argentina tiene poco para festejar en el Día del Maestro. El momento que atraviesa la educación argentina en la era libertaria contrasta fuertemente con el legado de Domingo Faustino Sarmiento. Según un informe difundido por la Secretaría de Educación de CTERA, el sistema educativo nacional atraviesa el mayor retroceso presupuestario de los últimos años, con un impacto directo tanto en la infraestructura y los programas escolares como en el bolsillo de quienes enseñan.
El trabajo del instituto, elaborado en base a datos oficiales actualizados al 18 de agosto de 2026, permite dimensionar el recorte con precisión. Mientras el ajuste sobre el conjunto del Presupuesto de la Administración Pública Nacional desde el inicio de la actual gestión asciende al 34,4% en términos reales, la función Educación y Cultura sufrió una poda mayor: 45,9%. Entre las grandes políticas públicas del país, la educación quedó en el podio de los sectores más castigados por el ajuste fiscal, apenas por detrás de dos áreas vinculadas a la obra pública que prácticamente dejaron de ejecutarse.
Calculado en pesos, el presupuesto vigente para Educación y Cultura asciende a poco más de 8,97 billones de pesos, contra los 2,75 billones ejecutados en 2023. La variación nominal —37,1%— puede parecer un incremento, pero en un contexto de alta inflación acumulada esa cifra esconde, en realidad, una fuerte pérdida de poder adquisitivo del presupuesto: -45,9% en términos reales frente a 2023.
El informe distingue entre los distintos componentes de la función Educación y Cultura, y ahí aparece uno de los datos más contundentes: no todo el ajuste pegó parejo. Los programas de Educación Obligatoria cayeron un 77% en términos reales entre 2023 y 2026. Son los que sostienen la escolaridad de nivel inicial, primario y secundario en todo el país. La Infraestructura Educativa, es decir las partidas destinadas a la construcción, ampliación y refacción de escuelas, se desplomó un 95,8% en el mismo período, prácticamente una desaparición de la inversión en edificios escolares.
El estudio desmiente la idea de que el ajuste educativo quedó atrás. Durante los primeros siete meses de 2026, el Poder Ejecutivo modificó el presupuesto aprobado por el Congreso e incrementó un 15,9% el crédito total de Educación y Cultura. Pero ese refuerzo no llegó a las escuelas: casi la totalidad del aumento (+25,9%) se destinó a Educación Universitaria. Mientras tanto, para las áreas más sensibles del sistema, el ajuste continuó: Educación Obligatoria recibió un recorte adicional del 4,4% sobre lo ya presupuestado, y la Infraestructura Educativa sufrió una nueva poda del 54%.
A esto se suma un dato de gestión que agrava el panorama: hasta julio, la ejecución del presupuesto de los programas de la Secretaría de Educación (sin contar universidades) fue de apenas 43,8% del crédito anual, muy por debajo del 58% que, en promedio, debería haberse ejecutado para esa altura del año.
Medido como porcentaje del Producto Bruto Interno, el deterioro resulta todavía más visible. La inversión nacional en Educación y Cultura pasó de 1,43% del PBI en 2023 a apenas 0,79% en 2026, una caída de 0,63 puntos porcentuales. Si se toma una serie más larga, el informe muestra que este indicador venía en descenso desde 2016, tuvo una recuperación parcial durante la gestión del Frente de Todos hasta 2023, y volvió a desplomarse con fuerza a partir de 2024.
Las leyes de Financiamiento Educativo y de Educación Nacional establecen un piso del 6% del PBI para el conjunto del gasto en educación, meta que el país alcanzó por última vez en 2015. Según las estimaciones del instituto, ese indicador se ubicaría en 2026 en torno al 4,1% del PBI, el mismo nivel mínimo que se viene sosteniendo desde 2024, muy lejos del piso legal.
El salario docente también sufre el impacto del ajuste. El FONID, Fondo de Compensación Salarial se mantiene congelado desde septiembre de 2023 en $28.700. Si ese valor se hubiera actualizado por inflación hasta julio de 2026, debería rondar los $158.050. La diferencia entre ambas cifras funciona como una fotografía concreta de cómo un instrumento salarial pensado para complementar el ingreso docente quedó congelado en el tiempo mientras los precios siguieron subiendo.
Así el bolsillo de los propios trabajadores de la educación entre 2015 y 2026 tuvo una caída cercana al 30%. El salario docente llegó a uno de los niveles más bajos de los últimos treinta años. Según los cálculos del instituto, para recuperar el poder adquisitivo de 2015 deberían tener un aumento salarial del 42%.
Desde la llegada de Javier Milei a la presidencia la caída del salario de un maestro de grado con diez años de antigüedad se ubica entre 22% y 25,7% en términos reales, según se mida con el IPC oficial o con un índice corregido por las pautas de consumo relevadas en la última Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares. Esa pérdida resulta mayor a la sufrida por otros gremios como camioneros (-9,8%), bancarios (-2,6%) o el total de trabajadores privados registrados (-10,1%), y se ubica en un rango similar al de sanidad (-18,9%). Dentro del propio sector público, los trabajadores dependientes de la Nación —como buena parte de los docentes universitarios y de organismos nacionales— resultaron los más golpeados, con una caída que llega al 38,5%.
El Día del Maestro nació para honrar a quien impulsó la educación como herramienta de movilidad social e integración nacional. El 2026 ofrece una fotografía que contrasta con el espíritu de la fecha. Los datos dan cuenta de una caída abrupta en términos de infraestructura, inversión, salario y gastos de funcionamiento.
AL/CM
