Javier Milei brindó este jueves a las 21 la cadena nacional sobre Malvinas que había anticipado días atrás, con un pedido central dirigido a toda la clase dirigente: «Este tema demanda una pausa, que hagamos nuestras armas a un lado y mostremos un frente unido ante el mundo como Nación y como sociedad. Hay causas que están por encima de cualquier diferencia política y Malvinas es una de ellas«, dijo, e invitó a «toda la dirigencia política, económica y social de la Argentina» a sumarse al reclamo. Puntualizó, además, que las islas son «indispensables para la proyección de la Argentina en las próximas décadas».
Uno de los anuncios fue la firma de un DNU para «ampliar los recursos del Ministerio de Defensa» con el objetivo prioritario de construir una base naval en Tierra del Fuego y reforzar las capacidades de comunicación de la zona, con la meta declarada de conformar «el polo logístico más importante del Atlántico Sur». En paralelo, Milei confirmó que enviará al Congreso «con carácter urgente» un proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional, con tres ejes: modificar la ley 26.659 para endurecer las penas contra operaciones no autorizadas en la plataforma continental y las islas, crear un Consejo de Seguridad Nacional que defina «una política de seguridad nacional transversal a todo el Estado», y dotar de un marco legal a la protección de infraestructura crítica en la región.
A eso se sumó un tercer instrumento: un decreto, que el propio Milei anticipó que firmaría esta misma noche, para «dotar de mayor celeridad a los procedimientos sancionatorios» que ya prevé la ley 26.659 contra quienes participan de iniciativas de explotación petrolera en el área en disputa, como el yacimiento Sea Lion que las empresas Navitas (israelí) y Rockhopper (británica) buscan poner en producción para 2028.
El resto del anuncio giró en torno a la estrategia de disuasión diplomática que el Gobierno dice haber desplegado hasta ahora. Milei confirmó que la Argentina utilizará «todas las herramientas del Estado, diplomáticas, económicas, judiciales y legales para disuadir a los actores estatales y no estatales que violenten la soberanía» sobre las islas, y precisó una cifra concreta: «La Cancillería argentina ya ha enviado cerca de 180 notas de desaliento a empresas y a más de 29 países involucrados en distintos proyectos en nuestras islas». Las compañías que operen sin autorización en la zona, adelantó, no podrán trabajar en el país y quedarán expuestas a juicios en ausencia.
El anuncio llegó horas después de que Milei viajara a Santiago de Chile para participar del Foro de Madrid, la cumbre de derecha organizada por la Fundación Disenso (vinculada al partido español Vox), donde se reunió con José Antonio Kast. El propio mandatario chileno ratificó públicamente, ese mismo día, «los legítimos derechos de soberanía de la Argentina sobre las Islas Malvinas». El discurso de esta noche llega, de todos modos, en medio del escepticismo que ya había anticipado La Pluma en la previa: desde excancilleres y excombatientes que optaron por esperar los anuncios concretos pero sin esperanza alguna por «la política exterior de este gobierno».
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