La jefa de la bancada de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich, celebró la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil, que comenzó a regir formalmente en la Argentina y desplazó la normativa de minoridad vigente desde 1980. La nueva normativa establece que los adolescentes a partir de los 14 años podrán ser imputados por delitos graves. “Desde hoy no importa la edad: si delinquís, las pagás”, disparó.
A través de sus redes sociales, Bullrich enfatizó que “se terminó la excusa de la edad para delinquir. El que roba, mata o lastima, responde por lo que hace”. La senadora libertaria sostuvo que “durante años, los delincuentes menores tuvieron impunidad. Hoy empieza a cambiar. Porque la Ley tiene que proteger a las víctimas y no a los delincuentes, como les gusta a algunos. Se terminó la impunidad”.
DESDE HOY NO IMPORTA LA EDAD: SI DELINQUÍS, LAS PAGÁS.
Entró en vigencia el Régimen Penal Juvenil.
Se terminó la excusa de la edad para delinquir. El que roba, mata o lastima, responde por lo que hace.
Durante años, los delincuentes menores tuvieron impunidad. Hoy empieza a…
— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 5, 2026
En su mensaje, también dedicó palabras a los familiares de las víctimas: “Y para las víctimas de menores delincuentes y sus familias, una pizca de la justicia que nunca van a tener”.
La nueva ley penal juvenil
La nueva legislación fija un límite jurídico preciso: la responsabilidad penal juvenil se aplica desde los 14 hasta los 18 años. Los menores de 14 años continúan fuera de la imputabilidad penal ordinaria, aunque dentro del oficialismo hubo voces que reclamaron eliminar cualquier límite. La salteña María Emilia Orozco, por ejemplo, expresó durante el debate que “si fuese por nosotros, no habríamos puesto límite de edad”. El régimen dispone de un presupuesto nacional de $23.739.155.303,08 aprobado por el Congreso para sostener la estructura de implementación en todo el país.
En cuanto a penalidades, se prohíben expresamente las condenas a reclusión y prisión perpetua para adolescentes. El máximo de las penas privativas de libertad se fijó en 15 años de prisión. La libertad condicional solo podrá obtenerse tras cumplir dos tercios de la condena y bajo estrictos requisitos legales.
Bullrich defendió que “la prisión es el último recurso”, y destacó que la ley contempla medidas alternativas para delitos con escalas penales de entre 3 y 10 años, como reglas de conducta, amonestaciones, restricciones de acercamiento, reparación de daños, servicios comunitarios o monitoreo electrónico.
La normativa también prohíbe que los menores compartan encierro con adultos. Su alojamiento será en instituciones acondicionadas con personal especializado, institutos abiertos o arresto domiciliario. Asimismo, se resguarda el derecho a la privacidad de los imputados mediante la prohibición de difundir identidades o imágenes, y se establece la responsabilidad civil de los padres por los daños ocasionados por sus hijos.
Las víctimas tendrán mayor intervención en los procesos, un aspecto que Bullrich consideró central para “equilibrar la balanza de la justicia”. No obstante, la entrada en vigor se produce en un escenario de incertidumbre en los juzgados de menores. Fuentes judiciales advierten sobre un inminente incremento de expedientes y plantean dudas sobre la infraestructura disponible. Entre las preocupaciones figuran la falta de institutos especializados, personal técnico idóneo, dispositivos de monitoreo electrónico y supervisores capacitados para garantizar la aplicación efectiva de la norma.
GLF
