La gestión del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, enfrenta días de alta intensidad por una acumulación de reclamos que tocan áreas sensibles de su administración: la seguridad, la obra pública y el tono de sus recorridas territoriales. Lo llamativo de este escenario es que los cuestionamientos no provienen de la oposición tradicional, sino de dirigentes peronistas de distintos sectores adversos a su conducción. Se trata de un pase de facturas que opera como combustible para la interna partidaria.
El asesinato de un oficial oriundo del interior en un barrio de Tres de Febrero reactivó un viejo reclamo de los municipios sobre el destino de los egresados de la escuela Juan Vucetich.
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«Con profundo dolor acompañamos a la familia de Alan Molina, joven tresarroyense de la Policía de la provincia de Buenos Aires, caído en cumplimiento del deber en Fuerte Apache», señaló en redes sociales el intendente massista Pablo Garate.
En su mensaje, destacó que siguen «pidiendo y reclamando para que los policías tresarroyenses puedan prestar servicio en su ciudad».
La presión saltó la grieta política y unió diagnósticos. El planteo está en sintonía con el expresado por el diputado de La Libertad Avanza, Maximiliano Bondarenko, quien remarcó que el joven se había recibido en febrero y se preguntó: «¿En qué cabeza cabe enviar a un efectivo con apenas meses en la fuerza a patrullar uno de los barrios más peligrosos de la provincia? ¿En qué cabeza cabe enviarlo desde Tres Arroyos, su ciudad natal, a prestar servicio a más de 300 kilómetros?».
«Nuestros policías necesitan preparación, experiencia, respaldo y planificación. No ser enviados a enfrentar el delito como si fueran descartables», agregó.
El reclamo no es aislado. Desde la oposición, en varias oportunidades le han demandado al ministro de Seguridad, Javier Alonso, y al gobernador que permitan que los oficiales del interior vuelvan a prestar servicio en sus distritos. La respuesta del Gobierno ha sido que la asignación de destinos está vinculada a la problemática delictiva de cada zona.
La parálisis de la obra pública debido al recorte de fondos nacionales también derivó en un inesperado cruce dentro de Unión por la Patria. Todo comenzó cuando el propio ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, reclamó públicamente que la Casa Rosada transfiera la jurisdicción de la Autopista Presidente Perón a la órbita provincial para que la administración bonaerense complete los trabajos junto a un consorcio de municipios.
Sr. Ministro con todo respeto, los bonaerenses necesitamos que se termine la ruta provincial 40 que está en muy mal estado y se ha vuelto peligrosa para quienes la transitamos. Si no hay recursos para terminar las rutas provinciales, de dónde van a salir los recursos para la… https://t.co/KARfnUpADt
— Marina Salzmann (@marinadorotea) July 24, 2026
Sin embargo, el planteo de Katopodis expuso las costuras financieras de la Provincia y disparó una inmediata réplica desde el Frente Renovador. La diputada nacional por Marcos Paz, Mariel Salzmann, cuestionó al ministro a través de la red social X: «¿Si no hay recursos para terminar las rutas provinciales, de dónde van a salir los recursos para la autopista Presidente Perón?».
Además, le exigió que priorice las obras que ya están bajo su órbita y puso como ejemplo la ruta provincial 40. «Está en muy mal estado y se ha vuelto peligrosa para quienes la transitamos», sentenció, transformando un debate vial en un pase de facturas político.
La ola de cuestionamientos internos se completa con uno direccionado hacia el propio gobernador. El despliegue territorial de Kicillof por el interior bonaerense recibió una de las críticas más duras y provino de un histórico dirigente del peronismo que hoy mantiene una postura muy crítica hacia la conducción de Calle 6.
Tras una visita institucional del mandatario y miembros de su Gabinete, el exintendente de San Antonio de Areco, Francisco «Paco» Durañona, apuntó contra la estrategia política del líder del Movimiento Derecho al Futuro.
Durañona acusó a la gestión de basarse en la superficialidad y de estar completamente desconectada de las necesidades de fondo del territorio bonaerense. «La campaña de Kicillof consiste en visitar municipios para entregar tres escrituras sociales con más de 20 años de demora, sacarse una fotito que garpe, recorrer obras que debió terminar hace cuatro años y golpearse el pecho diciendo ‘Estado presente’. Triste», lanzó.
La campaña de @Kicillofok consiste en visitar Municipios-hoy San Antonio de Areco- para entregar 3 escrituras sociales con más de 20 años de demora, sacarse una fotito que garpe, recorrer obras que debió terminar hace 4 años y golpearse el pecho diciendo «Estado presente». Triste
— Paco Durañona (@pacoduranona) July 22, 2026
La trastienda de este ataque forma parte de una puja interna. El exjefe comunal, que gobernó Areco entre 2011 y 2019, lidera el Movimiento Arraigo, un espacio de matriz federal y cercano al cristinismo que fue perdiendo terreno institucional frente al avance de la estructura oficialista de la Gobernación.
La batalla local sumó un nuevo capítulo en las elecciones internas para definir la conducción del Partido Justicialista de Areco. Allí se enfrentaron la lista «Peronismo Auténtico», encabezada por el camporista Ramiro Ramallo y respaldada por Durañona, y la nómina de unidad impulsada por sectores alineados con Kicillof, con Martín Lobos al frente.
En esa compulsa el kicillofismo logró imponerse y consagró a Lobos como nuevo presidente del PJ local. Lejos de apaciguar los ánimos, la derrota profundizó el distanciamiento de Durañona con el armado político de La Plata.
El factor Ishii
El ruido interno también lo viene alimentando el histórico intendente en uso de licencia de José C. Paz, el senador Mario Ishii.
Durante la primera sesión ordinaria del Senado impulsó proyectos para declarar las emergencias alimentaria y sanitaria en la provincia y protagonizó fuertes cruces con el oficialismo, en una nueva muestra de las diferencias que mantiene con el gobernador.
Posteriormente presentó otra iniciativa para obligar a la Provincia a financiar de manera total el mantenimiento, la reparación y el combustible de los móviles policiales.
Aunque los reclamos parten de temas concretos de gestión, el trasfondo es político. Seguridad, infraestructura, recorridas territoriales y financiamiento se convirtieron en nuevas trincheras de una interna que atraviesa al peronismo bonaerense.
En un escenario donde la discusión por el liderazgo ya comenzó a proyectarse hacia el futuro, cada cuestionamiento suma presión sobre la administración de Kicillof y expone que las diferencias ya no se expresan únicamente puertas adentro, sino también en el terreno público.
MES/CM
