El diputado bonaerense Facundo Tignanelli y el defensor del Pueblo, Guido Lorenzino, impulsan un proyecto para que la Provincia intervenga en las situaciones de sobreendeudamiento y ayude a las familias a renegociar sus deudas antes de llegar a la Justicia. La propuesta busca reunir en una misma negociación a bancos, tarjetas, fintech y otros acreedores.
El planteo parte de una discusión que en los últimos meses empezó a tomar peso político: qué ocurre cuando el crédito deja de ser una herramienta para financiar una compra y pasa a ser la forma de llegar a fin de mes. En ese escenario, la deuda deja de ser una obligación aislada y se transforma en un problema que atraviesa los ingresos y la economía completa de un hogar.
La iniciativa del legislador de La Campora propone crear un Régimen Provincial de Prevención y Tratamiento del Sobreendeudamiento de Consumidores y darle a la Defensoría del Pueblo un papel central en ese proceso. El organismo podría intervenir para coordinar la negociación entre el consumidor y el conjunto de sus acreedores, con asesoramiento gratuito.
La lógica es modificar una situación que hoy suele resolverse de manera fragmentada. Una familia puede tener simultáneamente una deuda bancaria, cuotas de tarjetas, un préstamo de una fintech, otro crédito personal y obligaciones con empresas de servicios. Cada acreedor reclama por su lado, mientras el deudor intenta sostener compromisos que, considerados en conjunto, pueden superar ampliamente su capacidad de pago.
Sacar un crédito para comprar comida, pagar tarifas o remedios es una situación que hoy asfixia a miles de familias bonaerenses.
Junto al diputado @mojatignanelli impulsamos un proyecto de ley para que la @defensoriaPBA acompañe de forma concreta a las personas sobreendeudadas. pic.twitter.com/4cDyNGXnnf
— Guido Lorenzino (@GLorenzino) September 3, 2026
“En distintas reuniones pensamos un mecanismo que es la negociación colectiva de las deudas. Cuando uno analiza quiénes son los acreedores, encuentra que son 15 o 20 entidades entre bancos, las tarjetas bancarias y no bancarias, las aplicaciones y prestamistas”, señaló Tignanelli.
Por eso, uno de los puntos centrales del proyecto es que la situación económica de la persona pueda analizarse de manera integral. La intención es evitar que un acuerdo con uno de los acreedores termine dejando sin margen al deudor para cumplir con los demás.
El Estado como mediador
La propuesta también supone una discusión sobre el papel del Estado. El proyecto no plantea que las deudas desaparezcan ni que los acreedores dejen de cobrar. Busca, en cambio, que la negociación se produzca bajo determinadas condiciones y que exista un actor con capacidad para equilibrar una relación que actualmente suele ser desigual.
“Buscamos que el Estado pueda igualar el poder que tienen las empresas, por eso pensamos en este mecanismo de negociación colectiva de las deudas”, sostuvo Tignanelli. Y agregó: “El modelo económico actual generó un nivel de endeudamiento como nunca se vio y tenemos que pensar en todas las estrategias posibles para ayudar a las personas”.
Lorenzino planteó la misma discusión desde la perspectiva de la Defensoría. “Apuntamos a ganar escala en la negociación colectiva para las y los bonaerenses que están desesperados, y poner la negociación en criterios de proporcionalidad y racionalidad frente a la mala fe de muchos acreedores”, afirmó.
El funcionario remarcó, además, que la búsqueda no es establecer una relación de confrontación permanente con quienes otorgaron los créditos. “Buscamos ser justos para las dos partes”, sostuvo, y pidió dejar de lado “la hostilidad y el maltrato que sufren las personas que se encuentran en esta situación”.
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El mecanismo previsto sería una instancia prejudicial obligatoria. Esto significa que, antes de que una situación de endeudamiento avance por la vía judicial, los acreedores deberían participar de una negociación coordinada por la Defensoría.
La obligación también alcanza a la entrega de información. La iniciativa considera incumplimientos la falta de respuesta, la negativa injustificada a aportar datos, la presentación de información falsa y las maniobras destinadas a dilatar el procedimiento.
El objetivo es que la negociación permita regularizar las deudas sin comprometer las condiciones básicas de subsistencia del deudor y su grupo familiar. También busca evitar que durante el proceso continúen acumulándose intereses, gastos, comisiones y otros cargos de manera desproporcionada.
Una discusión que atraviesa la política
La propuesta llega en medio de un crecimiento de la morosidad que ya había comenzado a ser señalado por el Gobierno bonaerense y distintos sectores políticos.
En agosto, el senador Sergio Berni presentó un proyecto para proteger los ingresos de los trabajadores estatales frente al sobreendeudamiento. La iniciativa plantea limitar al 30% de la remuneración neta los descuentos derivados de obligaciones voluntariamente asumidas y crear un régimen de reordenamiento financiero para quienes acumulen múltiples deudas.
El proyecto de Tignanelli avanza sobre otra dimensión del problema. No se concentra en el salario de los empleados públicos, sino en la relación entre los consumidores y sus acreedores, y propone una herramienta que pueda intervenir sobre el conjunto de las obligaciones.
También incorpora una dimensión preventiva. El régimen contempla acciones de información y educación financiera, junto con mecanismos para prevenir prácticas abusivas en el otorgamiento, administración y cobranza de créditos.
La apuesta es reducir además la judicialización. Si una persona llega a los tribunales con varias deudas, la respuesta puede terminar fragmentada entre distintos expedientes y acreedores. La Defensoría funcionaría, en cambio, como una instancia previa para intentar ordenar la situación completa.
El principal cambio que propone la iniciativa es que el Estado no aparezca recién cuando la deuda se convirtió en un conflicto judicial, sino antes, cuando todavía existe margen para ordenar las obligaciones y construir una salida posible.
La discusión que comenzó alrededor del crecimiento de la morosidad familiar suma así una nueva dimensión en la Legislatura bonaerense. Ya no se trata solamente de cuánto deben los hogares, sino de cómo se negocian esas deudas, qué parte de los ingresos debe quedar protegida y qué herramientas puede ofrecer el Estado para que pagar no implique quedar atrapado en una nueva deuda.
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