El Gobierno envió al Congreso el Informe de Avance del Presupuesto 2027, un documento sin cifras específicas que funciona como una carta de intención sobre la política económica del próximo año. Lo firmaron Luis Caputo y Diego Santilli, en apenas su segundo día como jefe de Gabinete. Se trata de un gesto de su nueva conducción para mostrar dinamismo desde el arranque, y en un contexto en donde el oficialismo necesita del firme apoyo de sus aliados en el Congreso para avanzar, no sólo con la firma de un Presupuesto, sino con todas las reformas que pretende sancionar. El anticipo muestra esa intención, especialmente a los gobernadores, con quienes ya venía negociando en su paso como ministro de Interior.
El proyecto definitivo llegará antes del 15 de septiembre, como marca la ley. El año pasado, el Congreso aprobó el presupuesto por primera vez tras dos ejercicios consecutivos sin hacerlo, un antecedente que evidentemente Santilli busca repetir.
El informe no presenta estimaciones de inflación, tipo de cambio ni partidas por ministerio, pero ratifica los ejes del programa económico: preservar el superávit fiscal, profundizar la reducción de regulaciones e impuestos, y sostener el crecimiento con menor inflación. Para el trienio 2027-2029, el documento proyecta una desaceleración «significativa» de los precios, mejora de salarios reales, baja del desempleo y reducción gradual de pobreza e indigencia, medida por el coeficiente de Gini.
Menos obra pública
Uno de los datos más concretos del informe es la caída en la demanda de obra pública. Para el período 2027-2029, el Banco de Proyectos de Inversión (BAPIN) recibió pedidos por 1.765 proyectos, por un total de $10,2 billones. La cifra contrasta con los 2.014 proyectos solicitados para 2026 y los 4.496 de 2025 —una reducción de más del 60% en dos años. El informe lo presenta como señal de «mayor razonabilidad» en la demanda, aunque la oposición ya lo lee como achicamiento del Estado. Según confiaron fuentes legislativas a La Pluma, este es uno de los puntos más sensibles porque define la principal demanda que hoy tienen los gobernadores para con Milei.
Los criterios que el Gobierno priorizará son obras ya iniciadas, generación de empleo, exportaciones, energía, tecnología y financiamiento externo.
El documento también reportó la ejecución de los primeros cinco meses del año: superávit primario de $8,4 billones (0,7% del PBI) y resultado financiero positivo de $2,66 billones. Los ingresos totales sumaron $59 billones y los gastos $56,4 billones, con los servicios sociales —seguridad social, educación, salud y asistencia— concentrando el 73,9% del gasto ejecutado. En paralelo, el Gobierno envió también al Congreso la Cuenta de Inversión 2025, que es la rendición anual de la ejecución presupuestaria del ejercicio anterior, desarrollado bajo la prórroga del Presupuesto 2023.
El sello de Santilli en el arranque
Más allá del contenido técnico, el informe tiene una lectura política. Es el primer documento oficial que lleva la firma de Santilli como jefe de Gabinete, y su envío al Congreso el mismo día en que el flamante ministro coordinador recorrió el Senado buscando votos para Zonas Frías —y al día siguiente de juras— no parece casual. La nueva conducción del Gobierno necesita mostrar que la parálisis legislativa y de gestión que generó el escándalo Adorni ya quedó atrás. El Presupuesto 2027 es el instrumento más visible de esa narrativa: si el año pasado el Congreso lo aprobó después de dos ejercicios sin ley, la meta implícita es que este año también.
JD/CM
