Tras la crisis del Ueno Bank que dejó sin acceso a sus fondos a casi tres millones de paraguayos, Santiago Peña enfrentará un juicio político a pesar de haber presentado su renuncia ayer al mediodía. La Cámara de Senadores rechazó un pedido de prórroga para defensa del mandatario, quien pronto deberá presentarse en el recinto.
En paralelo, el jefe del Gabinete Civil de Paraguay, Javier Giménez, el asesor jurídico de la Presidencia, Roberto Moreno, y el ministro del Interior, Enrique Riera, renunciaron a sus cargos.
La Cámara de Diputados había rechazado su dimisión y desde el Congreso continúa un libelo contra Peña por “mal desempeño de sus funciones”. En ese contexto, el mandatario paraguayo pidió este viernes un plazo de 72 horas para preparar su defensa, al revelar que recibió una acusación de 15 páginas y anexos de unas 300 fojas (folios que componen el expediente) en su contra.
«He pedido una prórroga de 72 horas para ejercer mi defensa. Me notificaron a las 22:15 con un libelo acusatorio y unas 300 fojas de anexos, y pretenden que responda en menos de 12 horas. Eso no es debido proceso. Voy a exponer mi verdad ante toda la ciudadanía, aunque resulte incómoda para muchos actores políticos. Nunca voy a rehuir mi compromiso con la gente, y menos en los momentos difíciles«, tuiteó Peña.
He pedido una prórroga de 72 horas para ejercer mi defensa. Me notificaron a las 22:15 con un libelo acusatorio y unas 300 fojas de anexos, y pretenden que responda en menos de 12 horas. Eso no es debido proceso.
Voy a exponer mi verdad ante toda la ciudadanía, aunque resulte incómoda para muchos actores políticos. Nunca voy a rehuir mi compromiso con la gente, y menos en los momentos difíciles.
— Santiago Peña (@SantiPenap) November 6, 2026
Según el artículo 189 de la Constitución paraguaya, ser condenado mediante un juicio político implica la pérdida de la posibilidad de acceder a la senaduría vitalicia reservada para los expresidentes; una renuncia evita ese fallo directo de culpabilidad política, aunque no elimina las responsabilidades ante la justicia ordinaria si el Ministerio Público investiga delitos.
Peña había publicado un video en X en el que informaba su renuncia: “La historia se encargará de juzgar y poner en su justa dimensión los acontecimientos que hoy nos toca vivir. He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la Presidencia de la República. Lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas. Lo hago con absoluto respeto a nuestra Constitución Nacional y a los mecanismos institucionales y democráticos que nos hemos dado como nación. Estoy convencido de que ningún cargo puede estar por encima del bienestar del Paraguay”.
Mensaje del Presidente de la República, Santiago Peña, al pueblo paraguayo. https://t.co/RBz6IfFV9L
— Santiago Peña (@SantiPenap) November 5, 2026
Asimismo, expresó: “Mi prioridad es una sola: la tranquilidad de los paraguayos que confiaron sus ahorros en nuestro sistema financiero”. También reclamó que el Fondo de Garantía de Depósitos asegure la devolución de los recursos y la protección de los fondos públicos. La entidad tiene cerca de 3 millones de clientes y administraba entre US$ 800 millones y US$ 850 millones de dinero estatal.
Qué pasó con los US$ 850 millones del Estado que terminaron en Ueno Bank
La crisis de Ueno Bank en Paraguay desató una tormenta institucional sin precedentes en el país. Detrás de la intervención del banco aparecieron cientos de millones de dólares pertenecientes al Estado, fondos jubilatorios y recursos de empresas públicas que quedaron comprometidos.
Ante el escándalo, el presidente Santiago Peña decidió presentar su renuncia. El ahora ex mandatario tenía hasta el año pasado vínculos comerciales con el grupo empresario que controla la entidad.
Según información del propio banco y registros del Ministerio de Economía paraguayo, Ueno llegó a acumular alrededor de US$ 850 millones provenientes del sector público. Entre los principales depositantes figura el Instituto de Previsión Social (IPS), con aproximadamente US$ 355 millones comprometidos, cerca del 9% de su cartera de inversiones.
También quedaron expuestos unos US$ 46 millones de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de Taiwán administrados por la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), además de otros 36.000 millones de guaraníes de fondos propios. A esto se suman depósitos de Itaipú Binacional y de la Caja de Jubilaciones de Itaipú.
Si bien los recursos no desaparecieron, quedaron atrapados en el proceso de intervención y resolución bancaria. Su recuperación dependerá de los activos disponibles, las obligaciones de la entidad y el resultado de los procedimientos que lleva adelante el Banco Central. A diferencia de los pequeños ahorristas, los organismos públicos no tienen garantizada la devolución integral de sus depósitos.
El Estado siguió depositando dinero pese a las alertas
Uno de los datos más comprometedores es que, en apenas 30 meses, Ueno captó más de 5 billones de guaraníes en recursos públicos y previsionales.
La secuencia es particularmente llamativa. En febrero de 2025, el IPS ya había colocado en el banco 1,9 billones de guaraníes, equivalentes al 10,19% de su cartera global de inversiones. El porcentaje superaba el límite del 10% establecido por la Ley 7235/2023 para las colocaciones en una misma entidad financiera.
Cuando el organismo previsional encontró ese techo legal, otras instituciones estatales comenzaron a incrementar sus depósitos mediante cuentas corrientes y depósitos a la vista. Se trata de fondos que permanecen disponibles para ser retirados, pero que prácticamente no generan intereses para el Estado y le proporcionan liquidez inmediata al banco.
La maniobra permitió que la entidad siguiera recibiendo dinero público pese a que el IPS había alcanzado el máximo permitido. En septiembre de 2026, incluso cuando Ueno ya estaba bajo investigación del Banco Central por presuntas irregularidades en sus operaciones crediticias, recibió otros US$ 20 millones del sector público. Así, los depósitos estatales llegaron a rondar los US$ 855 millones.
-Noticia en desarrollo-
MM
