El Gobierno nacional dio una conferencia de prensa sobre el caso de Rodrigo Andrés Gómez, el soldado de 21 años que fue encontrado sin vida en la Quinta de Olivos el 16 de diciembre de 2025. La versión oficial sostiene que el joven misionero fue víctima de una organización delictiva que lo extorsionó a través de una aplicación de citas. En la presentación estuvieron el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, quienes sostuvieron que se trata de una banda que opera desde las cárceles bonaerenses a través de dispositivos móviles y que hay siete personas detenidas.
La hipótesis que sostiene Arroyo Salgado –y a la que el gobierno de Javier Milei adhiere– es que Gómez fue captado a través de una aplicación de citas denominada Evermatch bajo un perfil falso. Allí entabló conversaciones virtuales con una mujer y luego se enteró que, supuestamente, era menor de edad. Después comenzaron a entrar en escena otros personajes, uno de ellos fue la supuesta madre de la joven, que le reclamó dinero bajo la amenaza de denunciarlo por un vínculo con una menor. Para completar el engaño, los estafadores usurparon la identidad de un efectivo real de la Policía de la Ciudad, que contactó a Gómez y le exigió pagos para frenar una supuesta causa contra él por “pedofilia cibernética y trata de personas”. Según consta en el expediente, en el día previo a su muerte, el soldado llegó a transferir 1,4 millones de pesos en cuatro depósitos a diversas billeteras virtuales.
«Los usuarios entablaban conversaciones con ‘mujeres que no existen’. Había envíos de fotos, ni siquiera subidas de tono, sino bajadas de cualquier lado», dijo Monteoliva. La ministra indicó que la banda era coordinada desde los penales de Magdalena y Olmos, en la provincia de Buenos Aires. “A medida que se empezó a trabajar con los teléfonos, se encontró que había tres personas que estaban presas en penales y que a partir de ahí llevaban a cabo un entramado de manipulación extorsiva”, dijo.
Los detenidos, identificados como Tomás Francavilla –señalado como el jefe de la banda–, Mauricio Duarte y Kevin Manuel Sandoval, utilizaban dispositivos móviles para gestionar los perfiles falsos y las comunicaciones. La estructura se completaba fuera de la cárcel con mujeres que actuaban como cobradoras, entre ellas Iara Cosentino, pareja de Francavilla, que recibía los fondos en cuentas propias o de familiares. Durante el operativo se realizaron siete allanamientos en el conurbano bonaerense. “Un celular en la mano, es efectivamente, permitirle tener un arma en una celda, y eso no se puede permitir más. No se les puede dejar tener una pyme del delito dentro de la cárcel”, dijo Adorni, pidiendo más restricciones en las cárceles.
Arroyo Salgado dijo que el caso de Gómez no es un hecho aislado y detalló otros hechos similares y que hay un patrón de funcionamiento en este tipo de estafas virtuales.
Tampoco son aislados los casos de suicidios dentro de las fuerzas de seguridad en la era Milei. Sólo en Rosario, 17 agentes se quitaron la vida.
Pobreza extendida
Oriundo de Misiones, Gómez había llegado a Buenos Aires con solo tres meses de entrenamiento y fue consignado a la garita de la quinta presidencial. Sus compañeros declararon ante la justicia que era introvertido y que vivía en un cuarto alquilado en Pilar. Pero no es el único caso de un efectivo que se quita la vida. En la misma semana de su muerte, hubo una serie de suicidios que involucraron a otros efectivos en Corrientes, Mendoza y Santiago del Estero, todos marcados por dificultades económicas y falta de seguimiento psiquiátrico en sus respectivas unidades. Tanto es así, que en ese momento el ministro de Defensa, Carlos Presti, anunció que trabajaba en un refuerzo de los controles psicológicos para los agentes de las Fuerzas Armadas. Además, desde el Gobierno dejaron trascender que habría un aumento para esos sectores.
Por estos años, integrantes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea vieron caer abruptamente sus ingresos. Según publicó el diario Página/12, actualmente un soldado voluntario percibe un salario que se encuentra por debajo de la línea de pobreza, situación que se agrava al compararse con los haberes de otras fuerzas como la Policía de la Ciudad o la Bonaerense, que superan sus ingresos en más de un 50%. Los niveles de deserción son históricos: más de 15.000 efectivos dejaron las fuerzas en los últimos dos años.
